La persecución de los políticos de oposición, de los precandidatos presidenciales, María Corina Machado en particular, refleja el carácter vandálico y criminal de un grupo de corruptos que insiste, pese al rechazo generalizado, en perpetuarse en el poder.
La persecución se extiende y abarca no solamente a los precandidatos opositores, sino a dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, en general, a todos aquellos que defienden la dignidad de las personas, la libertad, la democracia. Lo más reciente, amenazas e intimidación judicial en contra de Walter Márquez, un defensor de los derechos humanos que lucha contra la impunidad y reclama justicia en nombre de las víctimas del régimen por las violaciones de los derechos humanos en el país. También a opositores vinculados con la elección primaria, en especial, a quienes participan en las juntas regionales y a Jesús María Casal, a quien amenazan con arresto por “recibir fondos del extranjero”, todo ello, evidentemente, con el fin de impedir el proceso primaria que saben no sólo decidirá el candidato opositor y su liderazgo, si no el desprecio que sienten los venezolanos por ese régimen forajido que ha destruido el país.
A pesar de esa realidad y de que los venezolanos exigimos que se respete nuestro derecho de elegir a nuestros gobernantes en elecciones libres y justas, el régimen junto a un grupo de políticos no representativos de la oposición parece lograr que se liberen recursos congelados en el exterior para como lo argumentan falazmente “enfrentar la crisis humanitaria” que traducidos en billones de dólares serían “administrados por las Naciones Unidas” para “suavizar los efectos de las sanciones” impuestas legal y legitimante por algunos países para forzar al régimen a respetar los derechos humanos de los venezolanos y a cesar las torturas, las desapariciones y los asesinatos sistemáticos y a que garantice comicios libres y justos.
Los recursos consentidos por una oposición no representativa del sentir nacional no servirán para paliar la crisis que se debe única y exclusivamente a la corrupción y al fracaso de las políticas públicas de un régimen ineficiente y delincuente que ha impuesto un sistema discriminatorio que provocado la miseria que no logran esconder detrás de los bodegones. Po el contrario, muchos de esos recursos, aunque haya algún control externo, terminaran en las cuentas bancarias de unos pocos vinculados al régimen y en migajas en un proceso electoral dominado por el ventajismo y la corrupción.
Es vergonzoso que mientras el régimen persigue y castiga a la oposición, vulnera sus derechos y se niega reconocer la posibilidad de una elección libre y justa, que no es un regalo, sino un derecho inalienable propio de un sistema de libertades, algunos “comprometidos” e “interesados” apoyen la liberación de recursos para “enfrentar la crisis humanitaria compleja” que vive el país hoy, mas en estos momentos en los que el régimen parece ahogarse ante la ola democrática que en el país ha despertado María Corina Machado.
La comunidad internacional y me refiero a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales debería conocer esa realidad y no caer en la manipulación de un gobierno corrupto y un sector opositor que busca cohabitar con la dictadura sin importarle los derechos que tenemos los venezolanos a vivir en democracia y libertad y facilitar recursos financieros que lejos de beneficiar a las clases más sufridas del país, van a alimentar y fortalecer a la dictadura.