He señalado insistentemente la necesidad de una lucha ideológica entre los partidarios de la democracia liberal y sus opositores, partidarios del totalitarismo, aglutinados fundamentalmente en el del progresismo socialista, conocido en las últimas décadas con el eufemismo de socialismo del siglo XXI. En Colombia, este sector se alía con el narcoterrorismo, teniendo como meta la conversión de las democracias liberales en totalitarismos narcoterroristas, las repúblicas democráticas son transformadas en narcoestados.
En Colombia el establishment generalmente se ha doblegado al poder de la coca, desde los setenta cuando surgió el fenómeno de los narcocultivos el Estado le dio preponderancia al diálogo con estos grupos ilegales que a la lucha para su dominación. Solamente entre el 2002 y el 2010 con Uribe y su política de Seguridad Democrática se cambió de paradigma y se buscó que el Estado dominase a los grupos ilegales, para a partir de que estos reconociesen su inferioridad aceptasen un diálogo conducente a la paz.
Con la traición de Juan Manuel Santos que se hizo elegir con las banderas de la Seguridad Democrática, pero ejecutó una de rendición a las FARC, se entró en un nuevo ciclo: el de la entrega del país al narcoterrorismo. Esta entrega se hizo a través de un diálogo en La Habana, que fue en realidad la imposición de los deseos de los narcoterroristas, obtuvieron impunidad total, continuación de sus negocios ilícitos, elegibilidad a cargos representativos y burlarse de la reparación a las víctimas, declarando como sus bienes unas palas, vasenillas y uniformes, además de que las armas las pasaron a Venezuela, para su uso posterior como “disidencias”. A pesar de que el soberano rechazó este nefasto acuerdo, Santos instituyó la dictadura del farcsantismo, haciendo ilegal e ilegítimamente incorporar ese acuerdo en el hilo constitucional.
Todavía no logro entender cómo el país se dejó meter el dedo en la boca de forma tan abusiva, a partir de 2016 las FARC cogobiernan el país, la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, es de hecho un órgano de veto de las acciones gubernamentales, mediante las cuales las FARC imponen su normativa al Estado.
Es por eso que los cultivos de coca se han multiplicado impunemente, que hay una Justicia Especial de Paz, que es una institución creada para indultar al narcoterrorismo e inculpar a todos sus contradictores, especialmente los miembros de la fuerza pública. Obviamente, esto ha tenido como consecuencia el deplorable estado de inseguridad que se vive actualmente en el país.
El gobierno de Duque, ya no queda duda, fue uno de transición hacia la implantación del socialismo del siglo XXI; la incuria de los políticos democráticos en no crear un frente unido contra Petro, desde 2019; la indolencia en no unirse con un solo candidato de derecha, llevó al sainete de la segunda vuelta, en la que el triunfo de Petro estaba asegurado, con un candidato Hernández que nos engañó y que en realidad era un caballo de Troya del socialismo del siglo XXI y con el liberalismo llamando a votar por Petro.
El colmo de la desfachatez fue la sumisión de los partidos democráticos, especialmente el Conservador, formando una coalición de gobierno con quien quiere destruir la democracia, y ahora la farsa de un supuesto deslinde, cuando por mermelada harán un sainete de que están contra las reformas de Petro conducentes a la implantación de la dictadura del socialismo del siglo XXI, pero a la hora de la verdad las aprobarán, con cambios cosméticos para salvar la cara ante la opinión pública.
Esta sumisión del establishment político no solo se queda en la entrega del país a las FARC y la sumisión a los deseos autocráticos de Petro, esto no les es suficiente, van por más: van a convertir a Colombia en un narcoestado, los narcoterroristas dominarán totalitariamente el país, pues ya este establishment acordó con el ELN “examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional», eufemismo que quiere decir transformar la democracia liberal en la dictadura del socialismo del siglo XXI, el modelo de economía de libre mercado por el del socialismo estatista y las doctrinas a que se refieren es la del Estado Social de Derecho que las convertirán en las del “pensamiento de Petro” a la usanza de Lenin, Stalin y Xi Jinping.
Semejante transformación requeriría normalmente de una constituyente para la reforma de la carta magna que estipula el régimen democrático, pero estamos ante la sumisión total al narcoterrorismo, por lo tanto no será menester de tal “formalidad”, para eso se instituyó el el «Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”, otro eufemismo que esta vez significa las asambleas populares en todos los municipios, los “soviets” del ELN, en los cuales como son vinculantes se hará la transformación del sistema democrático colombiano en una dictadura del socialismo del siglo XXI.
Pero esto no es todo, para poder convertir a Colombia en un narcoestado, objetivo del socialismo del siglo XXI, se necesita la inclusión de todos los grupos, por eso la llamada Paz Total, que es la concesión de status políticos al resto de narcoterroristas que quedan fuera de las mesas acordadas, básicamente las “disidencias” de las FARC, el Clan del Golfo y algunos otros capos que hicieron el “Pacto de la Picota”, así estarán incluidos todos los grupos narcoterroristas y se repartirán el país en tajadas, como hizo Maduro en Venezuela con el ELN, las FARC, los “pranes” y demás milicias chavistas. Obviamente, esta concesión de estatus político es ilegal, pero qué importa, “la paz está por encima de todo”, otro eufemismo para señalar que la implantación del narcoestado del socialismo del siglo XXI es lo prioritario.
Todo lo anteriormente descrito está dentro del guion de la implantación de la dictadura del socialismo del siglo XXI, esa que el comunismo internacional impone y al cual todo el progresismo colombiano se adhiere, y hasta se puede entender que liberales y conservadores, meras empresas otorgadores de avales se adhieran, lo que me tiene sin respiración, en estado de muerte cerebral, lo que no entiendo ni puedo entender es el aval de Uribe y por lo tanto del Centro Democrático a semejante empresa criminal, antipatriótica y por lo tanto, por donde se le mire, deleznable.
Las “disidencias” firmaron el acuerdo de paz de Santos-Timochenko, que estipula que quien deserte de él no podrá tener otras concesiones por la paz, ahí está “Gafas”, el carcelero de Ingrid Betancourt, quien firmó ese acuerdo, como negociador de las “disidencias”; eso además de ultrajante es ilegal. ¿Cómo puede Valencia Cossio en representación del CD convalidar semejante aberración jurídica y política? ¿Cómo y por qué Petro «quería un delegado del partido en las negociaciones con las disidencias de las FARC»? Sencillo, porque así hace al CD corresponsable de la entrega total del país al narcoterrorismo, con Lafaurie con el ELN y Valencia con las “disidencias” y seguramente un tercero en la mesa con el “Clan de Golfo” y otro con la “Segunda Marquetalia” y otro con el “Tren de Aragua” y así sucesivamente el CD estará convalidando la conversión del país en un narcoestado. Como Cambio Radical se declara también partidario de la paz y fue copartícipe de la entrega del país a las FARC, no queda oposición a la conversión del país en un narcoestado, es pues la rendición total del país al narcoterrorismo. La esperanza es lo último que se pierde, saldrá de la sociedad civil un liderazgo que no acepte semejante traición a la patria de rendirse a los caprichos del narcoterrorismo y del socialismo del siglo XXI, la República no puede morir por cobardía de su liderazgo.