La masacre cometida en la comunidad indígena pemón, en la población de Ikabarú, municipio Gran Sabana, del sureño estado Bolívar, evidencia de forma indubitable la naturaleza criminal del régimen militarista del socialismo bolivariano.
No es la primera vez que la voracidad por el oro genera una acción de exterminio contra las comunidades locales, integrada por los habitantes originarios de aquella majestuosa selva amazónica. El nuevo Dorado socialista no conoce límites, en esta nueva embestida por sacarle a la tierra su riqueza mineral.
No importa la diversidad biológica, nada vale el agua que mana de la tierra para convertirse en raudales, caídas y saltos maravillosos. Tampoco les parece interesante la generación eléctrica, dependiente de la fuerza de los ríos Caroní y sus afluentes, así como la importancia estratégica del majestuoso Orinoco. Solo interesa el oro y el coltán para traer los aviones con los euros, que permiten sostener la criminal camarilla que usurpa el poder.
Sí, el poder es lo único que importa a Maduro, Diosdado y demás integrantes de la impresentable cúpula roja.
Por eso callan ante la masacre de los pemones. Por eso callan ante la destrucción de la Amazonia.
La acción destructora que adelanta la dictadura socialista en la Guayana venezolana es un crimen de múltiples dimensiones, cuyas consecuencias afectarán a muchas generaciones, si no se detiene rápidamente el proceso extractivo en marcha.
Maduro ha ordenado entregar 13.000 fusiles en la región de Guayana para enfrentar a la sociedad civil que reclama libertad y respeto a los derechos humanos.
Derechos avasallados por esa voracidad aurífera que la cúpula roja ha desatado.
Ya antes de la orden de reparto de los fusiles, la zona estaba contaminada con los grupos armados del hampa común, y con las bandas de la guerrilla colombiana que Maduro ha autorizado funcionar en Guayana.
Frente a ese contingente armado la sociedad se encuentra indefensa. Los órganos a los cuales la Constitución les asigna la responsabilidad de garantizar la vigencia de los derechos humanos, son, o cómplices de la acción criminal de los grupos descritos, o ellos mismos, los principales ejecutores de la operación de devastación en marcha.
Si bien la Amazonía venezolana es parte integral de nuestro territorio, y por lo tanto su administración corresponde soberana y directamente al Estado venezolano, también es cierto que es un patrimonio natural de la humanidad. Tal circunstancia obliga a la comunidad internacional a observar con detenimiento el ecocidio que Maduro adelanta en la región, para acordar medidas que frenen tamaño despropósito.
El silencio de la cúpula del Estado “socialista y bolivariano” ante las masacres indígenas y el ecocidio amazónico no puede llevarnos a todos los venezolanos a la indiferencia. Estamos obligados a denunciar y a movilizarnos.
La política del disimulo le podrá dar algunos réditos transitorios a los usurpadores, pero jamás podrá borrarse la magnitud del crimen cometido, y por ende tampoco podrá dejarse de documentar los hechos, para poder juzgar, oportunamente, a los responsables. Sin embargo, lo urgente en este momento es detener la matanza de indígenas y la destrucción de los ecosistemas.