Son varios años los que Venezuela viene soportando una tiranía comunista de la que nunca antes se tuvo memoria en el continente –exceptuando Cuba, lógicamente– y no es menos cierto que en todo ese tiempo la ciudadanía organizada de América Latina entera, los gobiernos democráticos y los organismos no estatales de derechos humanos estuvieron reclamando ante la OEA por la intervención –legal, institucional y humanitaria militar– de esta organización en el país, pero sin resultado concreto. Hoy seguimos, fríamente hablando, en el mismo punto: una tiranía de más de diez años de antigüedad sigue al mando del Estado venezolano.
Hay una Carta Democrática Interamericana que necesita urgente modificación y modernización. Dicha Carta, por acuerdo de los países miembro, bien debería establecer dos reglas de oro e inamovibles. La primera, que los períodos de gobierno en todos los países miembro no puedan exceder, bajo ningún concepto, de diez años. Diez años es más que suficiente para gobernar un municipio, una provincia, un Estado o un país. Es una década en la que un plan de gobierno puede ejecutarse con resultados positivos o negativos.
La pésima noción del “derecho humano” para la permanente y eterna “reelección” en cargos públicos quedaría sin efecto y no habría interpretación en contrario: por regla de la OEA ningún ciudadano latinoamericano puede ejercer un cargo público electo por más de diez años. Esto para evitar que las administraciones ejecutivas de los Estados miembro superen la década y se anquilosen en el mando, y se conviertan en “aparentes democracias” pero que en los hechos son regímenes totalitarios.
Algunos Estados de América Latina, como Bolivia, abusan de la noción de democracia. Varios Estados creen que llamando a sus poblaciones a votar permanentemente en revocatorios, consultas y otras figuras jurídicas de participación ciudadana fortalecen la democracia. No es tan evidente: lo que sí debiera ser una política continental es lo que ya expresamos: que ningún gobierno de los países miembro pueda estar en funciones por más de una década. Y ante esa política de oro no exista ningún artilugio jurídico ni chicana que pueda derribar ese mandato de la OEA. De violarse ese mandato –del máximo permitido de los diez años de gestión al mando de un país– se aplicaría una segunda regla de oro de la Carta: sería la inmediata intervención humanitaria militar.
Si por acuerdo de países miembro se establece que ningún ciudadano del continente pueda gobernar su país por más de diez años, al primer día de cumplido el plazo ese presidente o gobierno se convierte, automáticamente, sin necesidad de ninguna declaración ni deliberación, en un gobierno de facto y ahí entra la OEA con su intervención militar humanitaria para remover a ese gobierno de facto y colaborar en llamar elecciones inmediatamente. Para las intervenciones militares la OEA, vía su renovada Carta, debería establecer una fuerza permanente de vigilancia de la libertad y cumplimiento de la Carta con fuerzas militares de todos los países miembro.
Gobernar un país por más de diez años no es éticamente correcto. Hay un desgaste natural de los dirigentes, de sus propuestas e ideas y hay un obvio engolosinamiento de usar el poder a discrecionalidad. Nadie puede tener la mente lúcida por más de una década al mando de un Estado. No hay líderes iluminados en esta era de la tecnología. No hay pueblos que quieran mesías diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Y finalmente está el criterio democrático liberal de la alternabilidad: dejar que otros y que nuevas generaciones puedan dirigir el Estado y la sociedad. Siempre es mejor estar renovando ideas permanentemente. Y contra ese argumento no existe el argumento de “la voluntad del pueblo” o “el pueblo quiere que me quede”. El pueblo es una construcción totalmente filosófica.
Las nuevas generaciones quieren hoy vivir en sociedades altamente modernas y tecnológicas y dirigidas con menos fuerza, éticamente responsables con el medio ambiente y comprometidas con la libertad.
Los juristas podrán argumentar cualquier cosa, pero resulta obvio que la OEA le debe una generación a Venezuela. Millones de jóvenes que salieron del país con 15 años de edad han perdido una década de sueños, esperanzas y están desarraigados de la patria. Esta podría ser una nueva doctrina continental: la democracia debe renovarse obligatoriamente cada década.
Urge que la OEA pase a ser un mecanismo deliberante, pero al mismo tiempo ejecutor y urge cambiarle su visión para que sea un instrumento de vigilancia de la democracia y la libertad.
@BorisSGomezU