¿Quién invertirá en unas empresas, en manos de quienes las destruyeron?

Durante los años de la Perestroika ―de 1985 a 1991, aproximadamente―, aprovechando la apertura política que se produjo en aquel momento, se publicaron informes que revelaban el estado de las empresas estatales en la Unión Soviética. El Estado totalitario era propietario de casi 90% de los bienes que se producían en aquel mundo de sometimiento y represión. Cada empresa, incluso las de pequeño tamaño, operaba como una célula política-policial: había comisarios e informantes, fiscales de cada proceso, funcionarios dedicados a vigilar a obreros y empleados, jefes del Partido Comunista dedicados a las labores de la corrupción. Imperaba el terror: quienes se atrevieran a expresar alguna crítica al régimen, no solo era despedidos sino que, con insólita frecuencia, era detenidos, torturados y llevados a juicio, acusados por el delito de “sabotaje a los intereses del pueblo”.

Uno de los aspectos más asombrosos de aquel desastre era el de productividad. O, mejor dicho, de la improductividad. Recuerdo un caso muy comentado en aquel momento ―alguna vez citado por Carlos Rangel―: el de la fabricación de refrigeradores domésticos ―neveras― de 12 pies. Mientras en Estados Unidos, el proceso de ensamblaje de cada artefacto estaba a cargo de 3 trabajadores, que tardaban una hora y 50 minutos en cada uno; en la cadena de producción comunista participaban 10 trabajadores, que tardaban casi 9 horas para ensamblar un producto con menos prestaciones y de muy baja calidad. En las fábricas de la Unión Soviética, por ejemplo, había un funcionario cuyo papel consistía en suministrar, uno a uno, los tornillos que se utilizaban. Decían algunos economistas europeos y norteamericanos que la industria comunista operaba bajo la regla del 6X8: costos de producción 6 veces más altos, trabajadores que devengaban salarios 8 veces menores a sus colegas de Occidente.

A comienzos de 1992 se produjo un tímido proceso de privatización, cuyos resultados fueron insignificantes: no había empresarios, ni dinero con el que comprar las empresas, ni tampoco la plataforma jurídica que asegurara las inversiones. En algunos casos se planteó la entrega a ciudadanos rusos, sin que intermediara pago alguno, a cambio de que aumentaran la producción. Se anunció un programa que incluía venta simple, subastas, concursos, venta de algunos bienes, que no fue muy lejos, entre otras razones, porque los requisitos burocráticos eran prácticamente insalvables.

Estas realidades obligaron a implantar políticas para liberalizar la economía, lo que incluyó la aceptación de las recomendaciones que hiciera el Fondo Monetario Internacional. En líneas gruesas hay que decir que este proceso fue lento, cargado de obstáculos, pero hizo posible legitimar la propiedad privada, hasta entonces lastrada por la persecución, los prejuicios y el burocratismo del Estado.

En 2016, cuando el déficit apretó el cuello de la economía rusa, la vida cotidiana de la sociedad rusa derivó en una situación de precolapso. Putin emprendió un plan de privatizaciones, básicamente en sectores como petróleo y gas, minería, transporte marítimo y banca. En un primer momento, el objetivo era recoger cerca de 10.000 millones de euros. Uno de los resultados de este programa de privatizaciones fue el de estrechar todavía más sus vínculos ―muchos de ellos señalados como opacos y mediados por la corrupción― con los oligarcas rusos. Con su dinero los oligarcas sacaron a Putin del atolladero, a cambio de inmunidad, impunidad, protección dentro y fuera de su país, oportunidades de nuevos negocios y, sobre todo, la posibilidad de operar sus movimientos financieros fuera del alcance de las autoridades de otros países. Los que ya eran ricos se han convertido, en pocos años, en hombres de riqueza incalculable, más allá de toda estimación, fortunas desproporcionadas, en la mayoría de los casos, alimentadas por negocios donde impera la corrupción.

Todo el anterior panorama nos sirve para comprender que las oleadas de privatizaciones en Rusia no son comparables con el anuncio hecho por Maduro, de que ofrecerá pequeños porcentajes accionarios ―entre 5% y 10%― en el mercado de valores, de empresas de telecomunicaciones, petróleo, gas y petroquímica, bajo el supuesto de que necesitan capital para tecnología, avanzar hacia nuevos mercados y ejecutar proyectos de ampliación.

También aquí hay que recordar que la mayoría de esas empresas estaban en manos del sector privado, funcionando y produciendo, cuando fueron estatizadas y, al cabo de dos o tres años, conducidas a la ruina, la quiebra financiera, la distorsión política y la corrupción. En realidad, la información disponible sobre el estado de la infraestructura, los equipos, las capacidades técnicas y profesionales, los ingresos y egresos, las deudas y las cuentas por cobrar, todos son ámbitos opacos y falseados, desprovistos de controles y proyecciones. Además, en mayor o menor medida, son organizaciones tomadas por la corrupción en todas sus instancias, tal como ocurre con la Cantv, a escala masiva y nacional.

Lo esencial es que ahora mismo no es posible saber, ni siquiera de forma aproximada, cuál es el valor de cada una de esas empresas. En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el periodista Víctor Salmerón se refería al balance de 2019 de Cantv, auditado por la empresa Deloitte. Leyendo las frases que cita del documento, por muy cuidadoso que sea el modo de expresarse, queda clara la opacidad, la ausencia de controles, la imposibilidad de saber cuál es el estado financiero y operativo de la empresa.

Cuesta pensar sobre qué bases un inversionista podría decidir que invertirá en unas organizaciones politizadas, clientelares, ruinosas, corruptas e improductivas. Si el inversionista no tiene el control, ¿quién puede darle alguna garantía de que su inversión será utilizada en la empresa y no, como pensamos muchos, que irá a los bolsillos de los jerarcas del régimen? Es legítimo preguntarse: ¿qué valor tiene una empresa que presenta a diario, en todo el país, recurrentes y prolongadas fallas en el servicio?¿Que mantiene unidades de servicio en las calles que exigen pagos en dólares por restablecer el servicio? ¿Que ofrece un servicio de conexión a Internet precario, de baja potencia, que falla a toda hora y que no ofrece garantía alguna a los usuarios?

¿Quién podría invertir en una empresa que sigue en manos de quienes las condujeron a la ruina? ¿Los amigos del régimen? ¿Los propios enchufados?