Tomo del portal de Acceso a la Justicia, importante observatorio venezolano que monitorea la administración de justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, una buena definición de lo que es un golpe de Estado, al señalar que es la “usurpación del gobierno de un país, sea mediante la violencia o sea mediante fraude a las normas constitucionales”. A ese fin, ponen como ejemplo: “Un golpe de Estado puede realizarse mediante un fraude a la Constitución, basta que se usurpe la voluntad del pueblo”. Es una definición que incluso va más allá de la que indica la Real Academia Española al definir como golpe de Estado a la “actuación violenta y rápida, realizada generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”.
En Venezuela, luego de un largo período de intentonas, alzamientos, montoneras y golpes de Estado en los siglos anteriores, se instaura a mediados del siglo pasado el Estado democrático con una firmeza, decisión y capacidad que con el espíritu unitario y la visión de futuro de los líderes de entonces, logró la mejor etapa que se pudo vivir en la historia política venezolana; algo que nunca han podido lograr quienes antes ejercieron y hoy ejercen el poder en el país. El asedio, sin embargo, no se hizo esperar cuando radicales de derecha y la izquierda extremista atentaron contra una democracia incipiente que se hizo respetar. Luego del fracaso de los dos golpes violentos y sangrientos del 92, de manera inimaginable, sobrevino finalmente de la mano de Fidel Castro el aún vigente golpe de Estado continuado del militarismo socialista que se entronizó con fraude a las normas constitucionales, violando así la obligación que tienen en el cumplimiento de sus funciones, de estar al servicio exclusivo de la nación y de la Constitución y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Eso acabó con la institucionalidad del sector castrense que en democracia gozó del respeto y respaldo del pueblo venezolano. Su ardua lucha en El Porteñazo, El Carupanazo, las guerrillas, Machurucuto, el Caldas y -paradójicamente- los golpes castristas del 92, entre otros actos de heroísmo, le dieron esa prestancia.
Todo viene a cuento por el rol que debe cumplir la Fuerza Armada Nacional en las diferentes etapas del complejo asunto de nuestro Esequibo y, en paralelo, aquellas etapas que trae consigo la confrontación política interna de cara a las presidenciales del 2024. El problema fronterizo tendrá un antes y un después luego del inoficioso referendo consultivo, convocado para el próximo 3 de diciembre, innecesario para reafirmar o hacer valer a nuestro territorio y soberanía. Vale referir al respecto que nuestra Constitución, en su artículo 10, ya tiene expresamente señalado lo que comprende nuestro territorio nacional: “…son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”; y, por otra parte, en su artículo 15 le asigna al Estado “…la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía…”. En todo caso, cualquier decisión que tome el régimen, que vaya más allá del avance diplomático, no debería sustentarse en un precario referendo que no legitimaría una inconcebible vía de hecho.
Peor aún sería que un asunto tan delicado esté sesgado por algún interés en el ámbito electoral. Siendo los militares, como en efecto lo son, el factor político que por su ideología socialista maneja a su antojo el poder en el país, no es de extrañar. Y he aquí otro asunto difícil de despachar por sus aristas. El hecho político de mayor trascendencia en los últimos años ha sido el de las primarias de la oposición que masivamente legitimaron con sus votos a María Corina Machado; sencillamente, María le movió el piso al régimen, estremeciéndolo en sus cimientos, y le arrebató el manejo de la agenda política en el país. Los militares socialistas, que tienen de comodín a los civiles del PSUV aunque parezca lo contrario, ven con preocupación el cepo que se puso el régimen en Barbados. Saben que en cualquier escenario el costo político que deben pagar será alto.
La suspensión del alivio de sanciones por el incumplimiento del acuerdo y la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y Europa, hacen que el panorama sea más sombrío; el colapso de la economía causará sus estragos. Se asignarán cuotas de responsabilidad. Pareciera que la amputación ideológica es la mejor opción para lavarse la cara, reinstitucionalizándose como militares constitucionales. Con María Corina, como comandante en jefe, tendrían una gran oportunidad para hacerlo.
@vabolivar