En tiempos de drástica reducción de las inversiones públicas que ha agravado el funcionamiento de hospitales, empeorado la distribución de agua potable e impedido atender el deterioro de la red eléctrica; con tasas de inflación que han llevado la capacidad adquisitiva de las mayorías a niveles de subsistencia; a un año de haber electo gobernadores y alcaldes atrapados en normas presupuestarias que consideran como “extraordinarios” ingresos por venta de petróleo, cuando son los únicos que el país tiene y en este caso sinónimo de ingresos “ordinarios”, lo que hace que el dinero que llega a estados y municipios por concepto de situado constitucional sea menos del que necesitan y les corresponde de acuerdo con la población de cada una de esas entidades.
Es decir, un procedimiento contrario al proceso de descentralización y sus nuevas versiones de poder popular; al calor de foros y pronunciamientos en torno a la importancia de nuevas generaciones de emprendedores sin posibilidades de acceso al financiamiento con un sistema bancario que no presta dinero, inexistente, a la sombra de un encaje legal del 75%; arrinconados por un criminal sistema de sanciones que bloquean nuestra economía negándonos el derecho de comerciar libremente el petróleo y el gas, únicos productos que en este momento de atrasada mono producción pueden proveernos de los recursos para financiar nuestro desarrollo; apesadumbrados por la separación de decenas de miles de familias venezolanas afectadas por la riesgosa aventura de emigrar a otros países debido al estancamiento económico, la inseguridad y la incertidumbre que en nuestra tierra reina; en medio de ese torbellino de problemas, necesidades y mortificaciones que deberían consumir todo nuestro tiempo, esfuerzo y energía para acordarnos en soluciones prácticas a esas calamidades, el país se ha distraído y gastado energías dedicando atención a una extraña fantasía, pero no por ello exenta de importancia y de poder: la presidencia interina que desde el año 2019 fue impulsada y constituida por un grupo de partidos políticos venezolanos bajo el mandato y con decidido apoyo y financiamiento del extinto gobierno de Donald Trump.
Ese interinato ha sido la última modalidad de búsqueda del poder por parte de políticos, empresarios y grupos de presión que tienen dos décadas diseñando acciones fallidas que han traído frustraciones en las masas deseosas de cambio. El único legado que han dejado son el aumento de la conflictividad y el empeoramiento de la situación económica. Así pasó con el paro petrolero; con la plaza Altamira y la operación para enfrentar entre sí a oficiales de la Fuerza Armada; con el golpe de Estado personificado en Pedro Carmona Estanga; con la sistemática descalificación del sistema electoral para justificar la abstención e inyectar el antivalor según el cual votar es un acto de deshonestidad y de entrega al gobierno de turno aunque se haga campaña y se vote en su contra; con otros intentos de golpes de Estado como el del distribuidor Altamira; con el mantenimiento indefinido de protestas de calle, de guarimbas y de programada perturbación del orden público para alimentar la confrontación; con los drones para asesinar al presidente de la República.
Todos estos atajos distintos de la organización del pueblo, la presentación de proyectos convincentes de reconducción de los asuntos públicos, la educación popular y la participación en elecciones, fracasaron. Dejaron en el camino anchas grietas de desestabilización política y una cultura de la inmediatez que desprecia y subestima el trabajo político permanente, el debate programático y la capacidad ciudadana para decidir en elecciones, presentando esos desafíos como pérdida de tiempo y muestras de ambigüedad e indecisión políticas. El poder había que tomarlo de cualquier manera y ya, de inmediato, sin dilación. En eso llevan veinte años.
Habida cuenta de todos esos resultados adversos decidieron promover un Estado paralelo valiéndose de la mayoría de diputados que los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular tenían en la Asamblea Nacional a raíz de las elecciones parlamentarias del año 2015. Una vez juramentado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional a principios del año 2019, lo designaron también como presidente interino. La explicación política que dieron a esa decisión era que en Venezuela no teníamos presidente de la República por haberse celebrado el año 2018 unos comicios sin garantías electorales, dirigidos por un Consejo Nacional Electoral vicioso, corrompido.
