Cada día se reafirma más la indolencia y el desprecio del Estado por un pueblo que sigue viviendo un viacrucis por los salarios de hambre y pensiones miserables.
No han sido suficientes dos meses de movilización para convencer a la Asamblea Nacional, al Ministerio del Trabajo y al alto gobierno de lo que es sentir el ruido estomacal por no contar con un salario digno para hacer frente a tan implacable hiperinflación que le sigue negando los artículos de la canasta básica.
Estamos en presencia de un Estado depredador de los derechos humanos, que sigue aniquilando el bienestar social y la calidad de vida de los docentes, empleados públicos y toda la clase trabajadora que lucha por sobrevivir.
Lo más grave es que promueve las desigualdades sociales en nuestro país, pues todo el disfrute de un buen salario, el sistema de salud y privilegios sin límites son para los militares, los poderes públicos, el alto gobierno y los grandes empresarios afectos a las autoridades.
Es una bofetada para el pueblo que reclama sus derechos ver que sí hay recursos para celebrar el Carnaval y para construir grandes estadios hasta con jacuzzis, mientras les niegan un salario digno.