Hasta mediados del presente año era vox populi que el Poder Ejecutivo aumentaba cada dos meses el salario para compensar mínimamente los estragos causados por la pavorosa hiperinflación en detrimento de la capacidad del poder adquisitivo que se abate contra el cada vez más desmejorado ingreso per cápita del venezolano.
En la mañana del día 14 de octubre, los trabajadores del país con las mayores reservas de hidrocarburos del orbe amanecieron con la infausta noticia, dada al país por un vocero de la espuria e ilegal asamblea nacional constituyente de nombre Francisco Torrealba, que daba cuenta de un intempestivo “aumento” general del salario mínimo que incrementa el ingreso de 40.000 a 150.000 bolívares (salario básico), al tiempo que aumenta el monto de la llamada “cesta ticket” de 25.000 a 150.000 bolívares. En realidad, en estricto rigor, puestos a ver; el monto del salario mínimo básico vendría escalando de 40.000 hasta 75.000 quincenal, por lo cual el monto mensual quedaría en 150.000 bolívares, más los 150.000 bolívares de la cesta ticket que sumarían los 300.000 bolívares que sería el monto total del tan mentado “aumento salarial”.
La ANC, en su propósito demoledor de desmontar el Estado y su delirante objetivo supraconstitucional dicta un decreto que anula la facultad del Poder Ejecutivo de dictar las políticas salariales y de protección y resguardo del ingreso del trabajador. Con esta “medida constituyente” se pone en evidencia una dualidad de poderes que intentan coexistir infructuosamente en el seno de un Estado que puede ocultar su carácter transitorio hacia la plena materialización de “la comuna socialista” de un suprapoder que no termina de nacer y que, en el concierto de naciones democráticas y civilizadas, nadie reconoce como institución legítima pues carece de auténtica legalidad y estatuto.
Es innegable que el modelo económico que ha tratado de implantar la “revolución” socialista en Venezuela es, antagónicamente, reñido con la naturaleza privada de los medios de producción que caracteriza al modo de producción y a la formación económico-social-liberal-democrática. Venezuela padece todas las taras sociales y políticas propias de los regímenes estatocráticos, las medidas de índole macro y microeconómicas que adopta el sistema sociopolítico estatista.
Una de las medidas que ha pretendido adoptar el Estado benefactor de raigambre neopopulista para resguardar la integridad del salario en Venezuela es la dádiva esporádica de un bono de variable valor facial que concede el gobierno a aquellos venezolanos que están registrados en el sistema denominado Patria, que incluye el llamado “carnet de la patria”. Obviamente, quienes no están registrados en dicho sistema y no poseen el carnet quedan automáticamente excluidos de la dádiva gubernamental. Con el otorgamiento de dichos bonos esporádicos se intenta inútilmente “bonificar el salario”, que está a duras pena en 5 dólares mensuales. Ello pone de relieve la espantosa pulverización del ingreso familiar del venezolano con sus consecuentes secuelas en la salud psicosomáticas del connacional. Con la odiosa y oprobiosa política de bonos la revolución socialista ensancha aún más la brecha social y económica entre venezolanos, dividiendo el país en quienes tienen carnet y quienes no lo tienen; e incluso, existen venezolanos que aún teniendo carnet de la patria no son objeto del llamado “beneficio” del mentado bono. Como se puede observar nítidamente, en nombre de una ficticia revolución igualitarista, el proyecto justicialista que se asume filosóficamente zamorano, acentúa con saña la división entre quienes tienen “derecho al disfrute, uso y goce de la renta nacional” y quienes no acceden a dichos derechos.