Vendieron la tesis según la cual habían sido elecciones fraudulentas y se había producido un vacío de poder. La verdad es que esos partidos plantearon al país abstenerse, esa fue su política. No presentaron candidato alguno y para ellos, soberbiamente, si sus partidos no estaban presentes en la contienda esas elecciones del año 2018 eran ilegales e inexistentes. Declarar a esas elecciones fraudulentas por las razones antes señaladas cuando esos 112 diputados habían sido electos tres años antes, el 2015, en elecciones organizadas por la misma directiva del Consejo Nacional Electoral y bajo condiciones y reglamentos casi idénticos resultaba una gruesa contradicción y un acto de cinismo político. Se creyeron su propia propaganda y hundieron al país en un oscuro hoyo de desestabilización política que confundieron con el preludio de la toma del poder.
Políticamente sustentaron la presidencia interina en el artículo 233 de la Constitución Nacional referido a las ausencias absolutas del presidente de la República, pero resulta que los extremos previstos en ese artículo de la Constitución no se materializaron. El presidente no había muerto ni renunciado. No había sido revocado su mandato. Su destitución no había sido decretada por el Tribunal Supremo de Justicia ni su incapacidad física o mental permanente había sido certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y aprobada por la Asamblea Nacional. Tampoco había abandonado el cargo. Esos diputados procedieron arbitrariamente, violaron la Constitución Nacional y crearon un mecanismo de usurpación de la presidencia de la República. Esa grave irresponsabilidad la convirtieron habilidosamente en una tesis popular presentándola como una reivindicación a un pueblo golpeado por una severa crisis económica y afectado por diversas arbitrariedades del gobierno en especial las referidas a ataques a la propiedad privada y expropiación y confiscación de predios; proliferación de presos políticos y cierre de medios de comunicación, temas muy sensibles alrededor de los cuales se mantuvo un severo debate público ante el cual el gobierno aparecía sin respuestas y sin propósito de enmienda.
Declararon usurpador a quien había ganado claramente las elecciones del año 2018 en la que ellos se negaron a participar. Señalaron al de Nicolás Maduro como un gobierno de facto como si las elecciones de mayo de 2018 no se hubiesen celebrado. Bajo ese argumento sostuvieron que la Constitución había dejado de observarse y basados en el artículo 333 de la Constitución el 5 de febrero de 2019 decretaron un “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela” para subsanar con ese “texto jurídico” la imposibilidad de ampararse en el artículo 233 antes citado. En ese artículo 233 no encontraban manera alguna de justificar el atropello que estaban resueltos a cometer. Por eso inventaron ese Estatuto.
Así comenzaba el gobierno paralelo impulsado por Donald Trump, quien metido de cuerpo entero en esa operación reconoció al “nuevo presidente”, al que brindó toda suerte de apoyo. Lo recibieron como tal en el Congreso de Estados Unidos en un evento de suma importancia como lo era la presentación del mensaje del presidente Trump ante el Congreso de Estados Unidos. Lograron apoyo de muchos otros países de la órbita político-económica de los Estados Unidos de América, los que también reconocieron al “presidente Guaidó”. A partir de ese momento el gobierno de Trump arreció las sanciones contra Venezuela aplicando un cerrado bloqueo económico que hacía casi imposible vender petróleo y gas venezolanos, como tampoco era fácil adquirir medicinas y alimentos.
