La cifra más alta de secuestros en la vecina Colombia en los últimos 7 años la ostenta este año 2023 con 287 casos hasta octubre, según la Fundación Pares. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación en Colombia ha develado que en los últimos cuatro años y medio cerca de 1.136 menores de edad habrían sido víctimas de delitos como rapto, secuestro y desaparición forzada solo por parte del ELN. El ministro de la Defensa del país vecino, a su vez, reveló, hace pocos días, que en poder de este grupo insurgente hay, en este momento, 38 personas en esa dramática condición, retenidos por la fuerza para pedir una compensación por su libertad.
Recordemos que justamente el ELN es la fuerza guerrillera que ha sido beneficiada por el gobierno de Gustavo Petro con un proceso de negociación para su desactivación y retorno a la vida pacífica en el que se les han otorgado a los rebeldes toda clase de consideraciones y prebendas sin que del otro lado haya habido una correspondencia en su desarme ni en su disposición a desactivar atroces delitos que penalizan duramente a la población.
Así es como en medio del proceso de tratativas iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro, el jefe guerrillero Pablo Beltrán, el cabecilla del equipo negociador de los elenos, desde México acaba de nuevo de ser taxativo dentro de su desfachatez. El secuestro, es decir, el comercio fundado en la captura y negociación de seres humanos, ha sido considerado un punto innegociable en el marco de los diálogos con el gobierno. El cabecilla del ELN acaba de asegurar que su grupo no abandonará la práctica de secuestros porque “provocaría un debilitamiento de la organización” y ello resulta inadmisible.
Dejar de practicar “retenciones”, como denominan eufemísticamente al delito, significaría debilitar su estructura ya que la misma depende de esta actividad para financiarse. Con ello queda claro que el nuevo cese el fuego que debería ocurrir a finales de enero de 2024 no involucrará la paralización de los secuestros.
Detener el secuestro por parte de los irregulares se ha convertido en un nuevo tema de fricción y una causa eficiente de paralización del proceso negociador. Desde el año 2016, cuando este delito disminuyó sensiblemente como consecuencia del acuerdo con las extintas FARC, no se había vuelto a registrar un número tan abultado de casos. En los tres primeros trimestres de este año las cifras de secuestros han sido las más altas desde el año 2011, cuando la antigua guerrilla decidió detener los plagios y las atroces “pescas milagrosas”. El dramatismo de estas cifras, unido al caso emblemático del plagio del padre de un icónico futbolista colombiano que sacudió a toda la colectividad, llevó al gobierno a exigir terminantemente a la mesa que delibera en México un compromiso de parte de la guerrilla en esta materia para poder seguir adelante en el proceso pacificador.
Los rebeldes acaban de dejar claro que al no financiarse del narcotráfico no resulta posible renunciar a una operación que para ellos no es otra cosa que una simple recaudación de fondos.
Tenemos que hacer, sin embargo, otra consideración. Tal desparpajo del jefe guerrillero, el líder que a lo largo de 5 ciclos de conversaciones con el gobierno dentro de la iniciativa de Paz Social de Gustavo Petro se ha mantenido inamovible, solo tiene una explicación posible y no es otra que la debilidad manifiesta de las fuerzas del orden para contener esta cruel práctica. La realidad es que la fuerza pública que tiene a su cargo el control y combate de este tipo de delitos ha sido incapaz de controlarlo, en la misma medida en que ella ha deteriorado su control sobre el territorio nacional.
Lo otro es que la voluntad de los alzados en armas de avanzar en un proceso de pacificación del país es, en la práctica, inexistente. Cualquiera de las dos situaciones es lapidaria para el país que sufre los estragos de la violencia guerrillera.