El cuestionamiento que le hacemos a quienes realizan encuestas hoy día en Venezuela para analizar la política se apoya en la misma premisa de nuestra crítica a quienes promueven el voto como una vía eficaz para salir del régimen chavista. En ambos casos se trata de posturas que buscan normalizar una situación que a todo evento no puede ser considerada como normal.
Pero antes de ir al fondo de nuestra crítica hay que aclarar que nuestra posición no es en rechazo a las encuestas como método al servicio de las ciencias políticas ni al voto en sí mismos. Diremos que en ciertos contextos con garantías políticas y constitucionales tanto las encuestas como el voto son totalmente válidos y efectivos. Pero, ciertamente, ese no es el caso de Venezuela.
Por ejemplo, ¿qué valor cuantitativo se le puede asignar a las demostradas capacidades de fraude del régimen chavista? O mejor aún en una Venezuela sometida por el terror, el miedo y la incertidumbre ¿Se puede pensar que las opiniones de los encuestados son emitidas libremente?
Nuestro cuestionamiento radica en que no se puede tomar los valores de ninguna encuesta haciendo abstracción del contexto político y social en el cual estamos metidos. Y la razón por la cual esto no sería una sana práctica científica es porque precisamente no existen en Venezuela condiciones institucionales para confirmar lo que dicen esas encuestas.
Hasta ahora la mayoría de las encuestas conocidas dan como ganador de la elección del 28 de julio por un amplio margen al candidato de la PU/MUD Edmundo González. Esos valores de alguna forma validan las masivas movilizaciones del candidato opositor junto a María Corina Machado por toda Venezuela. Igualmente un muestreo empírico entre nuestros familiares y amigos mostraría tendencias de apoyo similares.
El chavismo también ha sacado sus encuestas y estas dicen que Nicolás Maduro tiene una sólida ventaja en un promedio del 60% sobre el candidato Gonzalez. Pero a diferencia del candidato opositor, el del chavismo queda pulverizado por la evidencia empírica pues las concentraciones oficialistas han sido dramáticamente escuálidas y cualquier muestreo no científico, incluso entre simpatizantes del chavismo, confirman una determinante intención de voto en favor del candidato opositor.
El problema entonces no consiste en tratar de reconciliar los hallazgos científicos con los empíricos sino en validar ambas constataciones a la luz de la realidad. Esto quiere decir que debe existir algún mecanismo o medida para establecer si estas encuestas dicen la verdad o qué tan cerca están de ella.
Y el único parámetro que en principio habría que tomar en cuenta sería el anuncio de los resultados definitivos que proclame el CNE el 28 de julio en la noche para compararlos con lo que dijeron las encuestas. ¿Qué pasaría si los resultados oficialistas difieren dramáticamente de lo proyectado por las encuestas? Más aún, ¿se puede aceptar el resultado que anuncie el CNE como un criterio para validar o invalidar las proyecciones de las encuestas?
Las encuestadoras dirán que han hecho su trabajo, y es cierto porque a ellas no les corresponde determinar si hubo fraude o no. Es a los políticos que decidieron basarse en los números de las encuestas ignorando la ausencia de condiciones y garantías electorales a quienes les tocará explicar o impugnar la inconsistencia.
En el fraudulento sistema electoral que impuso el chavismo no hay forma de saber cuántas personas realmente votaron o dejaron de votar. Tampoco sabremos cuántos votos efectivamente logró el proclamado ganador, porque el CNE chavista tiene el poder para adjudicar los resultados que quiera en forma inauditable e inapelable.