Decapitado el referéndum revocatorio, la opción que le queda a la oposición democrática es prepararse con paciencia y tesón para las próximas elecciones presidenciales establecidas en la Constitución. 2024 parece una fecha lejana, pero son tantos y tan complejos los retos que debe enfrentar, que tres años se harán cortos.
Lo primero que ha de asumirse es que esa fecha debe convertirse en un ícono. Ya han aparecido algunas voces que hablan de buscar un acuerdo con el fin de reformar la Constitución que permita adelantar las elecciones presidenciales. Si el referéndum revocatorio –cuyo inspirador y promotor fue Hugo Chávez, padre de la revolución bolivariana– ha encallado dos veces durante la etapa de Nicolás Maduro –una en 2016 y otra en 2022–, ¿a partir de cuáles indicios objetivos puede pensarse en la posibilidad de que tal modificación, que reduciría el período presidencial y tendría en la práctica las mismas consecuencias que el revocatorio, se materializará? No existen. Esa iniciativa está condenada a fracasar al igual que el referéndum. Su falla básica reside en colocar todos los resortes del proceso en unas instituciones controladas totalmente por el régimen. Conviene olvidarse de ese atajo. La Constitución concede derechos –como la reforma que permitiría reducir el período presidencial y adelantar las elecciones– que solo pueden materializarse cuando la fuerza de quienes aspiran a ejercerlos resulta avasallante. La oposición no se encuentra en esa situación ni remotamente.
En 1984 la oposición chilena y la dictadura de Augusto Pinochet, luego de un arduo trabajo de orfebrería de los dirigentes más sensatos y moderados, entre ellos Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, definieron el plebiscito de 1988 como el momento cumbre de esa resistencia porfiada, pero ineficaz, enfrentada a la autocracia militar. Ese año 84 –venciendo obstáculos y sospechas de los partidos más escépticos de la amplia gama de grupos existentes en Chile– la mayoría de los grupos que luego integraron la Concertación Democrática, resolvieron acudir a la consulta establecida en la Constitución de 1980. En el marco de los acuerdos alcanzados por las diferentes facciones, se definió un programa que contemplaba numerosas actividades, entre ellas la negociación con factores del pinochetismo que propiciaban el respeto a la carta del 80. La historia de la participación en el plebiscito de octubre de 1988 y la campaña por el NO es ampliamente conocida. Lo que más me interesa destacar es que la decisión fue tomada cuatro años antes, lapso que les parecía eterno a algunos sectores opositores desesperados por salir de Pinochet cuanto antes.
En el caso de Venezuela y Maduro, hay quienes señalan que lo mismo que el mandatario hizo con el referéndum revocatorio, abortarlo, podría hacerlo con las elecciones nacionales de 2024. No se trata de eventos iguales. En lo único que se parecen es que ambos involucran consultas populares. La cita del 24 constituye una fecha taxativa fijada en la Constitución. El 10 de enero de 2025 tiene que juramentarse un nuevo presidente para un período que comienza ese día y dura seis años. Allí no caben interpretaciones jurídicas. Quien tome posesión del cargo, tendrá que haber sido electo en unos comicios universales y secretos realizados con anterioridad. En este punto tampoco caben las exégesis. La Constitución es explícita. Maduro solo puede desconocer estos mandatos si da un autogolpe o, de una forma más velada, adopta la estrategia de Daniel Ortega en Nicaragua: inhabilita a los dirigentes democráticos y los encarcela.
El peligro de que esa amenaza se concrete hay que reducirlo a su mínima expresión. Pinochet pudo haber desconocido la Constitución de 1980 y obviado la consulta de 1988. No lo hizo porque se encadenó un amplio conjunto de eslabones domésticos e internacionales que lo obligaron a aceptar medirse. Alguien podría decir: el general estaba confiado en que su victoria sería categórica. Puede ser que ese factor haya influido. Sin embargo, el mérito fundamental estuvo en la sabiduría opositora y en la conexión entre las fuerzas democráticas internas y los factores internacionales que deseaban ver a Pinochet fuera de La Moneda de forma pacífica e institucional.
Algo similar podría ocurrir en Venezuela en 2024. Los países amigos de la democracia desean que la insondable crisis venezolana –con efectos tan negativos en las naciones de la región, que no fue el caso del Chile de Pinochet– comience a resolverse de manera pacífica, electoral y constitucional. En el plano internacional, las fuerzas democráticas cuentan con poderosos aliados que incluyen desde la Unión Europea y Estados Unidos, hasta naciones de América Latina cuyos gobiernos se inclinan hacia la izquierda. Con excepción de Cuba y Nicaragua, el continente latinoamericano espera una solución pacífica en Venezuela. A esos países e instituciones no les interesan los laberintos, por muy derechos constitucionales que sean. En esas aventuras no van a acompañarnos.
La oposición tendrá que solucionar el espinoso desafío de designar el comando unitario que organizará la participación electoral, con el fin de lograr vencer los miedos y desconfianza que el gobierno fomentará, al igual que elegir sin traumas al candidato presidencial. Deberá presentar consignas comunes y un programa atractivo. Estas son solo algunas de las labores que debe asumir para encarar con posibilidades de triunfo 2024.
@trinomarquezc