El madurismo ha destrozado a Venezuela en todos sus componentes políticos y económicos, y especialmente los institucionales y sociales, los cuales afectan con mayor rigor a la población, y en vista de que no existe un plan ordenado de recuperación de tales espacios que marcan la vida del ciudadano común, es necesario comprender que en el momento de recuperar al país en términos de una democracia con amplias libertades constitucionales, se hace necesario valorar que la recuperación económica para que pueda tener éxito requiere ir en su praxis de manera simultánea con la educación y la salud; caso contrario, cualquier plan que sea lanzado en ese contexto concluirá en el más rotundo fracaso.
Por ello, somos del criterio de que la administración pública, comenzando por el Poder Ejecutivo, debe ser reducido en su número exorbitante de ministerios que no solo complican los trámites de naturaleza pública, sino que estos se convierten en vulgares alcabalas para la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias.
En tal sentido, los nuevos órganos sobre los cuales sugerimos desmontar la palabra “ministerios”, que morfológicamente suena a pequeños “misterios” y que desgraciadamente ha sido prostituida en todos sus órdenes implícitos para el servicio de nuestro país. No es sustituir una palabra por otra, es comprender que esos vicios deben ser desterrados. De hecho, es curioso que en la llamada “revolución” a todo le cambiaron el nombre de sus antecesores, menos a la palabra “ministerio” –¿casualidad o causalidad?– y por ende, consideramos llamarlos institucionalidades y sus representantes serían institucionantes, que como garantes del orden y el servicio público serían:
1) Institucionalidad para la Educación y la Salud: somos del principio que tanto la educación como la salud deben ir plenamente articulados. Sin educación no hay salud, y sin salud no puede existir educación. Sería una institucionalidad cuyos parámetros de vinculación educativa, sanitaria, presupuestaria y humana estarían al servicio de las necesidades más inmediatas de la población.
Cada escuela y liceo debe tener un centro de atención primaria –consultorio– asistido por los médicos y enfermeras, que a su vez se convierten en módulos comunitarios de salud. Debe comenzarse por establecer el número de médicos que tenemos en cada uno de los estados y municipios y sus posibilidades de consulta en los planteles.
Igualmente, entre ambos entes debe coordinarse el cómo será la educación sanitaria y pedagógica, máxime en tiempos en los cuales han retornado a Venezuela enfermedades desterradas como la malaria o la tuberculosis, o en su defecto vemos cómo el llamado coronavirus hace estragos en China, y países como los nuestros carecen de cualquier estructura asistencial y educativa para enfrentar un virus semejante.
Ante las dificultades inmediatas de alimentación, se necesita aproximadamente de un dólar diario por cada estudiante para brindar tres comidas diarias, incluyendo sábados, domingos y feriados para una población escolar, universitaria y asistencial, además de la laboral en ambos campos de aproximadamente 10 millones de venezolanos, lo que equivaldría para el primer año de medidas económicas y sociales de 300 millones de dólares mensuales, es decir, cerca de 3.600 millones de dólares en el primer año. Esto sería indispensable, y con ello no solo evitaríamos la deserción estudiantil y profesional en los sectores prioritarios de Venezuela, sino que volveríamos a garantizar a la población más vulnerable el derecho a la alimentación, y se reduciría drásticamente la emigración venezolana.
Para obtener estos recursos necesitaríamos un mínimo de 200.000 barriles diarios de petróleo con un valor promedio de 50 dólares por unidad que sean efectivamente exportables. Ese sería uno de los acuerdos que deben ser firmados sin excepción como forma de garantizar a través del tiempo que este derecho y necesidad social nunca será interrumpida. Una ley deberá perfeccionar el cómo será esta articulación y quiénes serán los garantes y administradores de esos recursos en cada escuela y centro asistencial. Obviamente que para los dos o tres primeros años requerimos o bien un donativo o financiamiento especial que nos permita iniciar en lo inmediato de ese plan.
