Recuento de votos en el estado de Georgia
Las recientes elecciones norteamericanas, la pandemia que nos azota desde comienzos de año y las importantes alteraciones de nuestra vida cotidiana son circunstancias adecuadas para reflexionar sobre la importancia de la confianza en las instituciones públicas.
Las elecciones norteamericanas, con independencia de la personal simpatía que pueda acercarnos a un candidato u otro, ponen de relieve que los ciudadanos necesitan instituciones fiables en las que depositar su confianza, especialmente en situaciones críticas. No cabe duda de que finalmente los procesos que rigen el funcionamiento institucional de la democracia norteamericana se impondrán, como lo han hecho en anteriores ocasiones, como en la elección de Bush/Gore. Lo que interesa en este caso es poner de manifiesto el daño institucional que puede acarrear un comportamiento irrespetuoso con normas que en algunos casos tienen más de doscientos años.
La institucionalidad descansa y se afianza en los procedimientos y plazos. Tomemos ejemplo del recuento del estado de Georgia: si la diferencia del recuento de votos es inferior a 0,5%, este deberá repetirse. Es una norma de seguridad que genera confianza y descarta errores, que siempre pueden producirse. A los ciudadanos, más allá del fastidio de conocer el resultado definitivo, no les cabrá duda alguna cuando finalmente este se realice. El politólogo norteamericano Benjamín Barber nos recordó que los ordenadores son rápidos como la luz; la democracia es lenta como el juicio prudente (tomado de Vallespín). Hasta casi finales de enero, habrá avances y retrocesos en el asunto, pero la fortaleza de la tradición democrática norteamericana hará que triunfen las instituciones.
La pandemia, por su parte, se alarga demasiado a juzgar por el hastío ciudadano. En cada vez más países hay constancia de alteraciones de orden público, algunos saqueos y en general, disturbios motivados por las restricciones que inevitablemente los gobiernos imponen. Aun sin saber el resultado cierto de determinadas medidas coercitivas, los gobiernos se afanan por establecer caminos estrechos de vida cotidiana que ocho meses después constituyen una carga especialmente pesada.
Sin embargo, el elemento esencial de su cumplimiento no está en las medidas disuasorias o las sanciones pecuniarias, sino en el respeto de los ciudadanos a las normas dictadas ,que tiene su anclaje esencial en la confianza en las instituciones. En algunos países asiáticos, quizás por sus raíces culturales confucianas, relativamente triunfadores frente a la pandemia, los gobiernos basándose en anteriores experiencias han conseguido un comportamiento ejemplar y colaborador por parte de los ciudadanos. En definitiva, los asiáticos no siguen las directrices de sus Gobiernos porque su cultura sea así o por la educación recibida. Lo hacen porque su Estado se ha ganado su respeto. (Pacheco, 2020).
De la misma manera, el hastío ciudadano no se consuela con el provenir que nos revela una nueva normalidad no demasiado sugestiva, pues va desde el uso constante de la mascarilla (tapaboca, cubreboca o barbijo), hasta la imposibilidad de cualquier contacto cercano, siquiera sea con personas de extrema confianza. Conforme pasan los meses, además, pareciera como si el ciudadano hubiera sufrido una crisis de realidad: de pronto casi todo lo que era seguro en su vida cotidiana se ha vuelto impredecible, pues la vacuna tarda en llegar, ojalá que sea muy pronto, y no se conocen los remedios para el covid-19.
Aún compartiendo la idea de Ortega y Gasset referida a la crisis (No sé por qué solemos entender la palabra «crisis» con un significado triste: crisis no es sino cambio intenso y hondo, puede ser cambio a peor, pero también cambio a mejor) no dejamos de entrever en los próximos meses una vida menos cercana, más distante y quizás más fría entre las personas.
La confianza en las instituciones, con los cambios que necesariamente habrá que hacer, motivados por las circunstancias y la experiencia, debe mejorar. Pero los gobernantes deben dar ejemplo, apoyando las instituciones y sus reglas, incluso cuando los resultados de sus políticas consiguen que los ciudadanos les den la espalda, aunque sea por poco.
Las instituciones no deben marchar con andar cansino, sin ganas de arreglar los problemas y solo preocupadas por su continuidad. Hay que esforzarse en mejorar las instituciones, que consiste en hacerlas funcionar con los ciudadanos en mente. (Acemoglu, 2020).
Debilitar las instituciones es el mejor camino para liquidarlas y sin ellas no es posible el funcionamiento de la administración pública al servicio de los ciudadanos.