Según la ONU, el talante criminal del régimen resulta inocultable

Foto: Fabrice Coffrini

Conocemos un nuevo informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, relacionado con Venezuela. Entendemos ahora la reciente desesperación del régimen del terror (entre otros detalles el informe da cuenta del miedo inducido en la población por las acciones del régimen) por nombrar agentes extrajudiciales para agilizar los procesos de «justicia». No encuentran cómo lavarse la cara ni las manos enrojecidas, más aún ante el tsunami que se les avecina por la persecución psicológica que les implica la actuación de la Corte Penal Internacional.

El informe trata de suavizar o matizar las andanzas hasta ahora indetenibles del régimen en materia de derechos humanos. Pero no puede ocultar los hechos demostrativos de violaciones desmedidas en esa materia. O sea, trata de amortiguar golpes, pero expresa las múltiples verdades para insistir en señalar al régimen como violador sistemático y permanente de los derechos humanos. El informe refiere asesinatos, violaciones, persecuciones, torturas, tratos crueles y degradantes, intimidación, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, límites a las protestas, a las libertades de expresión y de asociación; en fin, vuelve a ser lapidario acerca de la actuación del régimen en materia de derechos humanos. Aunque, usando el lenguaje inclusivo (abogados y abogadas) como para congraciarse, indica que se han reducido los casos y se han vaciado el Sebin y la Dgcim de presos para trasladarlos a penitenciarías verdaderas (como si eso fuera un halago para los presos políticos).

Habla crudamente, Bachelet, de las enfermedades en los centros de reclusión, del hambre que pasan los privados de libertad, de los límites a las visitas de familiares y abogados, del hacinamiento. Trata, con detalles y ejemplos, todas las penurias extraordinarias de los presos en Venezuela, así como de los retardos procesales. Refiere, como si fuera poco, 97 incidentes en un año relacionados con personas defensoras de los derechos humanos: periodistas, líderes sindicales… Veamos: «…figuran 2 muertes, 6 actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos se estigmatización…». Miseria pues. Pequeñeces.

Ataca el singular aspecto electoral, de importancia fundamental este año para quienes pretenden vender o comprar confianza al respecto, arguyendo que en las pasadas «elecciones» de diciembre hubo: «informes de inducción al voto tanto antes de proceso electoral como en su transcurso. Autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores…». Otras minucias, nada democráticas. Y eso que no se asomaron a las supuestas y recientes elecciones primarias del PSUV. Caramba.

Supongo que Maduro y su corte se plantearán revisar de nuevo las relaciones y los acuerdos con la oficina del Acnudh, porque vuelve a darle su tate quieto a meses de las «megaelecciones» y esta acción supone un incremento de la visión internacional de estos muy  graves asuntos que ocurren en Venezuela, con una alta incidencia, supongo también, en la Corte Penal Internacional, así sea indirecta. Con esto no hay manera de que Miraflores obtenga ninguna rebaja en sus penas, impuestas por algunos países en cuanto a las sanciones por estos hechos, ni que avance si no claudica (cosa que no creo) en las «negociaciones» coordinadas de nuevo por Noruega, la ingenua.

No existe aminoramiento. Los hechos están cumplidos y denunciados. No hay agua en Venezuela para lavar esa sangre, tampoco amnesia suficiente en los próximos cien años para olvidar el accionar del régimen del terror. Todo esto deberán pagarlo con creces. No es un embrollo cualquiera. Lo saben los de uniforme y los civiles. Lo saben. Su encrucijada se cierra más y más. Lo saben y sabemos que lo saben.