La agricultura y la ganadería venezolana, como toda la economía, viven en estos días su peor momento. Nuestros campos sufren las consecuencias de la destrucción del resto del aparato productivo, de la infraestructura y de las instituciones.
Los hombres y mujeres que trabajan la tierra, producen y distribuyen los alimentos que consumimos están siendo llevados de forma inexorable a la bancarrota. Vivimos en un país donde los agricultores, avicultores y pescadores son unos verdaderos héroes. Trabajan y producen sin contar con créditos, ni del Estado ni de la banca privada, sin asistencia técnica, sin insumos, sin infraestructura que facilite el trabajo, pero continúan laborando para producir.
El fruto de su trabajo no puede ser colocado en los mercados por la falta de combustible para movilizar los vehículos que los transportan a los mercados. Todos somos testigos de las inmensas colas para surtir gasolina en todo el país. De las horas hombre pérdidas por intentar acceder al combustible.
Por supuesto que al pasar los días, esos productos agrícolas comienzan un proceso de maduración y luego de descomposición que obliga a los productores a desecharlos. No vender el fruto de su trabajo resulta demoledor para la economía agrícola y familiar. La inmensa mayoría de nuestros productores, a duras penas, alcanzan para financiar uno o dos ciclos de siembra. Perder uno de ellos significa perder el capital de trabajo y su remuneración.
¿Cómo pueden volver a sembrar si no disponen de los recursos para comprar semilla, para preparar la tierra, para los fertilizantes y fungicidas? Máxime en un país donde no hay políticas públicas para proteger al productor frente a contingencias como las climáticas, las políticas, o las económicas. Aquí no hay un seguro agrícola que cubra las pérdidas de los campesinos por cualquiera de esas contingencias.
La destrucción de la industria petrolera ha traído consigo un efecto cascada que está arruinando a los productores agrícolas y pecuarios. Porque no solo son los productores de hortalizas y frutas de Los Andes, sino los productores de café, cacao y otros rubros de todo el país. También están afectados los mataderos industriales que no pueden sacar la proteína por falta de dissel o gasolina, o los productores de queso del bajo Apure que tampoco pueden transportarlo a los mercados.
A ese cuadro se suma la destrucción de la vialidad en toda la geografía nacional, la vialidad agrícola reducida a la nada. Sacar los productos desde las unidades de producción a los centros de acopio y distribución tiene unos costos elevados, y sacarlos desde allí a los principales mercados, con las troncales semi destruidas dificulta el transporte y eleva sus costos de forma exponencial.
Todo ese cuadro genera un malestar y una profunda indignación en los sectores campesinos y productivos. Hemos presenciado las protestas de los productores en todo el país. Frente a esa protesta la respuesta del gobierno de Maduro ha sido la represión.
A ese cuadro de los servicios y de la economía se agrega un nuevo elemento: el hostigamiento del Estado y de los grupos criminales. El terror judicial ha surgido con furor en estos días. Frente a las exigencias de libertad comercial y precios adecuados para comercializar rubros como el café y obtener un precio que cubra los costos, la respuesta ha sido la judicialización de los caficultores. El ejemplo lo tenemos en Sarare, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, donde fueron sometidos a un absurdo proceso penal los voceros de los productores del grano negro que se movilizaron hacia Caracas para exigir precios adecuados. Esto último porque es el gobierno el que les fija el precio a pagar por las empresas receptoras de ese rubro.
Más recientemente ha sido notoria la orden de aprehensión y judicialización, por parte de la Fiscalía, a productores de hortalizas por hacer protestas grabando videos donde lanzan a un río, algunos de sus productos, ya en fase de descomposición que no pudieron sacar al mercado por falta de combustible.
La utilización de unos tipos penales que no deberían existir en un Estado democrático, como los establecidos en los artículos 51 al 57 de la vigente Ley Orgánica de Precios Justos (Decreto Ley N: 600 del 21 de noviembre del 2013 publicado en la Gaceta Oficial N: 40.340 del 23 de enero de 2014) se han convertido en el garrote mediante el cual la cúpula gobernante busca aplastar la legítima protesta de nuestros agricultores.
Delitos allí estipulados como el de la especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de la economía, configuran una criminalización a problemas económicos causados por un modelo político obsoleto y por el saqueo de las finanzas públicas, perpetrado por una camarilla instalada en el poder. Tipos penales con los cuales se ha pretendido responsabilizar del desabastecimiento y de la inflación a los ciudadanos, cuando la causa está precisamente en un Estado ineficiente y corrompido, que de forma errática busca con el derecho penal controlar las situaciones socioeconómicas derivadas de su pésima conducción.
Además del terrorismo judicial, debemos recordar la matraca y hostigamiento de los cuerpos de seguridad en las carreteras y la de los grupos criminales en varias zonas agropecuarias del país.
Son innumerables las denuncias de todo el proceso extorsivo a que son sometidos los transportistas o ferieros en sus recorridos para llevar a los mercados sus productos. Cómo son innumerables los graves crímenes cometidos por las bandas crimínales (algunas de ellas integradas por grupos de guerrilleros o exguerrilleros colombianos) que invaden haciendas o unidades de producción, roban ganado, asesinan campesinos y llegan hasta ejercer autoridad en importantes zonas de nuestra geografía fronteriza.
La revolución bolivariana ha terminado arruinando a nuestros campesinos, agricultores, ganaderos y pescadores; y como complemento, aterrorizándolos con el sistema de justicia, así como por los cuerpos armados, sin asumir ante la nación el estruendoso fracaso de su modelo socio político y de su gestión al frente del Estado.
De ahí mi persistencia en crear conciencia de la necesidad del cambio, no solo de la camarilla gobernante, sino de esa modelo establecido.