OPINIÓN

Quinta semana de huelga indefinida de los Letrados de Administración de la Justicia en España

por Pablo de Palacio Pablo de Palacio

Foto: La Nueva España

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) afrontan su quinta semana de huelga indefinida ante la infructífera negociación con el Ministerio de Justicia para alcanzar un acuerdo que desconvoque la movilización.

Tras la reunión maratoniana del jueves pasado, los reproches entre las partes confrontadas son bidireccionales. Desde el Ministerio de Justicia se acusa a los LAJ de negarse a desconvocar la huelga para “avanzar en el diálogo y la negociación”, así como de haber “elevado las exigencias salariales con un planteamiento que supondría una cláusula de doble enganche, es decir, una doble subida salarial que pasaría por cobrar 85% de lo que gana un juez”.

En contraposición, el Comité de Huelga reprocha al ministerio de Pilar Llop la “absoluta irresponsabilidad por parte del equipo ministerial de no negociar con el Comité de Huelga pese a haberlos convocado” recordándoles que “son los únicos responsables del tremendo daño que se está causando a la población española y a los operadores jurídicos”.

El Comité de Huelga –formado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)– ha reclamado la presencia de la ministra Pilar Llop en persona en la próxima reunión “para garantizar el diálogo honesto que anunció en el Congreso” tras la desastrosa reunión del pasado 16 de febrero.

Y es que los datos que manejan los convocantes de la huelga son escalofriantes. Más de 152.000 vistas habrían sido suspendidas y 600 millones de euros estarían bloqueados en las cuentas de consignaciones de las distintas oficinas judiciales pendientes de ser entregados a los ciudadanos.

La huelga: desde dentro de los juzgados

La huelga indefinida de los LAJ ha puesto en jaque, nada más y nada menos, que a uno de los tres poderes del Estado. Y es que en la semana que se cumple el primer mes de paro indefinido –la huelga se inició el pasado 24 de enero– la situación dentro de los juzgados y tribunales es insostenible.

El juez titular del Juzgado Penal N°11 de Barcelona, José María Asencio Gallego, ha recordado que “las sucesivas reformas legislativas desde el año 2009 han ido aumentando progresivamente las competencias de los Letrados de la Administración de Justicia y, pese a ello, su retribución ha permanecido estática”.

Asencio también ha advertido que “el Ministerio de Justicia llegó a un acuerdo con los Letrados de la Administración de Justicia en abril de 2021 y este ha sido incumplido de forma manifiesta” y concluye que “los Letrados de la Administración de Justicia son el alma de los juzgados. Dirigen la oficina judicial, tienen las competencias en materia de fe pública judicial. Sin ellos, la justicia no puede funcionar”.

El Comité de Huelga: esperanzado con Pilar Llop

El Comité de Huelga, por su lado, mantiene la esperanza en que sea la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, la que desbloquee esta situación tras las buenas intenciones expresadas en el Congreso de los Diputados.

Patricia Gimeno, letrada de la Administración de Justicia e integrante del Comité de Huelga por UPSJ, ha declarado a preguntas de El Nacional que es necesario que “la ministra Sra. Llop se incorpore a la mesa de negociación y la acepte positivamente, tal y como expresó la semana anterior”.

Además, Gimeno ha recriminado que “el secretario de Estado pensó que duraríamos 2 días y no pensaba sentarse en la mesa” concluyendo que “ahora la torpedea”.

En un comunicado hecho público este domingo, el Comité de Huelga asegura que están dispuestos a reunirse “este mismo lunes” y reiteran la necesidad de que la ministra de Justicia se incorpore a la mesa de negociación para “resolver el mayor problema que tiene la justicia española desde siempre, demostrando que realmente le preocupan los derechos de los ciudadanos españoles”.

¿Cómo se vive desde la abogacía?

El Consejo General de la Abogacía Española emitió un comunicado por el que solicitaba que “se notifiquen con suficiente anticipación a las partes implicadas en señalamientos la suspensión de los mismos” asegurando que “obligar a los profesionales y a los justiciables a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos que en ocasiones los convocantes saben con anticipación que no se celebrarán supone un injusto castigo adicional a quienes ya antes de que comenzase la huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales”.

José María de Palacio, abogado del bufete Palacio Lassaletta Abogados, recuerda que “la negativa, obstrucción u omisión del Ministerio de Justicia de sentarse a negociar con el Comité de Huelga podría constituir un mal funcionamiento de la Administración susceptible de ser indemnizado por la vía de la responsabilidad patrimonial”.

El abogado asegura que “la situación es de extrema gravedad porque supone la paralización de uno de los tres poderes del Estado” y advierte que “el dinero bloqueado en las cuentas de consignación judicial debería devolverse al ciudadano con intereses de demora dado que la dilación en su entrega responde únicamente al anómalo funcionamiento de la Administración”.

Con todo ello, de Palacio se muestra “partidario de que los Letrados de la Administración de Justicia exijan los derechos que les son propios, sobre todo tras el incumplimiento de los pactos alcanzados en abril de 2021” e insta al Ministerio de Justicia a “adoptar una actitud de diálogo que permita desencallar la negociación con el Comité de Huelga y devolver a los ciudadanos la normalidad del Poder Judicial”.

Así es como empieza la quinta semana de huelga de los LAJ en España, con un grito desesperado de los distintos integrantes de la Administración de Justicia al diálogo y a la negociación, así como con una necesidad imperante de que se desbloquee cuanto antes el conflicto que mantiene, hasta la fecha, bloqueados más de 600 millones de euros en las cuentas de consignaciones de los juzgados.