En las últimas jornadas, la vida política colombiana se ha visto sacudida por un nuevo escándalo que aclara la conducta de Juan Manuel Santos como candidato y presidente de la izquierda colombiana en el periodo 2014-2018. Santos recibió en sus campañas presidenciales de 2010 –cuando fue el candidato de la derecha colombiana– y de 2014 –cuando, inverosímilmente, fue el candidato de la izquierda– más de 500 millones de dólares de financiación electoral oculta de la empresa brasileña Odebrecht, la mayor corruptora de candidatos presidenciales de la historia de Iberoamérica. La revista Semana. la publicación más prestigiosa de Colombia, publicaba el pasado viernes un detallado informe sobre esta financiación ilegal de la que también se beneficiaron políticos de otros partidos, según lo revelado. 540 millones de dólares para las dos elecciones de Santos, el mayor monto en la segunda de ellas.
Yo no quiero distraer la atención de la corrupción de Gustavo Petro y de cómo se benefició del dinero del narcotráfico como ha confesado su hijo Nicolás Petro. Pero no puedo dejar de recordar la inmoralidad de Santos, que ahora reaparece. Al hilo de este «dinero Odebrecht» me ha alegrado ver reaparecer en X, antes Twitter, un artículo que publiqué en ABC el 9 de octubre de 2016 con enorme repercusión en Colombia y que veo que sigue coleando. Permítanme reproducirlo. Lo que aparece entre corchetes [] es una explicación para mejor comprensión del lector actual.
«Decíamos ayer (y disculpen por empezar por la autocita) que ‘el Comité Nobel instalado en Oslo, después del muchísimo dinero que se ha gastado el gobierno noruego en este proceso, sabe mejor que nadie lo que necesitan los colombianos. Sólo con lo que ha pagado Noruega durante años al comunista madrileño Enrique Santiago, el del despacho en el barrio de Salamanca, para que llevara adelante este proceso, tenían que demostrar que la razón era de los que perdieron. [Los que perdieron el plebiscito sobre el proyecto de paz que la mayoría de los colombianos que acudimos a las urnas el 2 de octubre de 2016 rechazamos] El contribuyente noruego es muy mirado a la hora de analizar en qué se gastan sus impuestos. Y si se ha derrochado tanto en Colombia y en el bolsillo de Enrique Santiago habrá que sentenciar que es un dinero bien gastado. Por decreto Nobel’. Pero quizá hubo otros dineros noruegos con interés en Colombia.
La compañía petrolífera estatal noruega Statoil es propiedad del Reino de Noruega en 67% y es gestionada por el Ministerio de Petróleo y Energía. Como tantas otras compañías tendría un especial interés en invertir en pozos petrolíferos de la Costa Caribe colombiana. Y en 2014 pudo llevarlo a cabo. Ese año, en la llamada Ronda Colombia 2014, Statoil consiguió una participación en el bloque COL-4 y meses más tarde amplió su participación comprando parte de la que había sido adjudicada a la española Repsol. Le compró el 10% del bloque Tayrona, compuesto de dos franjas frente a los departamentos de Magdalena y La Guajira y el 20% del bloque GUA OFF1 ubicado en aguas profundas frente a La Guajira. En el caso del bloque Tayrona, la compañía estatal colombiana conservaba 30% de la propiedad. Y en GUA OFF1 el 50%. Confieso que esto no es periodismo de investigación ni zarandajas similares. Es simplemente leerse el diario El Tiempo, gran adalid del presidente Santos, en su edición del 4 de septiembre de 2014.
Ecopetrol no sólo estaba en la propiedad con una participación directa, además es una empresa en la que el presidente de la República nombra al gestor de la compañía y el ministro de Hacienda, el de Minas y el director de Planeación Nacional estaban en el momento de tomar esa decisión en el consejo de administración. Y como con cualquier recurso natural y estratégico de Colombia, es imposible que Statoil tuviera una participación en esos yacimientos petrolíferos sin el visto bueno de la Presidencia de la República, cuyo titular era Juan Manuel Santos. Hasta ahí, nada extraño, cabe suponer. Pero se da una sorprendente casualidad. Statoil, como tantas compañías estatales, tiene entre los miembros de su consejo de administración, a políticos y altas personalidades del Estado. Entre ellos ha figurado la antigua ministra de Comercio y Tráfico Marítimo y ex presidente del Partido Conservador, Kathy Kullmann Five. La señora Five ya no está en el consejo de administración de Statoil. Ahora está en cosas que lucen mucho más internacionalmente. Esta muy leal ciudadana noruega ahora es la presidente del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz. Nada puedo añadir».
Santos, como Sánchez, tenía como principal objetivo de su política su engrandecimiento personal. Para el colombiano lo importante era que él obtuviese el premio Nobel de la Paz una vez rechazado en plebiscito su acuerdo de paz con las FARC. Para Sánchez lo único que cuenta es ser presidente a cualquier precio.
Mi admirado compatriota hispano colombiano Néstor Laso, abogado con ejercicio profesional en España, me decía el pasado domingo que «La amnistía a Puigdemont y a los más de 3.500 encausados por el intento de golpe independentista del 1-O de 2017, no terminará con el problema secesionista, aparte de ser absolutamente inconstitucional. Sólo solucionará la investidura como presidente de Pedro Sánchez. El ejemplo de Colombia: El proceso de paz de Juan Manuel Santos no terminó con el narcoterrorismo en Colombia. Las masacres, asesinatos, secuestros, etc, siguen ahora con las disidencias de las FARC y otros grupos ilegales y el ELN, quien quiere negociar, pero sigue asesinando.» Lo dicho: nada puedo añadir salvo que quizá también a Sánchez le den el Nobel de la Paz.