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No es exagerado pensar que en Venezuela no tenemos una idea clara acerca de cuál es el papel del juez en la sociedad. Esta presunción viene cuando asistimos a capítulos infames de nuestra historia, como aquel de nombrar jueces. Al filo de la medianoche, con alevosía, producto de una ruin maniobra política. Acto capaz de asestarle un madrugonazo a la Asamblea recién electa por los ciudadanos en 2015. Una pérfida picardía que designa un tribunal que contraviene todas las normas universales y que posteriormente reta a los ciudadanos al elegir presidente del tribunal más importante del país a un individuo que exhibe un prontuario penal reconocido por todo el país. Es la visión de una ciudadana más sin ser experta en derecho.
Este episodio forma parte de todo el proceso que hemos vivido los últimos veinte años, la destrucción del Estado de Derecho y el feroz ataque a la identidad del juez que representa la ley; tal como definen en los textos jurídicos cuando asientan que el Estado de Derecho se distingue por institucionalizar jurídicamente la democracia: “El derecho es la base fundamental para controlar el poder político y para ejercer los derechos y libertades de los individuos de una sociedad en el modelo democrático de Estado. “Las actuaciones de los jueces y de los órganos del poder están sujetas a lo expresamente establecido por la ley y tienen como límite el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”.
Los jueces, a través de sus sentencias, buscan afianzar derechos fundamentales con el objeto de hacerlos efectivos en el Estado democrático, tal es la tarea en España de la institución denominada Jueces para la Democracia; en Italia con la Magistratura Democrática y el Movimiento por la Justicia; en toda Europa por los Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades. Entre nosotros el meritorio Foro Penal integrado por infatigables e incorruptibles abogados, nobles ciudadanos.
La cruda verdad es que la corrupción de la identidad de la juez ocurrida en Venezuela garantiza la imposición de un poder sin límites del Poder Ejecutivo o presidente de la República. La única institución que puede controlar la toma del poder por grupos, sectores o líderes son los jueces desde sus tribunales al promulgar sentencias que ponen límites a las ambiciones desaforadas de algunos personajes o grupos que deciden gobernar de espaldas y fuera del dominio de la ley y de la Constitución.
Es motivo de reflexión el constatar que la violación en el proceso de designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia no haya desencadenado una profunda conmoción de la sociedad que recela peligros para su libertad y se desvanezca como un acto político más, con escasa trascendencia. Una acción ejecutada sin disfraces por aquellos que quieren conservar el control político a toda costa. Ni siquiera los partidos políticos defensores de la democracia y la libertad asumen esta tarea como una misión indelegable, impedir que los tribunales, en todos sus niveles y responsabilidades sean ocupados por militantes de una ideología contraria a los principios democráticos. En estos partidos no se enfrenta la usurpación del Poder Judicial a todo lo largo y ancho de sus obligaciones morales y legales, siendo en realidad una castración de la posibilidad de actuar y representar al ciudadano, en sus derechos y deberes. Cuando se desnaturaliza el acto de selección de los integrantes del Poder Judicial se elimina toda posibilidad de existencia de una democracia donde derechos y deberes formen parte de la cotidianidad ciudadana.
Nombrar jueces sin méritos no es un episodio más de la tragedia política del país, es en realidad la negación de la posibilidad de transformar poderes absolutos -autocráticos en una sociedad democrática establecida como escenario propio de la ciudadanía. Es tan delicado como existir sin médicos y medicinas para curar nuestra salud física y mental. Subordinar jueces bajo los designios de un poder dictatorial es negar la posibilidad de la existencia de la democracia.
Es perentorio por tanto comprometerse con una tarea indelegable, difundir a lo largo y ancho del país, en todos los estratos, sectores y regiones, el conocimiento sobre la importancia de estar regidos por jueces imparciales, responsables de hacer cumplir la ley, defender el estatuto de derechos y deberes que la sociedad ha decidido como su fundamento constitucional.
Sin jueces, honestos, probos y capaces nunca habrá Estado de Derecho como sustancia intrínseca de la democracia. Veamos con objetividad quiénes son los jueces designados de forma turbia y engañosa por el actual régimen. Merecemos los venezolanos tener jueces sin competencia, ni poder moral. Es obligatorio rebelarse contra las violaciones cometidas en esta materia. Es fundamental que reflexionemos sobre el alcance e importancia de ser juez en una sociedad, cuáles son sus responsabilidades, cómo obliga y castiga el incumplimiento de la ley. Es imprescindible si aspiramos a tener una mejor sociedad para las nuevas generaciones y para nosotros también, hoy.
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