Las campañas electorales, además de generar a lo interno su propia dinámica, a lo externo, en los asuntos internacionales, también tienen su repercusión. Todo buen analista, todo gerente de campaña o todo candidato sabe que los temas internacionales no dan votos, pero sí aliados y bastante que se necesitan en esos momentos, sobre todo en política exterior, cuando hay que restablecer los espacios perdidos. En materia financiera es necesario cuantificar la deuda externa; en lo social, lograr el regreso de los venezolanos que huyeron del país buscando mejores condiciones de vida; en desarrollo económico, renegociar los acuerdos de cooperación financiera y técnica dejados en la gaveta de abajo; y así, volver a ser el actor válido y confiable en el concierto internacional que se fue hasta finales del siglo pasado.
La campaña electoral, en su agenda internacional incluye múltiples temas de interés: En derechos humanos, es contradictorio que si la carta magna determina que los temas de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, prevalecen en el orden interno, son de aplicación inmediata y directa; una de las graves denuncias son sus violaciones en la CPI, la falta de seguridad jurídica y el retardo procesal. Igual se puede decir de la integración, luego de haber sido Venezuela una de las locomotoras de la integración subregional con el Pacto Andino, al haber alcanzado casi los 9millones de dólares, en el comercio binacional. En integración, se cometió la locura o irresponsabilidad de denunciar dicho el Acuerdo de Cartagena para adherirnos al Tratado de Asunción (2006), un modelo de integración fuera de nuestra área de influencia comercial y económica; para ser excluido a los pocos años (2017), por “maulas”, término que según el diccionario, coloquialmente, se refiere a “una persona, tramposa o mala pagadora, que no cumple con sus ocupaciones.
El regreso a los multilaterales empezando por la CAN, la CIDH, el Ciadi, el Banco Mundial donde no se cuenta con representación oficial desde 2018 y no se obtienen préstamos desde 2016, debido a la situación económica y política, es necesaria. La recomposición de las relaciones con nuestros socios naturales, Estados Unidos, la Unión Europea es importante y el reconocimiento de la CIJ, una cuestión de Estado. La reclamación del Esequibo no son solo los 159.000 km2, sino un problema de soberanía, seguridad nacional e integridad territorial. En este contexto, es necesario un cambio de estrategia: Por un lado el reconocer la jurisdicción de la Corte y por el otro, revisar las relaciones con el CARICOM, exigir mayor responsabilidad en sus declaraciones y comportamiento en el caso del Esequibo.
El reconocimiento de la Jurisdicción de la CIJ, es cuestión de “vida o muerte” para la recuperación del Esequibo, hay que recordar que quien se oponía inicialmente a la vía jurisdiccional era Inglaterra, razón por la cual el Dr Iribarren Borges, recurrió al artículo 33 de la Carta de las NN.UU, el cual contempla entre sus herramientas, la vía jurisdiccional. La actual estrategia de negar la jurisdicción de la Corte si se mantiene, no tiene futuro ni oportunidad, si no hay un cambio de estrategia en el doble discurso de negar la Corte, pero a su vez cumplir y atender todos los requerimientos procesales y recursos que ofrecen los Estatutos de la CIJ, representan un mensaje incongruente, peligroso y poco entendible
En el segundo contexto, están las relaciones con el CARICOM. EL pasado comunicado del 29 de mayo, además de ser tendencioso y parcializado, contra Venezuela, sin considerar que: Venezuela es miembro observador en dicha organización y haber apoyado los movimientos de descolonización de muchos de ellos. Si no hubiera sido así, la ex colonia inglesa, por no ser en ese momento un Estado soberano, sin tener personalidad jurídica ni internacional, hubiera podido firmar el Acuerdo de Ginebra ni ingresado a la OEA. El comunicado es inaceptable, aunque cierra con una invitación a dirimir la reclamación del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia.
En las actuales circunstancias, es recomendable que el candidato victoriano dé la primera prioridad al tema internacional, reconozca la jurisdicción de la Corte, garantice la seguridad jurídica a las inversiones extranjera y así se diferencie y de un cambio a la actual política exterior.
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