La inesperada salida de más de 50 oficiales de alta graduación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se hizo como con la varita que utilizan los baristas para quitarle espuma en exceso a su producto. “Descremar el café”, dicen. No en vano, ahora se habla de barrida sin que nadie proclame una masacre laboral, como se haría en otros campos empresariales. Total, todos estos señores oficiales tienen una buena pensión que para nada les afecta su supervivencia cotidiana. En tal ejecutoria, como lo dijo el propio presidente, “las decisiones tienen grados de injusticia, no son perfectas”, pues no todos los llamados a calificar servicios están involucrados en investigaciones penales, administrativas o disciplinarias. Sería largo y dispendioso hacer la relación con los “pecadillos” de los que salieron, algunos de ellos aún en período de prueba, pero desde la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares se señaló en privado y por adelantado, la relación de algunos de los defenestrados.
Argumentar que los nuevos comandantes militares y de policía no tienen la experiencia de sus antecesores en inteligencia y contra el crimen organizado transnacional es una presunción. El que no sabe aprende, aprendieron desde la Escuela Militar y ahí están los suboficiales que todo lo conocen. No es tan difícil, aunque táctica y estrategia requieren cierto esfuerzo de aprendizaje. Un caso excepcional es el de sanidad, al cual dedicaremos algunas líneas posteriormente.
Por otra parte, impartir la orden pública de que cualquier masacre o atentado contra alguno de los líderes sociales conlleve una anotación en la hoja de vida, que hoy en día se hace, de los comandantes jurisdiccionales, debe realizarse previa investigación, fácil o compleja, corta o larga. Si bien se aprendió desde la Escuela Militar que el comandante es responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos, es claro que los recientes incidentes mortales que afectan a los llamados “líderes sociales” no forman parte de la responsabilidad de unidades militares sino de sicarios motorizados en su guerra por las rutas de salida de la cocaína hacia el pacífico o hacia la frontera colombo-venezolana y por el control de los cultivos prohibidos. Con la ONU estamos de acuerdo, pues es el deber prioritario de militares y policías en todo el país preservar la vida de los ciudadanos.
La pregunta subsiste: ¿En dónde están las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de la Personería local? ¿Con qué criterio operacional actuará un comandante militar frente a las mencionadas alertas? Lo del presidente es una orden general, confusa y que llama a engaños. Ante una orden poco clara, amenazante si se quiere, que rememora a algunos comandantes militares o policiales atrabiliarios e ignorantones, no queda otra opción diferente a la de acatar la instrucción y que alguien de confianza ¿ministro de Defensa? le hable al oído al presidente. Desafortunadamente, el nuevo funcionario ministerial no goza de toda la simpatía y solidaridad de los cuerpos armados de Colombia. De ahí a que se desarrolle una campaña política que, junto con la propuesta de reforma constitucional, alargue el periodo presidencial a 6 años, da para pensar que estamos siguiendo el advertido mismo patrón socialista que hace furor por estos días en la región, de convertir la fuerza pública en una guardia pretoriana para garantizar la seguridad de los ahora dueños del poder. Como en la Venezuela de la “brisa bolivariana”.
Ayer por la tarde el ministro de Defensa y su presidente pospusieron la ceremonia de reconocimiento a los generales de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en un desplante histórico e inaceptable de un primer mandatario a los mandos militares y policiales.
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