Miguel Gutiérrez / EFE
El 5 de enero el país entero y gran parte del mundo observó, en vivo y en directo (en tiempo real) gracias a la ubicua magia de la instantaneidad de las redes sociales, la concreción material de las amenazas gubernamentales y estatalistas que vociferaba la partidarquía única semanas antes de perpetrar el ilegal e inmoral acto fraudulento de lo que a todas luces fue el plebiscito de facto realizado el 6 de diciembre del recién finalizado annus horribilis 2020. Las breves líneas que siguen dar cuenta de lo que todo el país medianamente avisado conoce de sobra. Una seguidilla interminable de atropellos y violaciones flagrantes del texto constitucional se suceden con la anuencia unánime del bloque histórico hegemónico instituido en Venezuela en 1999.
La tristemente célebre asamblea nacional constituyente, a la sazón surgida de otro memorable fraude constitucional, asistió a su fenecimiento con los estertores del último día del año viejo, nunca suficientemente reprobado y denostado por sus trágicas vilezas en todos los órdenes de la vida nacional. Obviamente, desde sus primeros pininos morfogenésicos como nación autónoma, independiente y soberana, el país ha sido UNO SOLO pero en estos casi dos siglos de republicanismo venezolano, el país se ha ido forjando y desarrollando bajo los cruentos e incruentos rigores de dos prismas oligárquicos decimonónicos; el dominio sociopolítico liberal y el dominio conservador; así fue durante largas décadas de intermitentes períodos con sus consecuentes altibajos, déficits y falencias institucionales y jurídicas-políticas hasta 1999, cuando definitivamente Venezuela cayó bajo el dominio y control absoluto de la dinastía castrocomunista.
Está escrito y amplia y suficientemente explicado en el credo leninista: para la revolución socialista es deber insoslayable prevalerse de la legalidad democrático-burguesa y hacer uso de los artilugios normativos legales formales de la leguleyería burguesa heredada del “puntofijismo adeco burgués” hasta que la revolución, primero bolivariana y ahora socialista y protocomunista estime conveniente prescindir de las viejas leyes del “ancien regimen”.
¿Acaso los famosos “protectores del pueblo” designados discrecionalmente desde Miraflores en cada región donde el partido único de la revolución sufrió un descalabrante revés en los últimos comicios electorales para la elección de gobernadores y alcaldes, no obedecen a la estrategia histórica del proyecto histórico de la clase neohegemónica dominante?
La ciencia política universal tipifica el concepto de legitimidad social y política inextricablemente asociado a la noción jurídica de legalidad, pues no puede haber jamás un orden “legal” que presuma de ser legítimo. Toda legitimidad emerge de una determinada legalidad, a su vez fundada en una voluntad soberana expresada en unos sufragios obligatoriamente transparentes, consensuadamente acordados por las partes en disputa que concurren en una confrontación pacífica y legal en procura de alcanzar la credibilidad y la confianza de la mayoría de los electores. Pues, es notoriamente evidente que nada de ello ocurrió en el fraudulento e ilegal evento llevado a cabo el pasado 6 de diciembre. Con razón el 5 de enero sólo 20 países “reconocieron” la “legalidad” y “legitimidad” del mamotreto perpetrado por el régimen autocrático y autoritario de la revolución filomarxista que reina en el otrora país forjador de libertades latinoamericanas… Para muestra un botón: de los casi 28 países que conforman la Unión Europea ninguno reconoce la legalidad del fraudulento evento “electoral” impuesto a troche y moche al país contra la voluntad de un poco más de 85% de los electores que integran el padrón del registro electoral.
Ya el fiero monstruo militarista mostro sus sanguinolentos colmillos sediento de sangre enemiga. La primera Vicepresidenta de la espuria “asamblea nacional “pret á porter” del régimen madurista ha propuesto revocar la nacionalidad venezolana y confiscación de sus bienes en Venezuela a los opositores que se vieron forzados a abandonar el país por temor de ver lesionada su integridad física y de sus familiares por la saña y crueldad del Moloch revolucionario. Ello, constituye delito de lesa constitución y de lesa propiedad y convierte al proponente de semejante adefesio seudojurídico en artífice de soberbia ilegalidad y de terrorismo de Estado.
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