Pedro Castillo está en el Penal de Barbadillo, luego del fallido golpe de Estado, compartiendo la misma prisión que Alberto Fujimori. Los primeros en abandonarlo fueron sus asesores, hoy colaboradores eficaces; prontamente los ministros de su gabinete renunciaron; sus abogados nuevos y antiguos desertaron; los asiduos visitantes de Palacio marcaron distancia y muchos de sus familiares están no habidos. Quedan pocos que no sabemos si intentan defender a Castillo, utilizarlo o protegerse a sí mismos.
En septiembre de 2021, durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Castillo declaró: “En el Perú tenemos corruptos de todo calibre y hasta para exportar”. Quién diría que ese presagio se haría realidad.
Algunos prófugos se encuentran en Venezuela asilados por Nicolás Maduro, quien estuvo presto a recibirlos o están en Bolivia, poniéndose a salvo al cruzar la frontera. Su esposa y sus hijos tienen un innecesario asilo político en México, ya que la Corte Suprema anuló las restricciones a Lilia Paredes, eliminando todo impedimento para salir del país. Pero ninguno visitó a Castillo para despedirse.
El círculo íntimo del socialismo del siglo XXI continúa protestando. Se resisten a aceptar a Dina Boluarte, pero qué defienden. ¿A Pedro Castillo? ¿Un bastión que no quieren perder en Latinoamérica? O son otras las preocupaciones ya que Cuba tiene por lo menos 1.026 presos políticos, Venezuela 314, Nicaragua 236 y Bolivia 90. Perú se ha convertido en un dolor de cabeza para esas dictaduras, pero también en un modelo a seguir en la región. ¿Qué pasaría si otros países deciden imitarnos? Son serios motivos de alarma, la unión es su fortaleza y el Perú es una fisura.
Mientras tanto en Colombia, el flamante camarada de Sao Paulo se muestra perturbado. Su intervencionismo, alejado de la realidad, ha merecido la desaprobación del gobierno peruano, que ha emitido un comunicado de Cancillería manifestando profundo malestar ante las reiteradas declaraciones del presidente colombiano. La OEA y el representante colombiano fueron ampliamente documentados sobre la situación en el Perú. Incluso la OEA, el día del golpe de Estado, saludó a Dina Boluarte, reconociéndola como presidente.
Otros países simpatizantes de Castillo insisten en negar el autogolpe, avalando la corrupción. Argentina no sabe, opina a veces sí y a veces no. Pero Andrés Manuel López Obrador concentra sus esfuerzos en defender lo indefendible, poniendo en peligro las relaciones bilaterales. Ante el intervencionismo mexicano, la Cancillería se ha mostrado firme por esa injerencia que hace peligrar nuestra soberanía. En su comunicado oficial rechaza las expresiones del presidente mexicano y declara persona no grata a su embajador en Perú, instándolo a abandonar el país en 72 horas.
La grave situación que vivimos, con atentados que destruyen al país, solo suman pobreza e inestabilidad; y no podemos permitir la manipulación de fuerzas externas que avalan el terrorismo. Algunas manifestaciones son justos reclamos ciudadanos, pero la gran crisis está siendo organizada y financiada por el narcotráfico, la minería ilegal y otros delincuentes dirigidos por grupos terroristas, que operan a nivel internacional. Sabemos quiénes son los políticos que respaldan estas acciones, algunos están en el Congreso y son responsables por el estado de emergencia, decisión extrema para restablecer el orden. Pedro Castillo es el instrumento para sus fines, que permanece solo en prisión.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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