El objetivo central de la primaria abierta es elegir al candidato (a) de la unidad democrática a los próximos comicios presidenciales. De concretarse exitosamente tal objetivo se producirá un cambio de calidad en el contexto político nacional: el oficialismo tendrá enfrente un competidor con capacidad para vencerlo.
La ruta hacia el logro efectivo de ese objetivo está preñada de dificultades importantes por la condición dictatorial del régimen vigente, su vocación continuista a todo evento; y por el déficit de cohesión de las fuerzas democráticas.
Desde el lado de los promotores de la primaria es vital hacer todo lo que facilite su concreción y éxito. En consonancia con lo anterior, lo lógico es desechar, neutralizar todo aquello que conspire contra la consecución del objetivo.
La inhabilitación de dirigentes políticos democráticos es un expediente perverso e ilegítimo de judicialización de la política que el régimen usa para sacar de circulación a figuras con liderazgo. Chávez inició su uso con Rosales, López y Capriles por tener ellos el potencial de retar su continuidad en el poder. Maduro no ha hecho más que profundizar su uso impelido por el mayoritario rechazo nacional suscitado por el fracaso de su gestión gubernamental.
Es natural y legítimo la adopción por los partidos políticos de decisiones afines a su ideario y sus intereses corporativos. El asunto es que cuando se está en una alianza deben moderarse expectativas e intereses particulares para garantizar la pervivencia y eficacia del espacio común construido o en construcción. Más aún cuando el objetivo central de una estrategia compartida puede erosionarse en sus posibilidades, como en el caso del tema de estas notas.
La postulación como precandidatos en la primaria de dirigentes inhabilitados es un error no forzado que no contribuye con el interés general de superar el statu quo vigente ni con el objetivo central de la primaria porque comporta el riesgo de conducirla a un callejón sin salida de alto costo estratégico si el régimen decide, por ejemplo, adelantar la elección (opción todavía no descartada) en vista de que las fuerzas democráticas tendrían problemas para recomponer su fórmula ante previsibles decisiones del CNE argumentando razones legales.
Lo anterior lo argumentamos porque hay dirigentes inhabilitados postulados (aunque todavía no formalizada su condición ante la Comisión de Primaria) por partidos con chance de ganar la nominación. Lo previsible es que ante tal escenario el CNE no proceda a inscribirlos como candidatos. Es conveniente puntualizar que no es lo mismo políticamente impedir la inscripción de un inhabilitado por aquello de “en guerra avisada no mueren soldados” que inhabilitar posteriormente a quien gane la primaria.
Incluso si esa decisión de los partidos se hace con la intención de potenciarse usando a su dirigente con superior respaldo público, el tiro puede salirles por la culata porque potenciales votantes de esa figura enterados de que está inhabilitada no voten por ella o se abstengan de participar porque hacerlo es un acto simbólico, un saludo a la bandera sin efectos vinculantes en términos de la confrontación electoral con el oficialismo. La gente no está para simbolismos sino para acciones efectivas catalizadoras del cambio político.
Las únicas explicaciones que encuentro para esa decisión es que pueda estar pensada con relación al ciclo electoral parlamentario, regional y local anunciado por Maduro para el 2025; o para declinar esas candidaturas antes del 26-6-23 (fecha límite para inscribirse en la primaria) a favor de otro candidato. Pero, si no es para fortalecerse y declinar a favor de otro nombre, se perjudica sin dudas el objetivo de que la primaria sirva para potenciar la competitividad del campo democrático de cara a las presidenciales venideras.
Ante estos riesgos que pueden generar una especie de autogol de la unidad democrática lo sensato y pertinente es que los dirigentes inhabilitados den un paso al costado y sus partidos postulen a otros. Ese gesto de responsabilidad y compromiso (propio de estadistas) sería una contribución enorme a la causa del cambio político. Gestos de este tipo se han producido en el pasado tanto aquí como en otros países latinoamericanos en momentos de lucha contra regímenes dictatoriales.
La unidad democrática debe considerar un plan b por si el ganador (a) de la primaria es finalmente inhabilitado por el régimen en una eventual adopción del formato nicaragüense, como parece sugerir el endurecimiento oficialista ante el proceso electoral.