Foto: Diócesis de Matagalpa
¡La forma como el régimen de Nicaragua, que encabeza el dictador Daniel Ortega, arremete contra la Iglesia Católica es sencillamente diabólica! Ordenó clausurar siete emisoras de radio que utilizaba la Iglesia para divulgar sus mensajes espirituales a la ciudadanía y al mismo tiempo enfilaba su cacería política contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la ciudad de Matagalpa.
Siempre se valen de las mismas argucias para ejecutar esas barbaridades. Tienen a la mano la cartilla del hostigamiento que les permite aplicar esos métodos despreciables, pretextando que “los prelados de la Iglesia incitan al odio contra la población”. Lo lamentable es que estos procedimientos no son una sorpresa para los nicaragüenses, como tampoco debería serlo para los observadores internacionales. Lo mismo hicieron en el transcurso del año 2018, fecha en la cual confiscaron el inmueble desde donde despachaba el semanario El Confidencial, que editaba el periodista Carlos Fernando Chamarro.
O sea, que la persecución contra los medios de comunicación va a la par de esa ferocidad con que embisten contra las sedes de los templos, sin reparar que dentro de los mismos se encuentran feligreses. A esa rutina persecutoria tampoco escapan los empresarios que a duras penas mantienen abiertas sus fábricas, industrias o complejos agropecuarios. La sombra tenebrosa de las expropiaciones los acosa y mantienen en vilo.
A la ONU y a la OEA llegaron oportunamente las denuncias dando cuenta del encarcelamiento de 7 aspirantes presidenciales a los que no se les tolera “el atrevimiento” de pretender interrumpir la cadena reeleccionista de un tirano que pretende quedarse para siempre con el control del Estado nicaragüense. Se trata de un tenebroso caudillo militar, que fue capaz de ordenar, en medio de las manifestaciones callejeras escenificadas en 2018, el asesinato de más de 355 ciudadanos, herir a más de 2.000 y detener a centenares de mujeres y hombres por atreverse a protestar contra ese régimen que conculca los derechos humanos elementales de los habitantes de esa nación centroamericana. Todos esos deplorables acontecimientos han sido certificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo doloroso y desesperante es que desde la sede del Vaticano, hasta ahora, no se ha escuchado una sola palabra del sumo pontífice, condenando esos actos atroces que ponen en peligro la vida de los voceros de la Iglesia Católica.