El tema de la contaminación de la campaña presidencial colombiana en la que fue electo Gustavo Petro, desde esta semana ha adquirido nuevos decibeles.
Una nueva ventana de atención sobre la violencia desatada por el ELN se ha abierto al darse a conocer los detalles de un plan terrorista de esta organización para asesinar al fiscal general, Francisco Barbosa. Este plan conocido desde hace un par de meses por las autoridades ha sido mantenido en secreto para no entorpecer el proceso de paz que se negocia con esta guerrilla. Es que es en esta fiscalía donde cursa la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del diputado Nicolás Petro Burgos, hijo del actual mandatario de Colombia.
La prensa, sin embargo, ha sido valiente en no solo hacer público el hecho sino en dar a conocer cómo a través de la interceptación de conversaciones se ha sabido de otras altas personalidades de la política colombiana que serían igualmente blanco de los elenos: el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.
El exministro de Defensa y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano Aponte, ha declarado públicamente en torno a estos hechos, después de conocer los planes de la organización terrorista. El asunto adquiere ribetes de escándalo internacional, toda vez que la información de inteligencia militar que se maneja indica que el plan fue urdido por el frente urbano de los elenos desde Venezuela. El presidente hace caso omiso de estos hechos.
Todo lo anterior lleva a los analistas a considerar que a Nicolás Petro se le ha estado enredando el papagayo al tener que enfrentar asuntos que guardan similitud con el Proceso 8000, el proceso judicial más sonado de la historia colombiana que afectó sustantivamente la presidencia de Ernesto Samper en 1995, al develar la contaminación de la campaña de aquel mandatario con dineros provenientes del narcotráfico.
No es posible saber en este momento el curso que seguirá la presente investigación ni cuántos serán afectados por el ventilador que se pondrá en acción como consecuencia de la colaboración de Nicolás Petro con las autoridades. Tampoco sabemos lo que logrará ponerse en claro de la acción que cursa contra Armando Benedetti, el exembajador del gobierno en Venezuela, por los dineros canalizados hacia la campaña desde la Costa Atlántica donde este funcionario fue protagonista.
Tengamos presente que en esta ocasión hay cuatro entes involucrados en el esclarecimiento de los hechos: la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Cámara de Representantes. Lo que se está evidenciando es que la dinámica del gobierno de Gustavo Petro está y seguirá siendo afectada por hechos que desvían la atención de aquello que es su función esencial, como es la de administrar un país. Este es un lujo, el de la paralización, que la nación neogranadina no se puede permitir.
En Colombia el Proceso 8000 quedó enterrado después de 2 años de investigación y la impunidad fue la vencedora. El presidente Ernesto Samper fue blanqueado frente a la historia con una declaratoria de “ni culpable ni inocente” emanada de la comisión de acusación del Senado. El caso tuvo grandes consecuencias. En el ámbito internacional se deterioraron las relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos, que no dudó en descertificar a la nación y retirarle la visa al presidente Samper y otros políticos de importancia.
Pero fue el colombiano de la calle el que más caro pagó la consecuencia de un cuatrienio perdido.