Después de mucho tiempo el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela aprobó un reglamento transitorio para normar la elección de las autoridades universitarias y representantes profesorales. Ese instrumento sustituye de manera provisional el reglamento electoral interno de la universidad y obedece a un supuesto acuerdo con el régimen, que hasta ahora se ha opuesto a dichas elecciones usando como argumento el condicionamiento que al respecto emitió el Tribunal Supremo de Justicia; ese argumento ha sido esgrimido por las autoridades de todas las universidades públicas para no convocar a elecciones, lo cual les ha permitido permanecer en sus cargos por más de diez años a sus períodos legales establecidos en la Ley de Universidades, que son de cuatro años. En ese sentido, cómodamente no hicieron ningún esfuerzo sobre el particular, a pesar de que muchos de los representantes a los órganos directivos renunciaron o dejaron responsablemente el cargo, quienes fueron sustituidos por encargados de manera provisoria en vista del dudoso procedimiento para su designación.
Ahora se plantea a través de una negociación aproximarse a los deseos electorales del régimen de incorporar al claustro a egresados, empleados y obreros mediante una fórmula de representación sugerida por la universidad de 5% y 10% del registro electoral en el mismo orden en que fueron mencionados. Todo indica que sobre las bases de dicho acuerdo se hará la elección de las autoridades universitarias de manera perentoria, por tanto, se buscan candidatos para elegir los cargos respectivos.
Todo indica que finalmente se sustituirán a las actuales autoridades universitarias cuya inactividad ha sido evidente, cansados y colaboradores del régimen, quienes en general no han defendido con vigor la autonomía universitaria y no han ido más allá de un discurso conciliatorio y colaboracionista que ha facilitado la intervención administrativa paulatina de las universidades, de sus espacios y del control administrativo, permitiendo con este último convertir al capital humano en trabajadores universitarios cuya nómina pasó directamente a la estructura gubernamental desapareciendo de paso los derechos laborales y ejerciendo una política de hambre producto de los míseros sueldos y salarios con el consiguiente desprecio hacia la seguridad social, elementos que apoyados en un conjunto de reglamentos y normativas sujetan la actividad académica la cual ha sido impuesta para hacerlas coincidir con sus esquemas ideológicos.
Dentro de ese entorno permisivo hay una serie de hechos irregulares en el proceso electoral en marcha que contaminan las iniciativas, por ejemplo, para la elección de representantes de los egresados todos aquellos que tenemos más de 50 años de graduados fuimos sacados del registro electoral; igualmente, miles de egresados no aparecieron en el padrón electoral. Todo ello generó suspicacias que frustraron los deseos de participación y han puesto en duda la calidad del registro. Llama también la atención la manera como se integraron las planchas que fueron ajustadas a intereses internos e intervención de los partidos políticos los cuales integraron sus planchas al viejo estilo del poderoso dedo y dejó ver la intención oculta de tener apoyo e influencia en los cuerpos deliberantes de la universidad con propósitos no precisamente académicos, aunque se diga lo contrario, sino más bien el de fortalecer las líneas políticas particulares en los órganos deliberantes.
En el caso de la participación en el proceso electoral universitario de los empleados y obreros, está por verse cómo van a elegir la proporción acordada de sus representantes: ¿será a dedo, primarias o listas? Ojalá sea aleatoriamente y sin palancas interesadas o comprometidas.
Todos los designados electos de los diferentes sectores formarán parte del claustro universitario y les permitirán ejercer el derecho de elegir a las autoridades universitarias, claro está, todo depende de la calidad del registro, el cual debe ser revisado cuidadosamente para evitar que esté viciado, hipertrofiado o simplemente no tenga la calidad adecuada y sea sometido claramente a una exhaustiva revisión, especialmente tomando en cuenta la enorme cantidad de profesores y estudiantes que se fueron del país y que todavía están en el registro, incluso permanecen en la nómina.
Con las premisas anotadas anteriormente, se buscan candidatos para sustituir a las autoridades universitarias cuyo desempeño excede a los catorce años y no deja de ser extraño que algunos de ellos aspiren a continuar en cargos superiores. Igualmente, por parte del régimen toda su estrategia ha sido desplegada basada en dádivas e inversiones extemporáneas, y en un maquillaje de la infraestructura para facilitar que ex ministros y miembros del partido oficial aspiren a participar con ventaja y solo esperan que el jefe mayor autorice su candidatura.
Por otro lado, un grupo importante de académicos agrupados en núcleos opositores no se ponen de acuerdo, e incluso no acuden a convocatorias a reuniones unitarias para tal propósito electoral y, prefieren actuar de manera independiente basados en sus propias condiciones imitando lamentablemente la dispersión de la mal llamada oposición nacional.
Se buscan candidatos a autoridades que más allá del alcance del reglamento cumplan con las condiciones adecuadas, haciendo abstracción que dicho reglamento electoral filtra a muchos aspirantes puesto que se norma que: tengan las condiciones académicas lógicas y naturales, pero restringiendo toda candidatura al de “haber ejercido funciones docentes y de investigación durante los últimos cinco años”. En otras palabras, miembros del claustro que no tengan esa condición no pueden aspirar a medirse, incluyendo a autoridades en ejercicio que por más de catorce años no han dado ni una clase, y mucho menos haber hecho investigación y consecuencialmente ni siquiera han escrito un texto universitario.
Tomando en consideración todos estos aspectos, el aspirante a las candidaturas para ejercer cargos universitarios en medio de la intervención generalizada de la universidad por parte del régimen deben tener no solo las credenciales adecuadas y, cumplir la norma reglamentaria, sino otras que son muy importantes tales como valores éticos y morales, no vaya a pasar como aquellos rectores que han sido señalados como pedófilos, de conducta licenciosa o incluso homicidas.
Es imprescindible tener un perfil universitario que permita desarrollar sus responsabilidades con espíritu de lucha, centrada en la libertad social, política y académica, dentro de un enfoque muy claro para llevar a cabo la reforma institucional universitaria, oponerse a las acciones intervencionistas del régimen, en la denuncia de una gobernanza que ha conducido al desastre de los últimos años; que revise integralmente la estructura curricular, carreras profesionales y proyectos de investigación y, más concretamente, que ponga todo su esfuerzo en el cambio del modelo universitario y político actual cuya condición es imprescindible para el desarrollo de la sociedad, la educación, y, que decisivamente recupere el espíritu universitario como defensa y ofensiva ante la política antiautonómica del régimen y regrese la gestión administrativa al control de su institución.
Si los candidatos no cumplen ese perfil y no asumen el compromiso de dirigir a una universidad verdaderamente autónoma, con la debida proyección académica, inducción al cambio y de transformación universitaria es mejor que no pierdan el tiempo o se convertirán en una réplica continuista de las autoridades actuales.