Mike Pompeo | Foto Departamento de Estado
Me parece el camino correcto. El 8 de octubre, Mike Pompeo ha anunciado el nombre de otro sancionado. Se trata de Samark José López Bello. Otro de los venezolanos encartados. Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos. Antes estuvo al frente de la CIA. El departamento que hoy dirige Pompeo ofrece 5 millones de dólares como recompensa a cualquier persona o grupo que coloque a López Bello en el banquillo de los acusados ante la justicia americana. En el Oeste, donde merodeaban los bandidos y los cazarrecompensas, dio resultado y acabaron con esa plaga. En esos tiempos los términos eran más francos: “Se busca, vivo o muerto”.
De que el asunto va en serio puede dar fe el presunto ladrón colombiano-venezolano Alex Saab. Está detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Nueva York o a Miami para ser juzgado. Le imputan haberse robado en contubernio con las autoridades de Venezuela cientos de millones de dólares relacionados con la comida que importa la dictadura para el “pueblo”. En definitiva, lo acusan de formar parte de la trama internacional del crimen organizado que se ha cebado en Venezuela. Donde están, “todos revolcados”, Irán, las FARC, el ELN y otros impresentables delincuentes.
La percepción de que Venezuela es una pocilga infecta cuyo gobierno forma parte del crimen organizado transnacional es muy importante. Recientemente, esto se hizo patente en la ONU. Se sacó a votación si durante dos años más permanecía una comisión que velara sobre la violación de los derechos humanos en el país. La misma comisión, presidida por Michelle Bachelet, que había publicado un penetrante análisis de los crímenes cometidos por los esbirros de Maduro. Cuba y Venezuela, como es lógico, batallaron tras bambalinas para que no se aprobara.
¿Resultado? 22 países votaron a favor de que se mantuviera esa espada de Damocles sobre el cuello de Maduro, 22 se abstuvieron (que era una forma vergonzante de aprobar la resolución) y solo 3 naciones se atrevieron a votar a favor de Caracas.
¿Qué naciones fueron capaces de respaldar al dictador Maduro? El propio gobierno de Venezuela, Eritrea, que vota lo que le sugiere Cuba, y Filipinas, dirigida por el abogado Rodrigo Duterte, una especie de “vigilante” loco, que ha hecho asesinar a miles de personas extrajudicialmente, acusadas de consumo o tráfico de drogas. Según parece, ni Rusia ni China movieron un dedo por salvar a Maduro.
La composición de los tres grupos es muy interesante. En el que aprobó la resolución abundan las democracias establecidas, incluida Argentina, donde el propio presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería para que se opusiera al régimen de Maduro, contradiciendo las instrucciones y los deseos de su vicepresidente Cristina F. Kirchner.
En el que se abstuvo están casi todos los Estados islámicos y algunas satrapías africanas que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No obstante, comparece el México de López Obrador, un personaje pintoresco que tiene graves problemas con las violaciones cometidas en su país a las que no desea enfrentarse, pese a que tiene toda la información disponible. Entre ellos, los atroces 43 asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa.
Como ha subrayado en repetidas ocasiones el politólogo Sánchez Berzaín, la cuestión de los regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua –Bolivia y Ecuador se han escapado provisionalmente de esa caracterización– no debe verse dentro del esquema ideológico, sino bajo la óptica del crimen transnacional organizado, para la que existe un antídoto: la Convención de Palermo, organizada con los auspicios de la ONU con el objeto de enfrentarse a las mafias.
Al mismo tiempo, el especialista Sánchez Berzaín ha advertido contra el inmovilismo de los organismos internacionales. ¿Para qué sirve la condena de la OEA, el Grupo de Lima o la ONU, si los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan ejerciendo el poder aunque violen los derechos humanos y empobrezcan a sus pueblos insensiblemente?
Es cierto, aun cuando al menos quedan los castigos con nombre y apellidos. El programa de las sanciones y recompensas no comenzó con el presidente Trump, sino en 1986 con Ronald Reagan, pero ha sido enriquecido y utilizado por los gobiernos demócratas de Clinton y Obama, como los republicanos de los dos Bush y de Trump, de manera que es ridículo esperar que quien ocupe la Casa Blanca lo liquide.
A lo largo de los años el Departamento de Estado ha repartido 130 millones de dólares y continuará “honrando sus compromisos”. Hasta ahora 75 importantes delincuentes han acabado tras la reja. Eso seguirá y acaso se intensifique, no importa lo que suceda en las elecciones del 3 de noviembre. Seguro.