Con estupor hemos asistido al hecho de que, en uno de los países más violentos del mundo, donde el narcotráfico posee un inmenso poder que impide incluso que los medios de comunicación proporcionen noticias negativas para sus carteles, que asesinan periodistas, jueces y policías que no se someten a su poder, se ha aprobado una modificación constitucional que permite la elección directa de los jueces del país.
Los procedimientos de selección de los funcionarios no son perfectos, incluso es posible afirmar que necesitan de una actualización en todos los países, pues se han modificado escasamente en los últimos cincuenta años. No obstante, no cabe duda de que atender los asuntos públicos requiere de unos conocimientos una idoneidad que escasamente puede colmar la elección directa.
La decisión adoptada en México, con el apoyo del mayoritario partido gobernante Morena, nos deja a todos en una situación de profunda preocupación. Cuando es conocido que la mordida de los funcionarios, especialmente policías, ha creado incluso una categoría en los estudios de la corrupción en el ámbito público (top down), la solución de la elección directa no es asimilable a lo que existe en los países más desarrollados y recomienda la OCDE. No se trata de modificar los procedimientos selectivos haciéndolos más cercanos a las competencias o diseñando nuevos procesos de incorporación paulatina, o teniendo en cuenta además la experiencia profesional. Únicamente se trata de la elección directa de los jueces a todos los niveles, lo que supondrá efectivamente la participación de no solo las grandes corporaciones financieras o industriales a las que se acusa de la corrupción existente en el ámbito judicial, sino que no se conoce como se va a impedir el trasvase de fondos, de los carteles de la droga hacia los candidatos electivos a los cargos judiciales.
Andrea Pochak, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que su organismo reconoce la necesidad de “una reforma profunda en el sistema de justicia” de México, pero “nos preocupa cómo puede llegar a impactar el crimen organizado en las elecciones de magistrados, de jueces.”
Aunque el sesgo en beneficio de las clases media y alta de la sociedad es evidente, y justifican la crítica que pone de manifiesto su mal funcionamiento, existen procedimientos para intentar paliar ese abismo, que impide a las clases más desfavorecidas acceder a los puestos de la función pública y de la judicatura. Puede haber becas, ayudas especiales, posibilidad de participar en concursos que tengan en cuenta estos factores e, incluso, presencia temporal que mejore los currículos de los candidatos o cupos especiales, de forma que las condiciones de acceso sean más justas y universales.
En todo caso, los requisitos de la igualdad, el mérito, la capacidad, la superación de pruebas selectivas por competencias, la formación de tribunales de selección profesionalizados y la adopción de decisiones que alcancen a un tiempo tasado de los procesos selectivos, pueden ser aspectos que igualen las condiciones de acceso de los candidatos.
Mientras que Estados Unidos y Suiza permiten la elección directa de los jueces locales, Bolivia en 2009 se convirtió en el primer país en elegir a los principales jueces de la nación por votación popular. No ha sido un éxito rotundo pues las ternas presentadas por el partido Movimiento al Socialismo, han resultado elegidas con escaso apoyo popular.
La elección directa tiene muchas virtudes, pero no todas pueden aplicarse a todas las instituciones. Por ejemplo, no elegimos a los mejores deportistas sino a quienes superan unas marcas determinadas. La complejidad de las materias a las que han de enfrentar los miembros de la carrera judicial, como igualmente los funcionarios públicos, hace necesario un sistema complejo e igualitario que permita seleccionar a los mejores.
Un presidente de los Estados Unidos Andrew Jackson, (1829-37), señaló que “los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demora”. Esta frase que ahora nos parece ingenua puede ser la base de la populista decisión última de López Obrador, que ya en materia de relaciones internacionales había adoptado decisiones chocantes como prohibir que sus funcionarios asistiesen a las reuniones fuera del país, con el argumento de que sólo servían para hacer turismo y dejando vacía la silla del mayor país de habla española.
Incluso, en el ámbito político, a veces la elección directa pone de manifiesto que pueden ganar las elecciones los hablamierda o charlatanes (Juan Gabriel Vásquez,2024) pero es el sistema universalmente aceptado y que coloca a todos los candidatos, generalmente, en igualdad de oportunidades. Sin embargo, el sistema ideado en México, de ponerse en marcha sin las necesarias cautelas y correcciones, puede generar muchas más dificultades que las que pretende corregir.
Los candidatos deberán ser licenciados en Derecho, tener una alta media académica, un mínimo de cinco años de experiencia profesional -aunque no necesariamente como jueces- y una serie de referencias. Estos requisitos serán examinados por comités técnicos del Poder Legislativo.
Parece más bien que el ascenso del populismo en numerosos países está erosionando la confianza en las instituciones a gran escala …precisamente cuando la humanidad se enfrenta a retos existenciales como el colapso ecológico, la guerra global y la pérdida del control sobre la tecnología (Harari, Nexus, 2024). Ojalá que esta medida última de AMLO sea corregida técnicamente por la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cuyo mandato comienza el 1 de octubre.
@velazquezfj1
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