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Lograr el anhelado cambio político nos obliga a derrotar creencias e ideologías destructoras que han funcionado como marco de referencia de las decisiones del régimen y a la par esforzarnos en la erradicación de una comparsa de malas interpretaciones que debemos desterrar de nuestras vidas en todos los planos, subjetivos y objetivos.
Entre ellos podemos mencionar los siguientes aspectos: la existencia del Estado propietario de los sectores de producción de riquezas como una versión de la propiedad de todos, opacando su verdadera significación como origen o raíz del Estado patrimonialista; la concentración de poder en el hiperpresidencialismo derivado del manejo abusivo de la propiedad por el Poder Ejecutivo; la inexistencia del equilibrio de poderes y de la rendición de cuentas al ciudadano. El predominio de la ética rentista enemiga del trabajo y de la prioridad de crear capacidades. La imposición de estrategias económicas contraria al crecimiento, afincadas en el manejo discrecional de los recursos fiscales, el extractivismo y el populismo.
Un conjunto de preceptos que han privado en las decisiones políticas que se han adoptado en nuestro país, causantes de la ruina que nos acompaña en todos los planos de nuestra existencia y de la ausencia total del individuo responsable como eje de la relación Estado-sociedad.
Podemos enunciar, sugerir las siguientes tareas a ser pensadas y evaluadas por la dirigencia política que pregona la búsqueda del cambio político:
- Diseñar, difundir y emprender de forma consensual la estrategia de desmontaje del Estado propietario-patrimonialista (jurídica, política, económica y culturalmente).
- Consagrar el derecho a la propiedad privada y avanzar hacia la creación de un país de propietarios.
- Anular gradualmente toda la reglamentación jurídica que instaure la colectivización de bienes privados y la intervención dominante del Estado en la economía.
- Establecer vías jurídicas procedimentales para retornar la propiedad de los bienes expropiados por el Estado.
- Elaborar y ejecutar una agenda antipatrimonio público.
- Limitar el hiperpresidencialismo, sin límites ni controles, tendente al totalitarismo.
- Lograr consenso sobre un nuevo modelo de gobierno, al servicio del ciudadano: semipresidencialista con equilibrio de poderes, descentralizado a nivel territorial y administrativo.
- Superar de forma definitiva la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.
- Limitar el control del presidente de la República en los procesos más importantes: políticos, administrativos, jurídicos, económicos y sociales.
- Reinstitucionalizar la sumisión al poder civil de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
- Establecer un modelo de distribución de poder descentralizado e incluyente de todas las entidades territoriales del país.
- Promover, facilitar, priorizar la inversión privada y la expansión de empresas en el ámbito nacional e internacional como energía del crecimiento económico.
- Garantizar la libertad económica, el respeto al empresario y el libre mercado.
- Fidelidad al rendimiento de cuentas al ciudadano.
- Apoyar, fomentar e invertir en el avance tecnológico, la plena conectividad nacional, la modernización. Venezuela 5.0.
- Invertir en el desarrollo de capacidades en todos los niveles, estratos y sectores económicos como gran proyecto país.
- Velar por un clima de paz y seguridad para la ciudadanía y el desenvolvimiento económico.
- Velar como responsabilidad de las instituciones públicas por la cobertura plena y calidad de los servicios públicos: sanitarios, electrificación, agua potable, educación, comunicaciones, seguridad personal y patrimonial de la ciudadanía.