Desde entonces la situación económica, ya deteriorada por erráticas políticas intervencionistas y estatistas en extremo, empeoró a niveles de grandes padecimientos para nuestro pueblo tanto en desabastecimiento como en alto costo de la vida en lo económico y llevó al Estado venezolano a una capacidad casi nula de respuesta ante las demandas de la gente debido a la carencia de fondos dado el bloqueo a la industria petrolera. Trump y su gobierno sometieron totalmente a los diputados que promovieron el interinato al punto de lograr el control de importantes activos de Venezuela con las decisiones que esa Asamblea Nacional tomó en relación con Citgo; el Banco Central de Venezuela, custodio del oro en el Banco de Inglaterra; y una directiva paralela de Pdvsa. Igualmente congelaron numerosas cuentas bancarias de Venezuela en varios países y le quitaron al Estado venezolano el control de la empresa Monómeros para manejarla directamente ese grupo de diputados promotores del interinato que, además, comprometían a los partidos que representaban, por lo que esta operación fue más allá de una disputa parlamentaria. El sistema de partidos aparecía involucrado en un inédito golpe de Estado.
Este pretendido asalto al poder llevó a situaciones adicionales de anomalía extrema. Los diputados electos el año 2015 y cuyo mandato cesaron el 4 de enero de 2021, han pretendido funcionar como una Asamblea Nacional perpetua, cuyo mandato no tiene fin. En nombre de la supuesta transición hacia la democracia una persona a la que nadie eligió para presidente funcionó para sí, para los suyos, para Estados Unidos y sus países aliados, o en su órbita, como presidente interino y unos diputados cuyo mandato era por cinco años pretenden tal investidura de manera eterna.
La fragilidad internacional del gobierno, dado el acoso al que ha sido sometido por el bloqueo económico y el aislacionismo político impuesto por potencias extranjeras, explica la impunidad con la que ha actuado el llamado interinato. El daño económico causado a Venezuela por estas circunstancias ha sido de enormes proporciones. Según diversas estimaciones el país ha dejado de percibir entre 140.000 y 170.000 millones de dólares por el bloqueo económico. La junta ad hoc al frente del Banco Central de Venezuela ha retenido $1.970.164,333 según declaraciones del presidente de esa Junta. Citgo, valorada en unos $7.700 millones, está al servicio de intereses extranjeros y de la élite del interinato, no del país. El año 2019 a Venezuela le correspondían $400 millones por Derechos Especiales de Giro (DEG) y Estados Unidos impidió que el Fondo Monetario Internacional aprobara esa operación. Posteriormente el mismo Fondo Monetario Internacional asignó $5.000 millones para atender problemas y secuelas del COVID-19 y de nuevo el gobierno de Trump se opuso a que Venezuela fuera incluida en los países beneficiarios. Todo lo anterior ha afectado la capacidad de respuesta del Estado venezolano ante las demandas ciudadanas, correspondiéndole con el plan de asfixiar al gobierno para disminuirlo, como si así no se le causara un grave perjuicio a la ciudadanía y a las instituciones.
Se ha afectado gravemente a la industria petrolera nacional y a la economía y las finanzas del sector privado, extremadamente dependiente del Estado venezolano. Ese interinato le ha salido caro al país política y económicamente. Los dineros de Venezuela han sido retenidos y secuestrados. A través de la figura de un llamado Fondo para la Defensa de la Democracia el gobierno interino ha recibido decenas de millones de dólares para financiar activistas políticos y periodistas que lo sustentan y apoyan.
En las dos últimas semanas de diciembre del pasado año 2022 este Fondo recibió dos aportes, uno por $12.750 millones y otro por $4,35 millones. Ese mismo mes asignaron $2,7 millones para los diputados de la Asamblea Nacional que conducen el interinato; $1 millón para la Presidencia, es decir, la oficina de Guaidó; $2 millones para el Consejo de Administración de Gastos. Han mantenido una costosa burocracia internacional con más de 30 embajadores, altos funcionarios en la Organización de Estados Americanos, en Citgo y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Así mismo en la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y en la junta de Pdvsa.
