El sólido reconocimiento internacional de la presidencia de Juan Guaidó no cambia el hecho de que Nicolás Maduro controla el territorio, las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad y los recursos. Por eso, la oposición debe hacer un esfuerzo realista para reformular el conflicto.
En 1986, Ricardo Lagos y otros líderes de la oposición socialista al régimen del general Augusto Pinochet en Chile visitaron a Felipe González, presidente del Gobierno de España. El fin era discutir detalladamente sus planes para derrocar a la dictadura. González les dijo que la oposición no podría lograr un cambio en Chile sin antes reconocer que estaban atrapados en el fondo de un pozo. “Primero concéntrense en salir del pozo, y luego intenten ampliar su influencia, paso a paso”, aconsejó González a Lagos.
Lagos y la Concertación —una coalición de partidos de centro, izquierda y centroizquierda— lograron su objetivo a través de la construcción de un amplio movimiento que ganó un plebiscito ordenado por el propio Pinochet, celebrado en octubre de 1988 y que habría mantenido al general en el poder hasta al menos 1997. El No consiguió la mayoría en la votación, un resultado que las Fuerzas Armadas de Chile aceptaron a pesar de la oposición de Pinochet.
El consejo de González se debe aplicar a la Venezuela de hoy. La oposición democrática al régimen autoritario de Nicolás Maduro necesita basar su estrategia y táctica en una comprensión lúcida de las realidades concretas, libre de autoengaños. No ayuda a la oposición subestimar el compromiso de quienes militan en el chavismo con su propia visión de Venezuela, ni ignorar el apoyo que ese movimiento obtuvo de un sector de los venezolanos y el respaldo residual que todavía le da.
Tampoco ayuda a la oposición sobrestimar el nivel de apoyo nacional sostenido que ha podido conseguir, ni exagerar la importancia del considerable apoyo internacional que ha reunido. El constructo de que Venezuela tiene dos gobiernos —uno ilegítimo liderado por Maduro y otro presidido por Juan Guaidó, con un sólido reconocimiento internacional— no cambia los hechos: las autoridades de Maduro controlan el territorio de Venezuela, las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad, la vasta mayoría de los recursos y la capacidad del país para diseñar e implementar políticas nacionales.
Un gobierno altamente autocrático no puede ser derrocado solo porque es ampliamente reconocido como ilegítimo, ni siquiera por ser muy impopular, sino solo cuando hay apoyo nacional para una fuerza alternativa creíble, capaz de ganarse el respaldo de las Fuerzas Armadas y de gran parte del sector empresarial, de la sociedad civil y de la opinión pública, y demostrar la capacidad gerencial y técnica para dirigir el país.
Los sectores fragmentados de la oposición deben enfatizar lo que los une, no lo que los divide, y subordinar las ambiciones individuales a los objetivos colectivos. La oposición debe articular una visión llamativa y unificadora que le ofrezca esperanza a la mayoría de los venezolanos, así como métodos de participación y beneficios prácticos, no solo proclamar su oposición a los usurpadores y sus errores, por grandes que estos sean.
Construir una alternativa atractiva que movilice al pueblo venezolano sería extremadamente difícil, si no imposible, desde el exilio. Requerirá estar presente, enfrentar de cerca las realidades desagradables y convocar de manera continua el apoyo de los simpatizantes en todo el país.
La mejor manera de lograrlo es participando activamente en los asuntos públicos y la política, y emprendiendo actividades de ayuda y reconstrucción, aun si eso significa cooperar con el gobierno. El acuerdo del mes pasado entre la Asamblea Nacional, presidida por la oposición, el Ministerio de Salud oficialista y la Organización Panamericana de la Salud fue un buen comienzo. Se deben buscar más colaboraciones de este tipo.
Participar en elecciones injustas diseñadas por el régimen de Maduro para asegurar su victoria será extremadamente frustrante, pero de cualquier modo debe intentarse para fortalecer la visibilidad y la capacidad organizativa de la oposición en toda Venezuela, además de consolidar la unidad y experiencia práctica. Estas actividades podrán dar frutos más adelante, aunque la oposición democrática no triunfe en los comicios parlamentarios programados para diciembre.
La oposición democrática debe aceptar que no llegarán milagros desde el exterior. Lo que a menudo se designa como la “comunidad internacional” en realidad son países individuales que, especialmente ahora, tienen problemas propios en los que se están enfocando y no se puede confiar en que vayan a asumir grandes riesgos o costos ni que vayan a invertir mucha energía para resolver las dificultades internas de otro país. Los poderes externos pueden ser relevantes, pero solo si apoyan una estrategia determinada a nivel nacional y solo en la medida en que puedan hacerlo sin contradecir sus propios intereses o enfrentar costos significativos.
La oposición ya ha afectado su credibilidad al aparecer como que dependen de la intervención extranjera. Los demócratas venezolanos deberían estar en la vanguardia de quienes rechazan las opciones militares internacionales en vez de tratar de inducir una intervención de Estados Unidos que seguramente no ocurrirá.
La oposición también debería considerar presionar, por el bien del país y sus ciudadanos, para que se levanten algunas de las sanciones impuestas a Venezuela en lugar de presionar para que se endurezcan esas medidas con la esperanza de que ocasionen la caída del gobierno. Algunas de las sanciones más amplias en vigor, al igual que algunas de las medidas secundarias, tienen costos humanitarios innegablemente altos, y cuanto más duras sean las circunstancias económicas del país, menos energía y espíritu habrá para la movilización ciudadana contra el gobierno autoritario.
Las discusiones amplias y bien preparadas entre representantes del régimen de Maduro y de la oposición democrática proporcionan la mejor ruta disponible para allanar el camino a una transición democrática. Para que esas discusiones sean eficaces, se requiere espacio, tiempo y confidencialidad, no transparencia inmediata. Los mediadores internacionales, como los noruegos —quienes facilitaron las negociaciones más recientes— pueden desempeñar un papel importante en la gestión de esas conversaciones y además brindar una oportunidad para que los interlocutores de cada lado se conozcan individualmente y exploren formas de replantear los problemas en vez de asignar culpas.
Ambas partes usarán el diálogo y las negociaciones futuras para promover sus propios intereses, como se ve en todas las situaciones similares, pero eso no es un argumento válido para evitar un proceso gradual de diálogo enfocado en un objetivo. En muchos casos anteriores, ese tipo de conversaciones ha cambiado la dinámica en situaciones de estancamiento prolongado. Se debe pensar en el diálogo no como un mecanismo para obtener una solución rápida, sino más bien como una manera de reformular el conflicto. En ese contexto, puede haber oportunidades para negociar el levantamiento de algunas sanciones a cambio de mejores condiciones electorales o programar un referéndum revocatorio.
Sobre todo, los venezolanos de ambos bandos y sus simpatizantes internacionales deben aceptar la dura realidad de que las catástrofes económicas, políticas, institucionales y humanitarias de Venezuela continúan y probablemente se verán exacerbadas por la pandemia. Se está haciendo un daño profundo y a largo plazo. Es hora de llevar a cabo esfuerzos realistas con el fin de detener el deterioro, generar acuerdos prácticos y desarrollar una base de apoyo nacional e internacional para la recuperación de Venezuela.
Abraham F. Lowenthal es profesor emérito de la Universidad del Sur de California y director fundador del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson y del Diálogo Interamericano. David Smilde es profesor de sociología en la Universidad Tulane y miembro sénior de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Artículo publicado en The New York Times