Las infames acusaciones de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez contra Juan Guaidó, de estar negociando la entrega del Esequibo a cambio del apoyo de la Gran Bretaña, me obligan a escribir este artículo, el cual iniciaré con una breve reseña histórica del despojo territorial que sufrió Venezuela por parte de Inglaterra.
En 1777, al crearse la Capitanía General de Venezuela, se estableció el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, como frontera oriental entre dicha Capitanía y los territorios coloniales de Holanda. El mapa de la Gran Colombia de 1819 así lo muestra. En 1814, Gran Bretaña quedó en posesión de esos territorios coloniales, los cuales constituyeron, a partir de 1831, la Guayana Británica. El gobierno británico, en su afán expansionista, estimuló el avance de colonos al oeste del río Esequibo. Ese avance permitió establecer arbitrariamente un nuevo límite mediante las líneas Shomburgk: la primera, 1834, en la cual se le concedía indebidamente a la Gran Bretaña, 4.290 km²; la segunda, 1839, que incrementaba el despojo a 141.930 km². Ante ese atropello, Alejo Fortique, representante de Venezuela ante Inglaterra, presentó formal protesta.
Esa protesta se mantuvo en el tiempo, hasta 1897, fecha en que se logró la firma del Tratado Arbitral de Washington con el objeto de resolver la controversia mediante un arbitraje. Sin embargo, el poder imperial británico y la debilidad del gobierno de Ignacio Andrade, facilitaron el impedimento para que Venezuela tuviera una propia representación en dicho arbitraje, la cual fue asumida por Estados Unidos. El tribunal arbitral, el 3 de octubre de 1899, falló, de manera unánime, a favor de Inglaterra. El 4 de octubre Ignacio Andrade protestó la decisión, aunque Cipriano Castro, ya en el poder, la aceptó y ordenó demarcar los nuevos linderos en diciembre de 1899. En 1948, a la muerte de Severo Mallet Prevost, uno de los supuestos abogados estadounidenses defensores de Venezuela, se hizo público un documento que revelaba la negociación secreta que provocó la sentencia contraria a Venezuela. Ante tan comprometedor documento, el gobierno de Raúl Leoni denunció ante las Naciones Unidas la írrita decisión del Laudo Arbitral de París. Esta acción condujo a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, la Gran Bretaña y su colonia Guayana Británica en el que las dos últimas reconocían la reclamación venezolana. Un gran triunfo diplomático.
Dicho acuerdo dejó sin efecto el Laudo Arbitral de 1899, pero mantiene el statu quo existente antes de la firma y establece la creación de una comisión mixta, la cual debería encontrar en un plazo de 4 años «una solución práctica de la controversia». Esa comisión se reunió en París en varias oportunidades sin lograr alcanzar un acuerdo. Una vez vencido el plazo, Venezuela propuso lo que se conoce como el Protocolo de Puerto España, con el fin de congelar el Acuerdo de Ginebra por 12 años. En 1982, Venezuela decide no ratificar dicho acuerdo, regresando la controversia a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. En 1983, Venezuela propone la negociación directa entre las partes. Guyana no acepta, planteando que la controversia fuera resuelta en algunos de los siguientes organismos internacionales: Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, o Corte Internacional de Justicia. Venezuela, por su parte, propuso que el asunto quedara bajo los auspicios del secretario general para ser resuelto mediante alguno de los medios de solución pacífica de las controversias establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. En 1987, Guyana y Venezuela deciden aceptar los buenos oficios.
Ese era el estado de las negociaciones entre Venezuela y Guyana, ampliada con la firme posición hecha pública por Venezuela de no reconocer ninguna concesión o proyecto de desarrollo que se hiciese en el territorio en reclamación hasta no lograr una solución a la controversia. Con el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, se abandonó esa posición y se implementó una política exterior que solo buscaba fortalecer su megalomanía de liderazgo mundial sin importarle comprometer intereses vitales de Venezuela. Fue así como, en visitas oficiales a Guyana, expresó en el año 2004: “Venezuela no se opone a ningún proyecto de desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por Guyana, si beneficia a su pueblo”; y en el año 2007 expresó: “Venezuela inició la reclamación del Esequibo por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Cheddy Jagan”. Tan entreguistas declaraciones solo buscaban satisfacer la posición de Fidel Castro sobre el tema y congraciarse con Guyana y la Asociación de Estados del Caribe para obtener su respaldo en organismos multilaterales y otras instancias internacionales.
Para colmo, Nicolás Maduro, en una visita oficial en agosto de 2013, guardó un ominoso silencio ante el hecho de que Guyana había otorgado, durante ese mismo año, concesiones petroleras a las transnacionales Anadarko, Exxon Mobil y Shell en el mar territorial correspondiente a la zona en reclamación, con el riesgo de haber podido crear la delicada figura del Stoppel, mediante el cual, con el silencio, en ciertas circunstancias, se incurre en una posible aquiescencia que puede llegar a producir derechos a la parte contraria en una controversia. En realidad, y todos los venezolanos lo saben, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desaprovecharon, conscientemente, la fuerza que le daba a Venezuela la bonanza petrolera y las ventajas comerciales que concedía a los países del Caribe para lograr que Guyana aceptara una “solución práctica de la controversia” como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Así las cosas, Guyana logró que António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, enviara el diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia, sin haber agotado todos los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de dicha organización.
Estas son, a grandes rasgos, las acciones ejecutadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el ejercicio de la Presidencia de la República, las cuales, sin dificultad, pueden tipificarse como delitos de traición a la patria. Por eso, llama la atención la desfachatez de Nicolás Maduro de acusar a Juan Guaidó de estar negociando la entrega del territorio Esequibo. Es más que conocido por el pueblo venezolano que la oposición democrática siempre ha criticado con firmeza la conducta entreguista de los gobiernos del “socialismo del siglo XXI”. El único responsable de la actual situación que enfrenta Venezuela, en el caso de Guyana, es Nicolás Maduro y su nefasto gobierno. Esa es la verdad.
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