Son públicas las denuncias que revelan que esos grupos políticos recibieron, bien directamente, bien por intermedio de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), cantidades estimadas en $2.300 millones como supuestos fondos para ayuda humanitaria, lo que ha llevado a que varios dirigentes de oposición radicados en el extranjero, entre quienes se cuentan Antonio Ledezma, Humberto Calderón Berti, Miguel Henrique Otero y Carlos Ortega, deslindándose de los beneficiarios o administradores de esos aportes, hayan exigido a Estados Unidos que informen públicamente sobre los montos aportados y las individualidades y organizaciones receptoras. A la vez, el Ministerio Público, apenas iniciado el 2023, anuncia haber designado fiscales especiales para investigar la administración de los activos venezolanos en el exterior, lo que revela que este tema del juicio ético de los dirigentes del G4 o de los designados para Citgo, Monómeros, junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y junta de Pdvsa puede traer nuevos elementos para el debate. Invirtieron millones de dólares en propaganda para hacer creer que protegían los activos del país, cuando realmente se aprovechaban de ellos. El daño político no ha sido menor, habiendo generado un clima de zozobra permanente en el que se respira peligro diario, inseguridad e incertidumbre, elementos concurrentes en la difícil decisión de emigrar a otras latitudes.
Todas esas situaciones fueron alertadas por nosotros, Soluciones para Venezuela, desde el mismo mes de enero de 2019 cuando comenzó el entramado de irregularidades, de violaciones de la Constitución Nacional y de connivencia con el gobierno de Donald Trump para agravar la crisis venezolana. Lo hicimos sin titubear, con determinación, con convicción, enfrentando la maquinaria de difamación del interinato y de la derecha 20 21 políticas. Nuestra posición contra el imperialismo ha sido clara y contundente, al igual que lo ha sido contra el entreguismo de sectores políticos nacionales tutelados por potencias extranjeras en perjuicio de la soberanía nacional y en procura del aumento de la conflictividad y de la desestabilización del país con la excusa de que esa es la forma de salir del gobierno. Ese no es el cambio político por el que nosotros luchamos. Eso es un falso cambio, es el mantenimiento de la confrontación extrema, del acoso y la belicosidad como relación cotidiana con los adversarios políticos. Esa conducta fortalecía y legitimaba la conducta pendenciera que los sectores más radicales del oficialismo habían impulsado, creyendo así ser irreverentes con el anterior status quo. Esa situación ha sido denunciada y protestada por nosotros desde el principio, desde siempre.
Otras organizaciones políticas democráticas también mantuvieron una posición crítica contra los actos de esa Asamblea Nacional del año 2019. El mes de octubre de ese mismo año un grupo de dirigentes de Acción Democrática asumió una posición de deslinde en el parlamento como consecuencia de diferencias internas en ese partido. Meses después, en enero del año 2020, la mitad de los diputados a la Asamblea Nacional que habían estado involucrados o en desacuerdo, pero pasivos ante las primeras acciones del interinato se rebelaron contra ese esquema y lograron presidir y conducir la Asamblea Nacional con el diputado Luis Parra de presidente. Juan Guaidó y los diputados de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y un sector de Acción Democrática, desarrollando la política de paralelismo institucional que se habían trazado, sin contar con la mayoría de los diputados mantuvieron la directiva presidida por Guaidó, que, en otra violación de la Constitución, se presentaba a la vez como cabeza del supuesto Poder Ejecutivo en la figura del presidente provisorio.
Desde ese tiempo, 2019-2020, los cuestionamientos al interinato no provenían solo del gobierno de Nicolás Maduro, por razones obvias, sino también de referentes opositores nacionalistas y democráticos. El panorama político era complejo, inédito, pero los extremos lo interpretaban interesadamente en términos de confrontación extrema, de “blanco o negro”, lo que dificultaba la difusión de nuestras tesis críticas contra insuficiencias, errores, fallas y excesos del gobierno, como a la vez cuestionadoras de acciones de desestabilización política y antipatriótica como las del interinato. Lograron los extremos imponer una matriz de opinión conforme a la cual la única acción política legítima era embestir contra el otro extremo. La racionalidad y el debate agonizaban.
