Un nuevo paro armado del ELN tiene al vecino país en vilo. De nuevo el fin de los insurgentes es prohibir el transporte terrestre, aéreo y fluvial en toda Colombia, para lo cual se ha ordenado a la población permanecer en sus casas o sitios de trabajo.
¿Qué esperar de las autoridades -piensa cada ciudadano de a pie- mientras trae a su memoria que este grupo guerrillero lleva en armas más de 50 años y que sus cabecillas no han considerado con seriedad pactar algún género de paz para el país?
La orden guerrillera del paro que duraría desde ayer hasta el lunes 17 viene acompañada de la amenaza de atacar militarmente aquellos enclaven que son área de su influencia y donde no se respete el desiderátum de los antisociales. Bogotá es esta vez también un objetivo.
Los colegios han decretado suspensión de clases en muchas localidades, todo el transporte entre los municipios está detenido, buena parte del transporte privado por igual, los mercados que han abierto tienen previstas situaciones de alerta para evacuar a todos con rapidez ante una amenaza. La ciudadanía no se atreve a asomar la nariz a la puerta pensando en que, aunque las Fuerzas Armadas y policiales están en estado de alerta, pudieran no disponer de una capacidad real de reacción frente a un atentado masivo, grande o pequeño.
¿En manos de quién está Colombia? ¿Cuál radio de acción tienen las autoridades frente a un hecho similar al acaecido hace apenas un año, cuando la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, se convirtió en el escenario de una masacre de cadetes -22 muertos y 80 heridos- por la explosión de una camioneta cargada de explosivos? Este vil atentado fue reclamado precisamente por el ELN.
¿Ha llegado el momento de pasar a mayores, dejar a un lado la defensa reactiva y pasar a una estrategia proactiva de ataque a estos facinerosos y sus aliados, los guerrilleros de las FARC que no se sumaron a los acuerdo de paz de Juan Manuel Santos?
Se pregunta uno cómo se generaliza el término «paz» cuando el proceso de La Habana no solo no convenció a un importante contingente de las FARC que debía haber estado negociando su desmovilización, sino que dejó por fuera de la pacificación al componente ELN, la más sanguinaria fuerza insurgente que desde entonces a esta parte no ha hecho sino fortalecerse territorialmente y asegurarse su supervivencia pactando con el régimen de Nicolás Maduro.
La Fundación Ideas para la Paz cifra en 4.000 combatientes a los elenos existentes hoy a los que hay que sumar los ex guerrilleros “residuales” de las FARC. Habría que considerar las alianzas de estos con grupos criminales mexicanos, cada día más presentes en el país y que participan del proceso de desestabilización nacional, por aquello de que “en río revuelto, ganancia de pescadores”.
Se requiere, de parte de la oficialidad y de parte del Palacio de Nariño, una estrategia de guerra que no sea en blanco y negro sino en tonalidades de gris. No puede pensarse, por ejemplo, en declarar un estado de conmoción interior que reparta por igual el pánico en toda la geografía colombiana, cuando solo en una parte del país tienen una influencia determinante las acciones del ELN.
Pero al propio tiempo, es un territorio muy determinante de su geografía desde el punto de vista de lo estratégico, porque se trata, en buena medida, de las zonas fronterizas con Venezuela que son las más endebles, pero las más poderosas en materia de generación de recursos para sus fechorías. Es necesario agarrar al toro por los cachos actuando en sus propios territorios a través de las organizaciones civiles que, con recursos de la guerrilla, alivian las necesidades de vastos territorios con poblaciones marginadas. Allí la guerrilla le ha ganado el juego al gobierno. Es preciso penetrar a esas comunidades que han sido captadas para la colaboración con el ELN y hacer sentir allí la acción constructiva del gobierno.
En fin, ante una amenaza como la de estos días, es preciso devolver al conglomerado colombiano la confianza en sus instituciones y al mismo tiempo rescatar para el país el ejercicio de su soberanía.