Me refiero a la revista Semana, de Colombia, y a los contenidos de la edición del 7 de septiembre de 2019, #1949, titulada “Manguala contra Colombia” (la Real Academia de España define manguala como “confabulación para fines ilícitos”). De acuerdo con lo señalado por la publicación, el contenido del reportaje se basa en documentos secretos del Sebin y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El solo hecho de que documentos de inteligencia salten al espacio público es un síntoma más, particularmente revelador, de que no existe la cohesión y unidad política e institucional que Padrino López y el resto del Alto Mando Militar proclaman: hasta en las unidades de inteligencia hay resquebrajamientos, disparidad de criterios y funcionarios que filtran materiales, para mostrar a los venezolanos y al resto del mundo, los extremos de ilegalidad que rigen las conductas del poder que somete a Venezuela.
Del material periodístico elaborado por la revista Semana se desprenden una serie de graves hechos, que listaré y ordenaré a continuación.
Uno. La alianza entre el poder usurpador de Nicolás Maduro y las narcoguerrillas del ELN y disidencias de las FARC no se limita a lo retórico o a meras declaraciones circunstanciales. Los acuerdos tienen una serie de implicaciones territoriales, militares, institucionales y con respecto a la propiedad de tierras y minas, que exceden todas las denuncias y estimaciones que se han venido publicando en los últimos tres o cuatro años.
Dos. Entre las múltiples perversiones de la narcoalianza, es obligatorio llamar la atención sobre el más grave y peligroso de sus contenidos, que compromete a sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La institución que estaría llamada a desempeñar el más decisivo rol ante organizaciones que son enemigas de Venezuela y los venezolanos, enemigas del Estado de Derecho y de la convivencia, que tendría como su tarea primordial, establecida en la Constitución, la de expulsar, con todos los recursos a su disposición, a esas bandas criminales del territorio venezolano; no solo las acoge, sino que las protege, les suministra apoyo y recursos, y les entrega zonas en distintas regiones, para que operen y puedan eludir la acción de la justicia.
El reportaje cita una denuncia de la organización no gubernamental Fundaredes, que habría alertado que estos grupos tienen bajo su control, armas y municiones provenientes del Ejército venezolano. Añade Semana que existe un memorando del día 9 de agosto, firmado por el almirante Remigio Ceballos, la máxima autoridad del Ceofanb, dirigido a generales y a prácticamente todas las unidades regionales –REDI, ZODI y ADI–, que “por orden del presidente Nicolás Maduro Moros deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento desde 080106002019 hasta nueva orden. Brindar apoyo logístico y entrenamiento”.
Tres. Los documentos permiten concluir que la FABN conoce con absoluto detalle dónde están localizados los campamentos y guaridas donde se han instalado los delincuentes –entre 1.600 y 2.000 aproximadamente–, que estarían distribuidas en casi todos los estados de Venezuela. Una parte de estos delincuentes, entre 15% y 20%, serían venezolanos, lo que, es evidente, forma parte de una estrategia para convertir al ELN y las FARC en fuerzas multinacionales.
Cuatro. No solo desestabilizar a Colombia: entre los descabellados propósitos de esta siniestra malanga está el de acopiar información de carácter estratégico-militar, relativa a lugares claves –posibles blancos– en el territorio colombiano, que podrían ser atacados en el caso de una confrontación militar entre estas bandas de delincuentes y sus socios venezolanos, y la nación colombiana.
Los ejercicios militares que Maduro ordenó realizar en la frontera, tienen algo de exhibicionismo, tal como ha escrito Rocío San Miguel. La pregunta que surge de todo esto: ¿a quién pretenden impresionar o atemorizar con el pavoneo guerrerista? ¿A la estructura militar del Estado colombiano? ¿Al presidente Iván Duque? ¿Al almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos? ¿No es más que un señuelo –costosísimo, de acuerdo con los expertos– para desatar los ánimos patrioteros y crear un ambiente de mutuas amenazas?
¿O se trata de un claro e inequívoco mensaje, dirigido a los venezolanos y al resto de los demócratas del mundo, que viene a decir que no dejarán el poder, que continuarán matando y destruyendo las vidas de las familias venezolanas, que el diálogo no es más que una treta para ganar tiempo y complacer al buenismo y a la corrección política, pero que en realidad,de lo que se trata es de que esa alianza, la de militares, narcos y delincuentes, no dejará el poder en Venezuela, y que para ello harán uso de las armas contra quien sea y cuando sea necesario?
¿Esas bandas de criminales que no acataron nunca los llamados al diálogo en Colombia –el ELN– y que rompieron los supuestos acuerdos de paz –las disidencias de las FARC–, ahora aliados con militares y mafias del poder venezolano, autorizarán el diálogo, permitirán que en Venezuela se realicen elecciones libres y en igualdad de condiciones? Mi respuesta: el exhibicionismo militarista y todo lo revelado por el informe de Semana, que se suma a las innumerables denuncias que tienen realizando periodistas y organizaciones no gubernamentales de Venezuela y otros países, no dejan lugar a dudas: no quieren diálogo sino confrontación. Balas en vez de palabras.