Más recientemente, en el último semestre de 2022, el interinato vivió conflictos internos que se han expresado en cuestionamientos al balance de estos cuatro años de paralelismo institucional fomentado por el llamado Estatuto de la Transición. Fuertes críticas al liderazgo de Guaidó de parte de sus propios compañeros de fórmula. Unos reconocieron que todo fue un fracaso porque en cuatro años transcurridos de esa presidencia interina no pudieron sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Afirmaron que el gobierno interino no logró su objetivo y que debía disolverse. Reclamaron regresar a la vía electoral, a la agenda fijada por el Consejo Nacional Electoral. Admitieron que el gobierno interino había perdido el respaldo de muchos países a los que consideraban aliados en el desconocimiento del gobierno de Maduro y en la estrategia de paralelismo institucional impulsada por Estados Unidos.
Otros señalan ahora, con casi cuatro años de tardanza, que el gobierno de Guaidó tenía caducidad de un mes. Otros confiesan que la presidencia de Guaidó solo existe en el papel y que ante eso hay que reaccionar. No faltó quien recordara que el Estatuto de la Transición establecía como fecha límite del gobierno interino el 4 de enero de 2023 y, en consecuencia, debía cesar. Todas esas críticas fueron presentadas por los partidos Un Nuevo Tiempo, la Acción Democrática dirigida por Henry Ramos y Primero Justicia. El partido Voluntad Popular y Juan Guaidó sostuvieron otros puntos de vista y ante el proyecto que propuso eliminar el gobierno interino que presidía Juan Guaidó desde enero de 2019 sostuvieron que, por el contrario, debía prorrogarse por un año más, hasta enero de 2024.
Finalmente, el 30 de diciembre del pasado año 2022 una mayoría de 72 diputados de esa Asamblea Nacional paralela se impuso a 29 diputados que quedaron al lado de Guaidó y produjeron una nueva versión del Estatuto de Transición en la que aunque eligieron formalmente una presidenta y una vicepresidenta que sustituyen al presidente interino, el acento es puesto en la creación de un “Consejo de Administración y Protección de Activos, para la Administración del Programa de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia y los Miembros de la Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela”. Se designarán diversas comisiones de supervisión para el seguimiento de las tareas asignadas al Consejo, lo que servirá para justificar sueldos, asignaciones y disposición de recursos para esos asuntos.
Ha terminado así la presidencia interina de Juan Guaidó y ha aparecido al calor del fracaso del interinato una división política en ese sector que, sin embargo, se presenta todavía aparentemente unido dada la ascendencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre ellos. La lucha ha sido por el control de los recursos. Ese manejo de los recursos “para la defensa de la democracia” ya no estará en manos de Guaidó y de Voluntad Popular sino de los otros tres partidos de esa alianza.
En definitiva, han aflorado diferencias entre los autores materiales de la operación del interinato; se han producido cambios en la estructura interna de poder del llamado G4; han reconocido su inutilidad como mecanismo para salir del gobierno de Nicolás Maduro y el país tiene ahora, una vez develada la autocrítica de esos dirigentes y el conflicto interno, un nuevo elemento de juicio para percatarse de la estafa política a la que fue sometido por un grupo dedicado a aprovecharse de los recursos que supuestamente estaban custodiando.
Venezuela sabe ahora que siempre dijimos la verdad, que pusimos el interés nacional por delante, que el interinato ha sido una mentira y una estafa desde el principio hasta el fin. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha ratificado su respaldo a los tres partidos que ahora aparecen como el eje del gobierno provisorio que formalmente reconocen, aunque negocien con el gobierno de Nicolás Maduro en México y es de esperar que agoten sus recursos para mantener un mínimo de entendimiento que lleve a este grupo político del G4 a presentar un candidato único en las elecciones presidenciales y contar con una ficha al servicio de sus intereses.
