Para el Estado, exigir una mejor calidad de vida y bienestar social es un delito que se paga con cárcel.
Con la sentencia condenatoria contra los 6 dirigentes sindicales a 16 años de cárcel, el Estado viola el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el debido proceso. Vulnera una vez más las garantías constitucionales y derechos humanos de los detenidos.
Lo más grave es la consulta que se le hace a representantes del alto comisionado de la ONU y les dan el visto bueno al juicio, lo que entra en contradicción con lo expresado por el mismo alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volken Turk, que siempre mantuvo preocupación durante la detención y luego con la actual sentencia condenatoria.
La respuesta más ligera que tiene el Estado al 80% de la población que sufre de la crisis económica sin límites que aniquiló el salario de hambre y pensiones miserables es callar los reclamos justos con detenciones arbitrarias y condenas injustas, demostrando una vez más que no todos somos iguales ante la ley como lo establece nuestra carta magna. La prueba más evidente es la trama de corrupción de Pdvsa de más de 3.200 millones de dólares y el verdadero responsable, según ellos, luce intocable.
Es imperativo que el sistema de justicia recupere su autonomía e independencia y atribuciones establecidas en nuestra Constitución y no oscurecer los derechos humanos del pueblo.
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