2) Construcción de nuevos planteles y modernización de universidades y centros asistenciales: no podríamos salir del atolladero si no comprendemos que la inversión requiere de nuevos planteles y equipamiento del más alto nivel. La crisis nos ha colocado en un enorme atraso tecnológico, máxime porque nunca ha habido un plan articulado entre educación ni salud, y menos con el resto de los componentes del Estado. Si asumimos que esa población de 10 millones de personas vinculadas de manera directa con la educación y la salud requieren como mínimo una inversión de 1.000 dólares por cada uno de ellos, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Es lamentable que un país que llegó a recibir hasta un promedio diario de 200 millones de dólares entre 2006 y 2011 no haya realizado las inversiones necesarias sobre lo que teníamos, sino que se dedicó a “crear” llamados “elefantes rojos” en desmedro de lo que existía, y de allí vino la corrupción y el desastre.
Ante ello asumimos que si una escuela o liceo tiene 1.000 estudiantes distribuidos en unas 40 aulas con un promedio de 25 estudiantes cada una, esto quiere decir que esa escuela en recuperación de infraestructura y dotación tecnológica, en donde incluso cada estudiante pudiera tener su computadora en su espacio pedagógico y el docente su pizarra tecnológica, estaríamos hablando de 1 millón de dólares por escuela que atendería al doble de su población por estar el horario escolar sujeto a dos turnos –mañana y tarde, e incluso en la noche para el sector adulto que lo requiera a nivel de bachillerato y universitario-.
En este contexto, hablamos de que si tenemos 10 millones de estudiantes en todos los niveles y en cada espacio atendemos a 2.000 estudiantes, entendiendo que hay escuelas, liceos y universidades con un poco más o un poco menos de matrícula educativa, aunque en todo caso son las analogías válidas para este análisis, necesitaríamos la remodelación o construcción de 5.000 planteles, verbigracia, pues se necesitarían 5.000 millones de dólares en este campo, los cuales en un periodo de 3 años sería perfectamente posible alcanzarlos con nuestros propios recursos sin necesidad de endeudamiento, o bien por vía impositiva o de exportaciones petroleras, o de concesiones en áreas como las telecomunicaciones o vías férreas.
Sobre la salud, a partir de la determinación que se realice sobre el número de centros hospitalarios que en nuestro país son clasificados en Tipo I, II, III y IV, la referencia sería similar para la recuperación de quirófanos, dotación médico-quirúrgica, equipos médicos, insumos asistenciales y medicinas. A nuestros hospitales asisten pacientes desde simples hasta las más complejas patologías. Por ello, si nuestra población con necesidad asistencial se sitúa en 3% por día, esto quiere decir que estaríamos rozando el millón de personas diarias en promedio, algo así como 50.000 por estado, esto quiere decir, los que están presentes en esos hospitales, consultorios, o cumpliendo sus tratamientos en sus casas, y si en cada una de estas se ajusta una inversión inicial de 100 dólares diarios por cada una de ellas –para valorar, equipamiento, remodelación, reconstrucción de infraestructura, ambulancias, etc.–, estaríamos hablando de otros 300 millones de dólares mensuales, al igual que la alimentación con la cual iniciamos este conjunto de necesidades. Es decir, otros 3.600 millones de dólares que en la medida que sean cubiertos, estos a diferencia de la alimentación irían en plena reducción hacia el corto, mediano y largo plazo en la medida de la recuperación de la economía, y las necesidades de salud más sentidas de la población.
Por supuesto, que lograr tales acciones requiere devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela en materia de política cambiaria y monetaria para evitar la emisión de dinero inorgánico que nos ha llevado a este desastre hiperinflacionario, y diseñar un nuevo plan fiscal, basado en ingresos reales con un Impuesto al Valor Agregado sugerido entre 7% y 10%, que a su vez permita elaborar un presupuesto entre la renta petrolera esperada y la recaudación en sus componentes de tributos nacionales. Asimismo, lo ideal sería que un mínimo de 50% por recaudación de IVA quede en sus respectivos estados y municipios tanto a gobernaciones como alcaldías, para que tales entes, además del dinero que les ingresa por situado constitucional, puedan tener ingresos propios para sus necesidades regionales y municipales, y que esos recursos sean administrados por las propias comunidades.
Resulta obvio que la Contraloría General de la República y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional serán los principales garantes en la auditoría y control de esta institucionalidad, que bajo esquemas de nuevas leyes puedan darle forma a un esquema diferente en materia de atención global con las necesidades más inmediatas del país; algo que, obviamente, jamás pudiera desarrollarse y menos ejecutarse con el madurismo en el poder.