Ese grupo político del G4 manipuló desde el principio a buena parte del país deseoso de cambios. Por años sembraron la idea de que el cambio lo representaban los más belicosos y hostiles contra el gobierno, los promotores de la violencia y de golpes de Estado, los militantes de la confrontación extrema y de la retaliación y venganza contra los actuales gobernantes. La tesis de agravar los conflictos ha sido su brújula política. Confrontar al extremo, desestabilizar en todo momento, hostigar sin descanso.
El interinato ha muerto, aunque remodelen la fachada designando una nueva directiva de la fantasiosa Asamblea Nacional, de esa inexistente instancia “parlamentaria”, pero con enorme poder político por la representación que ejercen del gobierno de Estados Unidos, o de lo que queda de la influencia de Donald Trump en el Departamento de Estado. Siguen vivos el extremismo de derecha y los tutelados por grupos de presión colonialistas. Sigue viva la desesperación popular, que convive con el empeño de algunos de secuestrar los reclamos de cambio con proclamas “unitarias” que detrás de su aparente lógica política ocultan las estrategias del interinato y de la derecha extrema por reaparecer con otros rostros y consignas.
Ante esas realidades nuestra responsabilidad de presentar una solución política nacionalista, en soberanía, para la reconducción y mejoramiento de las instituciones; para la convivencia ciudadana y la reconciliación nacional; para la reconstrucción y ampliación de la infraestructura; el crecimiento de la economía; el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales; el desarrollo científico y tecnológico; la producción de alimentos y medicinas; el mantenimiento de servicios públicos de calidad dando prioridad a la dotación de agua potable y servicio eléctrico, a la salud y a la educación; la justa distribución de las riquezas en beneficio de los sectores preteridos y la protección de los venezolanos más vulnerables, entre ellos los ancianos, las etnias indígenas, los privados de libertad, los dializados y los enfermos en general, las niñas y adolescentes madres solteras, las trabajadoras domésticas, los obreros y trabajadores sin protección sindical, los indocumentados y en general los venezolanos más débiles, nos obliga a insistir en el proceso de diferenciación que hasta ahora nos ha sido cuesta arriba como consecuencia del lamentable éxito de la confrontación extrema.
Hemos trabajado desde nuestra fundación el año 2018 por la diferenciación con los sectores políticos que han promovido el interinato. Lo hemos hecho en elecciones municipales y en las elecciones de gobernadores. Lo hicimos en la elección por la Asamblea Nacional. Hemos actuado según nuestras convicciones, no por conveniencias. No hemos vacilado en esa diferenciación ni lo haremos. Luchamos por el cambio para bien, no el cambio para la retaliación y la venganza. Queremos una Venezuela soberana, libre, no un país sometido a intereses extranjeros o a caprichos y desmanes de gobiernos extranjeros. Aspiramos a una administración pública gerenciada con transparencia y pulcritud, que deje atrás los gobiernos invadidos y penetrados por inescrupulosos y corruptos que se valen del esfuerzo de humildes activistas soñadores en un mañana mejor que han luchado por alcanzar el poder político. Estamos comprometidos con un sistema de reclutamiento de servidores públicos que valore las capacidades y competencias, no el incondicionalismo político-partidista. Hacemos votos y estaremos pendientes de los procesos de autocrítica y rectificación en los radicalismos extremos para ensanchar la franja de entendimientos posibles para construir una Venezuela entre todos. El cambio para bien no puede ser impulsado por el odio y el revanchismo.
Estamos comprometidos con valores superiores, con la unidad y el fortalecimiento de la nación venezolana. Esas son nuestras urgencias y para ello estamos obligados a buscar y ayudar a construir entendimientos y alianzas con quienes coinciden en nuestro diagnóstico y en nuestras propuestas, como necesario será explicar una y mil veces el abismal deslinde que tenemos con quienes representan lo contrario, aunque se disfracen de cambio. Esa será nuestra tarea más exigente en estos tiempos de confusión e incertidumbre.
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