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En este artículo final sobre una problemática de la regulación de Internet en Cuba y su contexto local y sus posibles efectos en la regulación del Internet en Venezuela, apunta a la presentación de las siguientes conclusiones, después de haber presentado las últimas 4 semanas la necesaria información para dar a conocer esta situación en muchos países y validar o refutar las conclusiones que expongo a continuación:
- Es inevitable una regulación de Internet en todos los países según los usos y costumbres de cada uno, que procederá a filtrar la información de acuerdo con su marco regulatorio especifico, que matizará o ampliará las restricciones de acuerdo con los parámetros legales que responden a la visión social imperante en un momento dado.
- Esta visión del mundo hará, por ejemplo, que en los países de cultura islámica (recordemos que existen 49 países de mayoría religiosa islámica y 1.800 millones de musulmanes en el mundo, según la fuente que se consulte) hagan un esfuerzo sensible por bloquear todo tipo de información que corresponda a la divulgación de otra doctrina religiosa que no sea la fe islámica.
- Igualmente, en dichos países sería inconcebible para sus costumbres la divulgación de patrones familiares o de pareja o de vida sexual basados en las referencias LBGTQ+, por lo cual es muy incómodo y hasta muy peligroso para un usuario que viva en esos países tener páginas web o redes sociales que sean de orientación sexodiversas.
- En términos de seguridad nacional existen países con rigurosos controles de la huella digital del usuario (todo uso de Internet debe estar claramente identificable) y no existe forma de usar estos medios digitales para divulgar ideas políticas contrarias al Estado de Derecho (como ocurre en Alemania con la Oficina de Protección de la Constitución, que apunta principalmente hacia ideas de extrema derecha o grupos neonazis), mientras que en otros casos como Estados Unidos el FBI vigila a las denominadas milicias o grupos armados privados (obsesionados con que un grupo de conspiradores, inspirados en la creación de un Nuevo Orden Mundial, acaben con sus derechos civiles e instauren un régimen comunista y ateo).
- En este mismo orden de ideas, cada gobierno tiene su propia lista de grupos sediciosos, rebeldes o criminales, algunos de los cuales creen que son financiados desde el exterior con propósitos inconfesables de destruir la paz social y entregar la nación a poderosos imperios que piensan reducirlos a la condición de “repúblicas bananeras”. Estos son los argumentos de gobiernos de países como la Federación Rusa, la República Popular China, entre muchos otros países y por ello, tienen poderosos sistemas de control que incluyen la obligación de tener servidores en sus propios territorios o la práctica obligación de utilizar herramientas digitales que sean solamente autorizadas por dichos gobiernos.
- Estos aspectos políticos afectan obviamente la instalación de sistemas globales de Internet de alta velocidad, como Startlink de Elon Musk (Space X), o las propuestas de Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) o Alphabet Inc. (Google), que harían posible en cualquiera de estos casos crear un mundo digital de alta velocidad, totalmente global y gratuito, en pocos años. Tal idea es inaceptable para al menos 147 países que están rigurosamente catalogados en el índice mundial de democracias (55 democracias imperfectas, 39 regímenes híbridos y 53 regímenes autoritarios), como gobiernos que controlan excepcionalmente los medios de comunicación y los conceptos de libertad de prensa, censura oficial y control político interno.
- Se puede llegar a considerar la existencia de delitos informáticos de rango universal, en opinión del autor, muchos de los cuales son apropiadamente señalados en la Resolución 105/2021 de la República Socialista de Cuba que se establecen en el Reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad, que tipifica 17 categorías principales de dichos delitos, muchos de los cuales se acometen cotidianamente en el mundo digital de Venezuela y el mundo.
- Es fácil llegar a un consenso en cuanto a la necesidad de poner coto a los delitos de invasión y secuestro de información privada, envío de virus para dañar equipos informáticos, correos no deseados, ataques contra la dignidad y la individualidad, fraudes comerciales, propaganda invasiva no deseada, entre muchos otros ítems.
- El problema se presenta en cuanto a la utilización de redes sociales o plataformas de noticias, cuando se alegan manipulaciones políticas o casos de ciberterrorismo, lo cual genera problemas de difusión de información o peor aún de censura previa, que generan para el ciudadano el mismo efecto que tiene para el Estado el sobrecumplimiento de las sanciones comerciales y financieras que hacen virtualmente imposible para un ciudadano o corporación de origen venezolano realizar operaciones internacionales de orden financiero, pues automáticamente se le califica de sospechoso y se le niega la universal presunción de inocencia, negándole “a priori” la oportunidad de usar el servicio, sin posibilidad de apelación.
- Existen una cantidad de procedimientos administrativos interesantes de orden legal, en otros países, que pueden servir para ordenar el mundo del Internet en Venezuela y combatir un gran número de delitos informáticos, especialmente si nos guiamos por los principios de Transparencia que podrían reducir en buena parte la cantidad de cuentas robot, que fingen ser personas reales, o la utilización de información intima para fines denigrantes.
- Es obvio que tarde o temprano tendrá que existir una regulación internacional en cuanto al funcionamiento de las cuentas oficiales de los institutos gubernamentales, así como lo referente a las creaciones de perfiles de usuarios y los parámetros de seguridad y privacidad de la información.
- Mientras se llegan a esos acuerdos, de las cuales la más avanzada es la presentada en la Unión Europea en octubre de 2020 y que se denomina Digital Services Act, que abarcará «desde las redes sociales, hasta los servicios de la economía colaborativa, pasando por los motores de búsqueda, la publicidad en línea, los servicios en la nube, los puntos de acceso Wi-Fi, el alojamiento de páginas web, los servicios de mensajería, las tiendas de aplicaciones, las herramientas de comparación, los servicios basados en la inteligencia artificial, las redes de suministro de contenidos y los servicios de nombres de dominio», existirán diversas formas de estandarizar la industrias, de acuerdo con patrones sociales, económicos y políticos propios de cada sociedad.
- En conclusión, al igual que en otras leyes existentes, dependerá de la existencia o no de la manipulación política el correcto manejo de las herramientas judiciales para el buen funcionamiento de la sociedad.
¡Gracias por su lectura!
@daniel_arias_a