Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos de Venezuela, defensores de la democracia, firmaron una Carta Abierta al Presidente Biden y solicitaron reimpulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición a fin de revisar las sanciones económicas que no lograron el objetivo de provocar un estallido social que desembocara en un cambio de gobierno. Argumentan que la prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y deben ser revisadas. La polémica no se hizo esperar.
El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la carta: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”.
En ninguna línea de la carta se lee una petición de levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, cometido actos de corrupción y han incurrido en el lavado dinero. En el texto tampoco se plantea eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.
Lo que si se sugiere es revisar, flexibilizar y levantar las sanciones económicas que causan efectos colaterales en organizaciones humanitarias y en la empresa privada e impiden generar las divisas que el país necesita y otros sectores económicos distintos al petróleo aún no están en capacidad de generar, debido a su poca competitividad internacional.
La carta hace mención a la crisis humanitaria de un país que después de ufanarse de tener el salario mínimo más alto de América Latina, se descalabró al extremo de ser actualmente uno de los países más pobres y desiguales del continente. En el texto se plantea adoptar mecanismos para asegurar que los ingresos petroleros adicionales que el país perciba por la flexibilización de las sanciones se destinen ―bajo supervisión internacional― a atender las necesidades urgentes de los venezolanos.
La carta plantea la necesidad de reactivar el proceso de negociación que se interrumpió en México, cuya reanudación necesita facilitación y apoyo internacional. Esta negociación no será en blanco y negro. En unos casos, una sanción concreta se removerá si y solo si el gobierno cumple con una determinada condición; en otros casos habrá que levantar primero las sanciones para destrancar el proceso.
La carta deja claro que las sanciones no han sido la causa de la crisis económica y social que azota a Venezuela, sino el fracaso de un modelo basado en políticas equivocadas y en una voraz corrupción. Las sanciones fueron diseñadas para causar daño y lo lograron al agravar la crisis económica y social, pero no lograron provocar el estallido social que supuestamente provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos colaterales sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos.
Incluso, poderosos intereses económicos estadounidenses también se han visto perjudicados, toda vez que las sanciones obligaron a las transnacionales petroleras a abandonar sus negocios en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de bonos de la deuda externa emitida por Pdvsa y la República han podido cobrar un centavo.
Negar que las sanciones han causado daños a la economía y la sociedad solo puede venir de una dirigencia política ausente, desconectada de la dramática realidad que sufre el país por la nefasta combinación de malas políticas gubernamentales causantes de la crisis, y unas sanciones económicas que la agravan.
¿Quiénes son “Los abajo firmantes”?
La carta fue inicialmente firmada por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.
Ninguno de los 25 firmantes se arroga la representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y en conjunto forman un coro de voces cuyas opiniones ejercen influencia en la opinión pública venezolana. Se les ha llamado “Los abajo firmantes” pero no son ni un think tank, ni una ONG, ni mucho menos un partido político.
Cada uno firmó a título personal, sin pretender representar a nadie. No son voceros de ninguna organización sino voces individuales que gozan de prestigio académico, técnico y profesional, y autoridad ética y moral. Su objetivo fue romper la inercia y estimular un debate necesario en un país descontento, que no cuenta con una dirigencia política que interprete el sentir nacional y le ofrezca una mejor alternativa a la de continuar bajo el mando de un gobierno autoritario y principal responsable de la crisis que sufre la nación.
Según Datanálisis, el rechazo a los partidos es cada vez mayor y sus mediciones coinciden con otras encuestadoras serias del país. Maduro tiene solo 18% de apoyo popular y 67% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, pero también las encuestas dicen que solo 15% de los venezolanos cree que la oposición es capaz de generar un cambio. 70% de los consultados rechaza las sanciones económicas internacionales.
La carta es una iniciativa de gente muy diversa que tiene por delante el reto de explorar otras coincidencias para mantenerse unida. Se diferencia de otras iniciativas que irrumpen en el debate público con una visión compartida, unidad de criterios y estructura organizativa.
El punto de confluencia entre los firmantes de la carta es su interés común por una solución política a la crisis venezolana. Esto pasa por reactivar las negociaciones en México, por complementar capacidades y recursos para atender la emergencia humanitaria, y por revisar aquellas sanciones económicas que están generando efectos no deseados sobre las empresas privadas y las organizaciones humanitarias. Si se quieren resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no van a funcionar para forzar un cambio de gobierno pero pueden funcionar para que el gobierno cambie sus políticas en función de lograr tres objetivos básicos:
- Priorizar la atención a la emergencia humanitaria y detener el empobrecimiento de la población.
- Seguridad jurídica y protección de inversiones para crear un ambiente propicio a la actividad económica.
- Mejorar condiciones electorales de cara a unas Presidenciales 2024 a tono con estándares internacionales.
Escuche el contenido de la Carta Abierta al Presidente Biden en el nievo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/y9fhr
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