Foto: EFE/ Rayner Peña R
El autocalificado “presidente obrero” Nicolás Maduro afirmó el lunes 24 de enero de 2022 que el Ejecutivo Nacional tiene como prioridad «salarizar e incrementar todos los bonos» del sistema Patria asignados a los trabajadores del país, dentro de un plan de crecimiento de la economía de 4% para 2022.
Así también agregó: «Este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la Patria e incrementarlos para nuestro pueblo, salarizarlos e incrementarlos en la misma medida en que vamos manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo».
Veamos en qué se traduce la realidad de este anuncio demagógico del mandatario usurpador para un funcionario público promedio, ya que el supuesto nuevo salario estaría integrado por el salario mínimo actual de 7 bolívares, (menos de 2 dólares) más el bono especial de máxima eficiencia de 15,40 bolívares, y el bono complementario de 46,00 bolívares, que harían una cantidad mensual a cobrar de 68,40 bolívares, (unos 15 dólares a la tasa oficial de 4,64 bolívares).
Adicionalmente, si se le agregan los bonos Patria que son entregados discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional, los cuales oscilan entre 2 y 4 dólares, el ingreso mínimo quedaría en 83 bolívares, es decir, aproximadamente unos 18 dólares al mes.
Esta relación de pagos de la nómina del sector público, que incluye a ministerios, empresas del Estado, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías y universidades, registra algunas variaciones que identificarían un ingreso aproximado en los rangos de 5 a 30 dólares mensuales para unos 2.500.000 trabajadores quienes sobreviven en la pobreza generalizada.
Entretanto, para jubilados y pensionados la tragedia se agrava aún más, al solo percibir el salario mínimo de 7 bolívares y los bonos Patria discrecionales otorgados como limosnas del tirano, quien es el responsable de condenar a la pobreza a una población laboral superior a los 4 millones de trabajadores.
Ahora bien ¿compensa esa salarización de bonos la situación del trabajador? Ante el costo aproximado de la cesta alimentaria básica cercana a los 400 dólares y la canasta de bienes y servicios alrededor de los 800, es evidente la ridiculez de la propuesta del régimen que ha inmolado a los trabajadores, al mantener desde el primero de mayo 2021 sin variación alguna el salario mínimo, aun cuando registró según cálculos del BCV una inflación de 670% para el pasado año, calificando como “victoria revolucionaria” la tasa inflacionaria para enero 2022 en 6,7%.
Aun cuando la realidad sea otra para el trabajador al carecer de poder adquisitivo, en un contexto de economía burbuja de capitalismo de bodegones, inaccesible para los bolsillos de la masa laboral como lo demuestran las cifras citadas anteriormente, a quien por cierto no llegará las bondades de la publicitada reactivación económica. Se debe resaltar que en América Latina los salarios mínimos mensuales oscilan entre 425 dólares pagado en Ecuador y 214 dólares en Brasil, muy distantes de los casi 2 dólares de Venezuela como salario del inframundo.
Para ironía de la despiadada dictadura madurista autocalificada obrerista, otros son los cantares en diversas latitudes, provenientes de la primera potencia capitalista del planeta y del gobierno del presidente Joe Biden, quien anunció el 7 de febrero de 2022 sus 70 propuestas a favor de los empleados federales y los sindicatos que incluyen “la prohibición del uso de dinero federal en contratos que involucren actividades antisindicales en varias áreas gubernamentales, recomendaciones que faciliten a empleados federales y contratistas a unirse a sindicatos, mejorar el conocimiento de los derechos laborales entre los trabajadores y hacer cumplir las leyes laborales existentes, difundir un reporte semestral para describir cómo las agencias de gobierno están implementando las políticas laborales y para recomendar nuevas políticas”, y finalmente cita que el Departamento del Trabajo reportó el mes pasado que solo 10,3% de los trabajadores pertenecían a un sindicato, menos que 20,1% en 1983. A estas políticas laborales se agrega la propuesta de salario mínimo de 15 dólares la hora para los trabajadores públicos.
Escenario que contrasta con la tragedia laboral venezolana donde la exigencia es el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución que reza que «todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas», el retorno de los contratos colectivos y el cese a la persecución al movimiento sindical libre y democrático.
Nota: Aprovecho la oportunidad para manifestar mi solidaridad total con El Nacional, su directiva y su personal ante el atropello del régimen al expropiarles ilegalmente su sede.