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Mis dos últimas columnas me han permitido dialogar, reflexionar y debatir con amigos y relacionados sobre la agenda política, la conducción de la oposición y la estrategia a asumir en este y el próximo año. He recibido opiniones favorables a mis planteamientos, así como críticas a los mismos.
Mi planteamiento de impulsar una campaña de motivación, orientación, organización para sacar a Maduro de la presidencia, utilizando el recurso establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional, es decir, a través del referéndum revocatorio, ha permitido examinar con mayor detenimiento importantes elementos de la realidad y de los valores que orientan la vida política.
Ante ese planteamiento he recibido la observación de la legitimación del usurpador. Varios amigos han sostenido la tesis, según la cual, convocar o asistir al mismo equivale a admitir que Nicolás Maduro es un presidente legítimo, elegido de forma transparente en cumplimiento de los principios constitucionales ordenadores de la vida política.
Considero esa tesis un sofisma. A una persona podría parecerle cierta de entrada, ofrece a primera vista la impresión de ser verdadera, pero al examinarla en todos sus elementos observamos su falsedad.
Un evento o acto ilegal y fraudulento lo es por su esencia en el momento en que nace o se ejecuta, y esa naturaleza en su nacimiento no cambia por evento o acto posterior. La elección fue fraudulenta, y eventos posteriores no la cambian. Es la ilegitimidad de origen.
Puede ocurrir que el usurpador adquiera legitimidad posteriormente, por eventos políticos y electorales, o por su desempeño. Pero esa legitimidad posterior no borra la ilegitimidad del acto original. Por ejemplo un actor político que asume el poder por un acto fraudulento o de fuerza, y luego, pasado un periodo de tiempo, concurre a un evento electoral transparente, ajustado a derecho, y gana, se legitima. A partir de ese evento es un gobernante legítimo. Ese evento posterior no le quita al acto de fuerza o al fraude anterior su ilegitimidad. Cambia la naturaleza del mandato y su ejercicio a partir del evento en el que ha adquirido la legitimidad.
De modo que el evento electoral del 20 de mayo de 2018 es ilegítimo y fraudulento por la forma en que ocurrió. Esa naturaleza no cambia porque se solicite el referéndum, o porque en una nueva elección ajustada a derecho el usurpador gane y se legitime.
Los demócratas venezolanos no debemos detener nuestra acción política por ese debate jurídico. Tampoco se trata de resolver un dilema ético. Se trata de utilizar un recurso que él mismo texto constitucional ofrece. Hay una realidad inocultable: Nicolás Maduro está ejerciendo en la Presidencia de la República. Está instalado en Miraflores y tiene el control militar y político del país.
Quien está obligado a demostrar, como lo alega, que es un presidente constitucional es él. Si Maduro se autocalifica presidente constitucional está obligado a concurrir al referéndum revocatorio. Si ante ese recurso político y jurídico reproduce su conducta fraudulenta e inmoral crecerá su ilegitimidad, y abrirá nuevas causas y situaciones políticas por el proceso de usurpación en el que se encuentra inmerso.
Se trata, entonces, de aprovechar el recurso del artículo 72 constitucional para lanzar un ambicioso plan de organización y activismo político, capaz de movilizar a la ciudadanía contra el régimen usurpador.
Es una ventana que no debemos nosotros, los demócratas, cerrar. Si se cierra que sea por obra de la camarilla roja, pero no porque haya faltado iniciativa, determinación y coraje en la sociedad democrática a la hora de acometer las pocas opciones disponibles en la búsqueda de la restauración democrática.
Si los demócratas chilenos se hubiesen detenido a considerar la naturaleza ilegítima e ilegal del acceso al poder de Augusto Pinochet, y hubiesen decidido no asistir al referéndum del 5 de Octubre de 1988, la dictadura chilena se hubiese extendido, por lo menos, hasta marzo de 1997. Pero la oposición vio en dicho plebiscito una oportunidad para construir capital político, para buscar el fin de aquel régimen, y lo lograron.
Nosotros tenemos ya, a nuestras puertas, una oportunidad que no podemos dejar pasar. En un país, en las condiciones en las que nos encontramos ahora los venezolanos, el proceso preparatorio de dicho referéndum debe comenzar de inmediato. El tiempo disponible para cumplir todas las tareas requeridas es limitado.
Otro elemento presente en la preocupación de diversos sectores políticos y ciudadanos, frente a la alternativa del referéndum
revocatorio, es la ya conocida naturaleza fraudulenta del sistema electoral venezolano. Un distinguido amigo me comentó: “mientras Maduro controle el CNE no podemos asistir a ningún evento electoral.”
Asumir esa postura de entrada constituye igualmente un error. Conocemos los elementos fraudulentos introducidos por el militarismo madurista en el sistema electoral. La posibilidad de combatirlo pasa, por contar con una poderosa organización política de la sociedad, que sea capaz de exigir correctivos y de mostrar a propios y extraños los vicios.
El fraude contra el pueblo del estado Bolívar en las elecciones de Gobernador del año 2016, se pudo evidenciar fehacientemente, gracias a la determinación de Andrés Velásquez en estar presente en dicho proceso, y demostrar la forma como desconocieron la voluntad ciudadana.
Cada momento, cada evento constituye una circunstancia diferente que ofrece oportunidades u obstáculos distintos. No hay duda del agravamiento de la situación del país en estos últimos tiempos. Ha crecido el repudio a Maduro y su camarilla, así como su cuestionamiento en la comunidad internacional. Se han profundizado las contradicciones en el seno del régimen. Esas variables impactan el ambiente en el cual se desenvuelve la vida política nacional, y tendrán su efecto en la acción que adelantemos desde la oposición.
Condicionar nuestra participación y acción hasta que tengamos un CNE potable, sería paralizarnos en el campo de la política. Pero sería, además, una ingenuidad de nuestra parte, conociendo como conocemos, la vocación hegemónica y abusiva que los caracteriza.
Debemos lanzar la lucha, de forma unitaria, buscando avanzar hacia el objetivo. Si los demócratas chilenos se hubiesen inhibido de concurrir al referéndum en 1988 porque el árbitro estaba en la misma sede el Ministerio del Interior, no hubiese sido posible rescatar la democracia en ese tiempo.
Si logramos unir a todo el país, movilizarlo y activarlo con ocasión de la fecha del referéndum revocatorio, si además, logramos un apoyo amplio de la comunidad internacional, incluyendo a actores que han estado respaldando al régimen; y si adicionalmente tenemos en cuenta la precaria situación del régimen y sus contradicciones, podemos abrir un cauce por el que lleguemos al rescate democrático.
No se trata de crear falsas expectativas. Se trata de asumir con determinación una hoja de ruta clara. Las otras que se han planteado en el debate son más complejas y menos factibles, por lo menos, en estos tiempos.