Las ambiciones climáticas enfrentan vientos macroeconómicos en contra en la Unión Europea y el Reino Unido.
El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, rechazó categóricamente en mayo la idea de que su país financie la transición a una economía neutra en carbono emitiendo más deuda. Apenas unos días más tarde, Rachel Reeves, portavoz de la oposición en asuntos de hacienda y economía del Reino Unido, dio marcha atrás en una promesa previa de campaña de tomar un préstamo de 28.000 millones de libras (35.000 millones de dólares) al año para financiar inversiones climáticas. Ahora promete que, de ser electo, el gobierno laborista sería fiscalmente «responsable» y solo aumentaría gradualmente las inversiones verdes del país. Y en Alemania, un proyecto de ley defendido por el vicecanciller Robert Habeck, de Los Verdes, se diluyó cuando el ministro de Finanzas, Christian Lindner, del Partido Democrático Libre, rechazó la prohibición de las calderas a gas nuevas en viviendas, que ya había sido acordada.
No es casualidad que los compromisos climáticos empiecen a destacar en el debate macroeconómico más amplio. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacen falta inversiones gigantescas —de aproximadamente 2% del PBI por año en los países que se toman en serio lograr la neutralidad climática para 2050— y entre un tercio y la mitad de esas erogaciones (según el país) tendrá que salir de los presupuestos públicos.
Eso no preocupaba cuando las tasas de interés eran bajas o negativas, pero ahora que aumentó el costo del endeudamiento prevalece una sensación de incertidumbre económica. La línea dura fiscal se lanzó a la ofensiva y los defensores de la inversión climática deben luchar cada vez más en la retaguardia para mantener el impulso anterior.
Hasta el momento se evitó esta cuestión en los debates sobre la reforma del marco fiscal de la UE, que ya son lo suficientemente complejos, por lo que ni las propuestas legislativas de la Comisión Europea ni los últimos lineamientos de los ministros de finanzas de la UE mencionan demasiado la inversión climática y su financiamiento. Sin embargo, la UE ya se comprometió a reducir significativamente las emisiones para 2030, por lo que no se puede ignorar la disyuntiva entre acción climática y reducción de la deuda.
La respuesta es fácil para los países cuya sostenibilidad fiscal está en duda: obviamente, los gobiernos sin margen fiscal no deben poner en peligro su solvencia en nombre de la acción climática. Deben, en cambio, reestructurar primero su gasto público o recibir asistencia de la UE. Pero la mayoría de las economías avanzadas no pertenecen a esa categoría, cuentan al menos con cierto margen fiscal y cada vez hacen más falta lineamientos sobre cómo aprovecharlo.
Desandar los compromisos previos revela la falta de reflexión sistemática sobre los pros y contras de financiar las inversiones climáticas con impuestos o deuda. En la medida en que esas inversiones resulten rentables (mediante la reducción del costo operativo o la mejora ambiental general), sigue habiendo buenos motivos para el financiamiento con deuda, incluso en situaciones financieras más restrictivas. Por ejemplo, una bomba de calor puede implicar elevados costos iniciales, pero el resultado final será un menor gasto de combustibles fósiles y aire más limpio, sin mencionar el impacto positivo sobre las emisiones. Lo mismo ocurre con el reemplazo de los vehículos de motor de combustión interna por otros eléctricos.
Pero los ingresos fiscales necesarios para el pago del servicio de la deuda no se generan automáticamente. Para convertir un beneficio potencial en un flujo de ingresos real es necesaria la decisión explícita de aplicar impuestos o la creación de un esquema específico de financiamiento. En la práctica, el ahorro futuro por la acción climática se debe destinar de manera tal que permita el pago de la deuda necesaria para financiar las inversiones iniciales.
Debiera ser un enfoque fácil de implementar en el caso de, por ejemplo, la renovación de edificios públicos para mejorar su eficiencia. Ciertamente, las instituciones financieras podrían sustituir a los gobiernos locales en el financiamiento de las tareas de renovación y recibir luego como pago lo generado por los ahorros en calefacción. Sin embargo, esto resultaría caro, e incluso absurdo, en términos financieros. En todos los países excepto aquellos con deudas insostenibles, los gobiernos siguen siendo los prestatarios de referencia y debido a ello pagan menos por sus pasivos que los inversores privados. En vez de comprometerse a pagar más en términos de valor actual y erosionar así su solvencia, los gobiernos debieran emitir deuda y pagar el servicio con los ahorros futuros del costo de calefaccionamiento.
Un desafío más difícil es el de reducir el costo de renovación de la vivienda, que constituye la mayor parte del costo de transición europeo. Aproximadamente 70% de los hogares de la UE es propietario de su vivienda (una proporción que llega al 90% en Rumania y Eslovaquia). Aunque las fuentes privadas de financiamiento pueden facilitar canales adecuados y evitar así la participación directa de los gobiernos, el costo de esos esquemas probablemente resulte elevado para cada hogar. El financiamiento privado sencillamente no es eficaz para las inversiones a pequeña escala, especialmente cuando los prestatarios son hogares de clase media o con bajos ingresos y la rentabilidad de la inversión es magra. En esos casos —la mayoría en los países de la UE— la reticencia a involucrar los gobiernos podría derivar en costosos desvíos.
Aunque no hay soluciones universales, existen buenos motivos para financiar parte de la inversión climática necesaria con deuda pública. Algunas inversiones climáticas son de naturaleza privada y otras, inherentemente públicas. Las que quedan en el medio se pueden financiar de manera privada o mediante los presupuestos públicos; la reducción de costos debiera ser el principio seguir.
La proporción de deuda a PIB de más de la mitad de los países de la UE superaba el 60 % a fines de 2022, y esos gobiernos enfrentan demandas contradictorias: invertir en la reducción de emisiones y reducir los indicadores de deuda. La UE no puede seguir ignorando esta disonancia en las políticas, ni pretender que los estados miembros solucionen el problema por sí solos. Europa necesita con urgencia una discusión seria sobre el papel del financiamiento mediante deuda de sus compromisos climáticos.
Traducción al español por Ant-Translation
Jean Pisani-Ferry, investigador superior de Bruegel —un gabinete estratégico con sede en Bruselas— e investigador superior no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional, es titular de la cátedra Tommaso Padoa-Schioppa del Instituto Universitario Europeo.
Copyright: Project Syndicate, 2023.
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