La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) celebrada en noviembre en Bakú, apodada la “COP de las finanzas”, dejó a muchos profundamente decepcionados, y con razón. Si bien la promesa de movilizar 300.000 millones de dólares en financiación climática de aquí a 2035 es un buen comienzo, queda muy lejos de lo que se necesita para acelerar el desarrollo de sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono en los países de ingresos bajos y medios.
Mejorar el acceso a las energías renovables es especialmente urgente en América Latina y el Caribe (ALC), donde 60 millones de personas viven sin energía fiable y 16 millones carecen incluso de acceso básico a la electricidad. Esta brecha energética subraya la necesidad de soluciones sostenibles e inclusivas.
Acelerar la transición energética mundial depende del avance del desarrollo económico y social. Una forma de lograrlo es integrar la energía moderna y sostenible en todas las industrias, comunidades y hogares de la región, garantizando que los beneficios del desarrollo a largo plazo se compartan ampliamente.
Sin duda, los países de ALC han dado grandes pasos hacia el acceso universal a la energía: un 60% de su energía procede de fuentes renovables y más de 98% de la población de la región está conectada a redes eléctricas. Pero el progreso se ha ralentizado. Desde 2010, las tasas de electrificación solo han aumentado tres puntos porcentuales, una clara señal de que las estrategias convencionales no bastan para cerrar las brechas de acceso que aún persisten.
Pensemos en Haití, donde apenas el 47% de la población tiene acceso a la electricidad, y las comunidades de muchas zonas remotas dependen de generadores de combustibles fósiles caros y contaminantes. Del mismo modo, vastas zonas de países como Guatemala y Bolivia siguen careciendo de una infraestructura eléctrica fiable. Esto tiene profundas consecuencias para el desarrollo económico, ya que la electricidad fiable es necesaria para suministrar agua potable, mejorar la atención sanitaria y la educación, y permitir el crecimiento de las pequeñas empresas.
A pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos y del sector privado, lograr un acceso universal a la energía sigue siendo costoso y técnicamente difícil, sobre todo para los países más afectados por el cambio climático. Estos retos se ven agravados por los elevados costos de financiación, la inestabilidad política y regulatoria y la capacidad limitada de crédito a nivel nacional, todos ellos factores que impiden la inversión en energía en toda la región.
Para hacer frente a este reto de enormes proporciones, los responsables de las políticas deben adoptar una nueva estrategia centrada en mejorar la coordinación de las partes interesadas, aumentar la eficiencia y permitir que los países y las comunidades de menores ingresos tomen la iniciativa. Probar y escalar nuevas tecnologías e implementar mecanismos financieros que canalicen mayores recursos también es vital para que los programas gubernamentales multisectoriales sean eficaces.
La Coalición para el Acceso Universal, lanzada en la Conferencia sobre Energías del Amazonas celebrada en Belém (Brasil) tras la cumbre del G20 de noviembre, es un excelente ejemplo de este enfoque. Al reunir a gobiernos, empresas privadas, organizaciones multilaterales, instituciones de financiación del desarrollo y grupos de la sociedad civil, la CAU pretende movilizar recursos, impulsar la innovación y defender el acceso universal a la energía.
Al fomentar la cooperación entre las partes interesadas, la CAU pretende promover soluciones tecnológicas innovadoras. Por ejemplo, la energía renovable distribuida, como las minirredes y los sistemas solares domésticos, representa una alternativa más rápida y rentable a la expansión tradicional de la red en regiones remotas con una baja densidad demográfica. La Alianza Global de Energía para las Personas y el Planeta, en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, también está invirtiendo en redes malladas -redes descentralizadas diseñadas para suministrar electricidad fiable a zonas desatendidas.
Los esfuerzos de los países de ALC deben sustentar el objetivo más amplio de revitalizar los esfuerzos globales para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de las Naciones Unidas, que exige el acceso universal a una energía limpia y asequible para 2030. Los programas gubernamentales específicos de Brasil, como Energías de Amazonia y Luz para Todos, demuestran de qué manera las estrategias de múltiples partes interesadas pueden facilitar iniciativas equitativas dirigidas por la comunidad.
De cara a la COP30 que se celebrará este año en Belém, los responsables de las políticas deben reevaluar la eficacia de la respuesta global a la amenaza existencial del cambio climático y comprometerse a tomar medidas audaces y decisivas. Si aprovechamos el poder colectivo de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, podemos destrabar el inmenso potencial de la energía renovable de los países de ALC, transformando la región en un modelo de desarrollo sostenible.
Pero el éxito no puede medirse solo en megavatios. Las soluciones energéticas deben involucrar activamente a las comunidades locales e indígenas y garantizar que desempeñan un papel relevante en la planificación y la toma de decisiones. Una transición energética justa es más que un imperativo moral: es la única manera de cumplir los objetivos climáticos globales, crear resiliencia climática y lograr un crecimiento equitativo.
Thiago Barral es secretario de Transición Energética y Planificación del Ministerio de Minas y Energía de Brasil. Woochong Um es CEO de la Alianza Global de Energía para las Personas y el Planeta.
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