En la presente circunstancia, que nos lleva a cumplir la cuarentena decretada por las autoridades; obviamente, nos vimos obligados a interrumpir la agenda que habíamos venido desarrollando por varias ciudades del país, desde el año pasado, a través de la cual hemos estado atendiendo invitaciones de universidades, instituciones de educación media, gabinetes de seguridad y defensa, circuitos judiciales organizaciones no gubernamentales, retenes carcelarios, entidades culturales, museos históricos, logias masónicas etc., con la finalidad de exponer e intercambiar criterios sobre el asunto litigioso por la Zona en Reclamación.
Les manifiesto que, inescapablemente, siempre aflora una inquietud por parte de quienes asisten a las conferencias, y la pregunta recurrente es: por qué se hace necesario e importante insistir que ese pedazo de tierra es nuestro.
Ante la justificada “perplejidad”(y para las entrevistas, que ahora damos por teléfono), respondemos de la siguiente manera: esta lucha centenaria no solo procura acaudalar para nuestro país las inmensas riquezas de todo tipo que allí se encuentran; sino además abrigamos intrínseca y naturalmente el principio de sano nacionalismo y de reivindicación histórica; porque nos arrebataron, de modo vil, esos 159.500 km2, a través de una maniobra artera; urdida entonces por el imperialismo inglés y Rusia, cuando conformaron ( y sin que permitieran la presencia de la representación venezolana) el tribunal que decidió despojarnos de la denominada Guayana Esequiba, mediante la sentencia del Laudo Arbitral, celebrado en París, el 3 de octubre de 1899.
De manera que hemos arrastrado tal reclamación desde hace más de un siglo, no por capricho o malcriadez diplomática.
Hemos sostenido tal contención porque tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, sociales, políticos y morales que nos asisten.
Permanentemente estamos dispuestos a continuar, en las instancias que sean necesarias, hasta que se logre hacer justicia a Venezuela del daño patrimonial territorial que se nos perpetró. Tenemos los Justos Títulos, documentos traslaticios, desde que nos constituimos como Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777.
Añadimos también al citado testimonio escrito el acta de reconocimiento de nuestra Independencia por parte de España, fechada 30 de marzo de 1845; en cuyo texto de renuncia y cesión, Su Majestad Católica Isabel II señala: “Usando la facultad que le compete por decreto de las Cortes Generales del Reino del 4 de diciembre de 1836, renuncia por si, sus herederos y sucesores, a la soberanía, derechos y acciones que les corresponden sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela; y a consecuencia de este acto admite como nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela compuesta de las provincias y territorios expresados en su Constitución y demás leyes posteriores…”(omissis).
De tal manera que la séptima parte de nuestra extensión territorial, de la que nos despojaron, la reclamamos con suficiente fortaleza y asidero jurídico.
Sin embargo, también he expuesto, como autocrítica, que siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba, pero nunca hablan de la considerable población que ocupa ese territorio.
En la Guayana Esequiba conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 600.000 personas, incluidas las etnias Waiwai, Makushi, Arawaks, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Wapashi. Una franja poblacional bastante considerable de: afro e indodescendientes, amerindios, asiáticos, portugueses etc. Una amalgama humana interesante.
La mencionada geografía humana, que convive en ese territorio, debe llamar la atención y la preocupación de quienes ejecutan políticas públicas, por parte del Estado venezolano, con la finalidad de corresponderles debidamente y como se merecen, en todas las áreas pertinentes a su subsistencia. Cedulación, salud, educación, servicios públicos, turismo, deportes, cultura, apoyo a la producción; en fin, todo cuanto sea necesario para vincularlos con nuestra venezolanidad que así mismo les corresponde a ellos.
Estamos obligados a enlazarnos como compatriotas, con esos grupos humanos, tan venezolanos como cualquiera de nosotros. No debe importarnos únicamente reclamar la extensión territorial y su proyección marítima; por cuanto, la gente que allí convive debe ser tarea prioritaria para que obtengan desde nosotros sentido de pertenencia e identidad con el resto de Venezuela.
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