Durante 18 días Ecuador estuvo paralizado por miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), así como por organizaciones sindicales, estudiantiles, gremiales, e incluso infiltrados.
El estallido social tuvo como resultado 6 muertos, centenares de heridos y daños materiales, a pesar de que el presidente Guillermo Lasso –del Movimiento Creo, de centro derecha–, implantó el estado de excepción.
Los manifestantes bloquearon los caminos impidiendo que pasen los camiones con alimentos, creando escasez y especulación en un país con elevados niveles de pobreza y desempleo.
La Conaie está liderada por su presidente Leónidas Iza, un dirigente indígena que proviene de familia de líderes políticos.
La Conaie es una agrupación que se fundó en 1986 y abarca 6.1% de la población lo que equivale a un millón de personas y está consolidado.
Los miembros de la Conaie son aguerridos porque Leónidas Iza carga bajo el brazo y promueve al que quiera escuchar su libro Estallido, inspirado en Mariátegui que argumenta principalmente que el poder debe ser conquistado a través de la violencia. Por tanto, los adeptos a la Conaie no son precisamente ángeles de la guarda.
Se declaran nacionalistas populares. Sin embargo, para ciertos sectores de la opinión pública, algunos miembros se habrían convertido en guerrilleros urbanos, a pesar de que cuentan con un brazo político llamado Pachakutik dispuesto a participar en el sistema democrático.
En los últimos años, tres presidentes ecuatorianos no han podido concluir sus gestiones por distintos motivos. Estos son: Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Y quienes han colaborado en su caída, han sido los miembros de la Conaie.
Su dirigencia indígena radical apoyó públicamente a Andrés Arauz, candidato del expresidente Correa que se postuló a la presidencia de su país, aunque no alcanzó la suficiente votación.
¿Quién los financia?
La pregunta del millón es quién los financia, pues según el gobierno cada manifestante cuesta 8 dólares al día.
Ecuador es un país donde ronda el narcotráfico porque es un país de paso y está dolarizado, algo muy conveniente para los narcotraficantes.
Según informes de la ONU, Ecuador es el tercer país que más incauta droga después de Estados Unidos y México.
En la Asamblea Nacional, la bancada correista cuenta con la mayor cantidad de miembros y tienen el apoyo de disidentes de otros partidos de izquierda que juntos alcanzan la mayoría relativa.
Incluso hace poco trataron de destituir al actual presidente Guillermo Lasso, pero sin éxito.
Rafael Correa tiene una sentencia de 8 años por el caso «Sobornos» ya que recibió dinero para su campaña, entre otros de Odebrecht.
Ahora se encuentra en Bélgica y no puede volver a Ecuador porque lo detienen tras las rejas.
Los correistas y sus partidarios, pretenden implementar en la Asamblea la «Comisión de la Verdad» y el informe «Sin Verdad no hay Justicia», que es un organismo oficial no judicial, que estableció el Estado ecuatoriano ante vulneraciones de los derechos humanos.
Su verdadero objetivo, sin embargo, es lograr que la Asamblea anule la sentencia a Rafael Correa, que vuelva al país y se presente como candidato a las elecciones presidenciales.
¿Son las demandas de la Conaie legítimas?
¿Son las demandas de la Conaie legítimas? Quieren elevar su nivel de vida. Levantaron un pliego petitorio con 10 demandas entre ellas: reducción del precio de los combustibles; alivio económico para más de 4 millones de familias; precios justos para productos del campo; empleo y derechos laborales; moratoria a la extracción minera y petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos; alto a la privatización de los sectores estratégicos que es patrimonio de los ecuatorianos; control de precios en productos de primera necesidad; salud y educación; y seguridad en políticas públicas.
En Ecuador, 39% de sus habitantes vive en la pobreza. Cuentan con el mínimo acceso a los servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, viviendas, infraestructura, salud y educación.
A raíz de los elevados índices de pobreza, se ha acrecentado la violencia, la delincuencia, la corrupción, la inseguridad ciudadana, y el contrabando.
El hecho es que tras la mediación de la Conferencia Episcopal, el gobierno bajó el precio de la gasolina y el diésel; condonó a los campesinos las deudas de hasta 3.000 dólares ; se comprometió a revisar el sistema de salud; y levantó el estado de excepción.
Verónica Ormachea es escritora y miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real Española
Artículo publicado en el medio español El Debate