El paralelismo entre las condiciones de los procesos de elección de presidente en Rusia, celebrado los pasados días 15 al 17 de marzo, y en Venezuela, que se celebrará el próximo 28 de julio, es notable. Ambos gobiernos son calificados de regímenes autoritarios, que han forjado una política carente de contenidos democráticos, y cuyos gobernantes buscan consolidar su dominio y prolongar su permanencia en el cargo, a pesar de las críticas y las restricciones internacionales. Aunque los contextos políticos y las circunstancias específicas difieren, la tendencia hacia la concentración de poder y la limitación de la participación ciudadana se manifiesta de manera similar en ambos países.
En las elecciones para presidente celebradas en Rusia resultó reelecto Vladímir Vladímirovich Putin, con su propio partido político Rusia Unida, obteniendo 87% de los votos, por lo que permanecerá al mando del Kremlin hasta el 2030. No es ninguna sorpresa. Bajo las condiciones del proceso, en general, era imposible un resultado diferente. La Constitución de la Federación Rusa dispone que ningún presidente puede ejercer más de dos mandatos consecutivos, pero la cuenta de Putin fue llevada oficialmente a cero a partir de este año, lo que le aseguró el camino para seguir en la presidencia hasta 2036.
Los políticos opositores al régimen ruso resultaron inhabilitados, muerto o en el exilio. El opositor ruso más importante, Alexéi Anatólievich Navalni, de 48 años, que sufrió varias condenas y un intento de envenenamiento, y encarcelado en la prisión IK-3 de Jarp, en Yamalia-Nenetsia, un «centro correccional» conocido como «Lobo Polar» por su ubicación en el círculo polar ártico, murió el pasado 16 de febrero, informó el propio servicio penitenciario ruso, en circunstancias poco claras, apagándose una de las voces opositoras más conocida y crítica del régimen ruso.
El opositor Boris Nadezhdin, un aspirante que se había autoproclamado “el candidato de la paz” al estar en contra de la guerra en Ucrania, fue excluido del proceso electoral al ser inhabilitado. Los candidatos Nikolai Jaritonov, de 75 años, del Partido Comunista; Vladislav Davankov, de 40 años, de Gente Nueva, el más joven y de ala liberal; y el ultranacionalista Leonid Slutski, solo obtuvieron un poco más del 10% de los votos, pero no eran candidatos creíbles. “El resultado no refleja la voluntad de los votantes, sino la voluntad del régimen», afirma Regina Heller, investigadora del Instituto de Investigación sobre la Paz y Política de Seguridad de la Universidad de Hamburgo, en un artículo publicado en DW . Fueron unos comicios celebrados a la medida del Kremlin.
Importantes líderes occidentales dijeron que las elecciones no fueron ni libres ni justas, y desde la Casa Blanca destacaron que las elecciones «obviamente no fueron libres ni justas, dado que Putin ha encarcelado a sus opositores políticos y ha impedido que otros se presenten contra él«, según lo publicado por la BBC (3 claves de la victoria electoral de Putin en Rusia que le permitirá mantenerse en el poder al menos hasta 2030, del 18/03/2024).
Varios elementos resultan claves sobre este proceso electoral, a saber: un proceso efectuado bajo las condiciones de guerra por la ocupación militar al este de Ucrania; la novedosa implementación del voto electrónico, que la oposición rusa calificó de fraudulento; la ausencia de observadores internacionales de Unión Europea; la participación en las elecciones de las regiones ucranianas ocupadas ilegítimamente por Rusia: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, además de la península de Crimea (anexionada ilegalmente en 2014); y la movilización del electorado subordinado al gobierno: empleados del sector público, corporaciones estatales y grandes empresas, así como de familiares y amigos a través del sistema 1×10. Llueven críticas de Occidente sobre la fiabilidad de estos comicios.
En Venezuela, ya el proceso electoral de elección de presidente el próximo 28J se ha convertido en un teatro ruso. El régimen ha recurrido a maniobras similares a las empleadas en Rusia, como la inhabilitación de varios políticos de oposición, siendo la más emblemática la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, la candidata de la oposición elegida a través del proceso de primarias de 2023 realizado por los partidos de oposición de la llamada Plataforma Unitaria; y, recientemente, la prohibición de participación en las elecciones a la mayoría de los partidos de la oposición y a sus aspirantes (MAS, MPV, PUENTE, GENTE). A la oposición solo le quedan dos partidos legalizados: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), lo que reduce significativamente sus posibilidades en el proceso de elección.
Ya hay muchas voces que señalan que el propio CNE incumple el cronograma electoral. Se han generado fallas en jornada especial de inscripción y actualización de registro electoral a nivel nacional y en el exterior (Argentina, España, entre otros). No se ha acordado formalizar invitaciones a observadores internacionales.
Al igual que en Rusia, estos comicios en Venezuela no parecen justos ni libres. Muchos ya opinan que contradicen los acuerdos que el Gobierno y representantes de la oposición firmaron en Barbados el pasado octubre, y que propio árbitro (CNE) ya ha demostrados manifiestamente su parcialidad al régimen (en los resultados de la consulta sobre e esequibo en diciembre 2023 y al fijar la fecha de la elección presidencial coincidente con el natalicio de Hugo Chávez).
Las reglas de “Fair Play” – juego limpio – deben aplicarse a todos por igual. Los venezolanos queremos elegir de forma libre, justa y transparente un nuevo presidente y lograr los cambios urgentes y necesarios que permitan reconstruir la institucionalidad democrática, garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, mejorar la calidad de los servicios públicos, elevar el nivel de la educación, asegurar una alimentación y salud pública de calidad, y que nuestro país sea representado con diligencia y honor en la comunidad internacional.
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