Si algo genera sensibilidades e irritación es la rendición de cuenta, tanto financiera como de gestión. Quienes rehúyen, lo hacen porque confían en que la opacidad es su aliada. Justificar el uso de recursos, decisiones, omisiones y errores provoca nerviosismo, un picor insoportable, no solo en altos cargos, también en las pequeñas jerarquías. La tentación de actuar y decidir sin consultar, es vieja herencia del autoritarismo que, disfrazado de eficiencia, se cuela en resquicios de la sociedad.
Rendir cuenta no es cortesía ni gesto de buena voluntad, tampoco un favor o mueca voluntaria; es necesidad estructural, deber legal, obligación ética y delito, cuando se esquiva. La democracia no se sostiene sobre peroratas vacías, con campañas propagandísticas o relaciones públicas, maquillando realidades. De poco sirve elegir autoridades que operan en tinieblas atracadoras, entre documentos sellados de “confidencial”, caudales manejados sin registro y providencias tomadas en nombre de un supuesto “bien común” que nadie consulta ni conoce.
El filósofo Jürgen Habermas, defensor de la esfera pública como espacio de fiscalización y debate, advirtió que, sin pulcritud, el sistema democrático se convierte en una farsa. Y aquí el problema, no es solo publicar cifras o enumerar proyectos, sino admitir adeudos, reconocer fallos y, cuando corresponda, enfrentar las consecuencias legales. La corrupción no es solo un problema moralista o administrativo; es un crimen que carcome, perpetúa la pobreza y genera una cadena de impunidad que solo se rompe con revisiones efectivas y sanciones ejemplares.
En Venezuela, la falta de transparencia y su negación sistemática, ha sido y es parte del colapso institucional. Un oficialismo es alérgico a mecanismos de control y vigilancia, mientras la crisis humanitaria se profundiza y el éxodo masivo continúa. En este escenario, la ayuda internacional es bienvenida. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) -hoy cuestionada e investigada por desafueros- ha destinado capitales en asistencia, apoyando programas de alimentación, salud y migración. No obstante, sin mecanismos independientes y confiables de auditoría, queda la sombra de la duda, ¿adónde va realmente el dinero?, ¿llega a quienes lo necesitan o se pierde en la red de corrupción y clientelismo? La pureza en el uso de los fondos no solo es un desafío, sino una prueba para la credibilidad de cualquier esfuerzo, evitando ser instrumento de la maquinaria delictiva que ha devastado al país.
Negarse a rendir cuenta no es un descuido ni falta menor, es la base de la corrupción, el abuso y arbitrariedad. Transformarla en trámite burocrático es un engaño deliberado. No hay democracia sin supervisión real ni castigo efectivo para quienes desvían capitales, ocultan información o toman decisiones sin dar explicación. Rendir cuenta debe ser natural, no simplificada en un espectáculo de acrobacias retóricas; habla mucho, explica poco y justifica todo. La cultura de la impunidad ha desvirtuado el deber de informar en una coreografía oficinesca, donde los datos se ocultan tras montañas de cifras incomprensibles y el sometimiento de balances es un acto simbólico sin efectos.
Exigir transparencia no es capricho, y menos molestia, debe ser un hábito saludable para la vida pública y privada; garantía de que el poder no opera impune. Un país que no demanda a sus gobernantes rendir cuenta, está condenado a la descomposición y degradación institucional. Rendir cuenta no es opcional ni negociable; es imperativo inquebrantable, y su incumplimiento, una infracción agresiva que conlleva a sanciones punitivas, y no solo al escándalo mediático que sirve como distracción.
En una sociedad democrática, la rendición de cuenta equivale al chequeo médico, disgusta, pero evita enfermedades mortales. Y, al igual que un paciente ignora sus síntomas, un país que no exige explicaciones está condenado a padecer la desgracia oportunista, la desventura clientelar, la encantadora demagogia y el infortunio de la mediocridad. Porque si quienes son responsables de la gestión pública toman decisiones en nombre de la ciudadanía sin dar explicación, no estamos ante un gobierno sino ante un saqueo organizado.
@ArmandoMartini
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional