Venezuela está cada vez más cerca de convertirse en un país inviable. Esta conclusión se fundamenta parcialmente en la constatación de una serie de elementos que se retroalimentan entre sí de un modo extraordinariamente peligroso. Por un lado, está la condición de Estado fallido de Venezuela, que describe el colapso de las estructuras de gobierno legales y constitucionales y su reemplazo por un entramado feudal represivo y controlado en buena medida por bandas criminales y por Estados extranjeros. La división del país en feudos de explotación de sectores militares, y bandas criminales y políticas sectoriales, es lo que algunos analistas han denominado la “somalización” del país, en alusión a otro Estado fallido en África. A esto se suma la emergencia humanitaria compleja, un término desgarrador que describe la condición de pobreza crítica de más de 80% de la población, la instauración del hambre y la desnutrición entre los sectores más vulnerables, y el colapso de los servicios de salud y educación, el transporte, el suministro de combustible y la seguridad personal de los ciudadanos. De hecho, llevar una existencia “vivible” en Venezuela si no se es un “enchufado” es solamente posible para quienes tienen FE, un acrónimo inventado por los cubanos para Familia en el Extranjero.
Para contener el descontento de la población, el régimen recurre a las herramientas del hambre, el miedo y la represión. A todo este cuadro desolador se le une una profunda fractura política del país, que alguna gente ha denominado un empate catastrófico entre el régimen y las fuerzas de la resistencia. Por último, y lo añado con dolor y frustración a la lista de conflictos que nos aquejan, está la división interna de la resistencia democrática, que impide tener una estrategia unitaria y sostenible para enfrentar el régimen. Por supuesto que no hay punto de comparación entre la responsabilidad del régimen y cualquier culpa de la oposición en la destrucción del país, pero es indispensable pasearnos por la complejidad integral del escenario venezolano, si queremos entender nuestra circunstancia y avanzar en proponer alternativas al rumbo desastroso que sigue Venezuela.
Tres son los puntos débiles centrales del régimen: (1) el rechazo internacional que lo ha convertido en un paria de la comunidad de naciones democráticas, dejándolo en manos de los apoyos traicioneros, y de los reclamos financieros, de Cuba, Irán, Rusia y China; (2) el rechazo mayoritario de los venezolanos; y (3) la desesperada situación económica del país, que convierte en una imposibilidad real el asalto continuado a los bienes de la nación y el mantenimiento de los países parásitos de Venezuela, especialmente Cuba. La pregunta clave para la resistencia es como usar estas debilidades para avanzar una estrategia política que conduzca a la realización de elecciones libres y verificables, uno de los objetivos centrales de la lucha por desplazar al régimen.
El problema de fondo es que la esencia del empate catastrófico es que la resistencia no tiene fuerzas para imponerle ningún cambio al régimen, y el régimen no ha logrado aniquilar a la resistencia. Se impone entonces una reflexión de fondo sobre qué se puede hacer y construir con los elementos políticos reales, no ficticios ni de sueños con los que se cuenta. El momento no puede ser más apremiante. Nos estamos enterando a porrazos informativos de que el proceso judicial contra la República iniciado por la empresa canadiense Crystallex está a punto de convertirse en un desastre de gravísimas consecuencias para nuestro país. Se trata de nada más y nada menos de que el fantasma de que se pueda perder Citgo, uno de los importantes activos de lo que va quedando de nuestra otrora poderosa industria petrolera, puede convertirse en una penosa realidad.
En esta materia no hay lugar alguno para engaños ni medias verdades. En uno de los actos de mayor irresponsabilidad histórica del gobierno de Hugo Chávez, se expropió de manera arbitraria a la empresa canadiense y eso abrió la puerta para que en los tribunales norteamericanos se utilizara un argumento legal extraordinario para transformar una deuda de la República en una deuda de CItgo. Este expediente es conocido con el exótico nombre de la Regla del Alter Ego. En lo que esto se traduce en la práctica es en que si los representantes de la parte demandante logran establecer que la empresa petrolera, propiedad del Estado, no tiene autonomía funcional ni decisoria, sino que está controlada por el gobierno, entonces es posible exigir que la deuda de la República se traslade a su “Alter Ego”, es decir, a la industria petrolera. La implacable regla del “Otro yo” ha sido encontrada válida por un juez del estado de Delaware y ello significa que está en trámite la orden para que CItgo venda alrededor de 30% de sus acciones para pagarle a sus acreedores. La historia no termina allí porque en cola, detrás de Crystallex, están fondos buitres y empresas como Conoco-Phillips, a la caza de cobrarse lo que se les adeuda. Lo único que protege a Citgo en este momento es una decisión administrativa ordenada por el gobierno de Trump y que impide, por ahora, la venta de los activos de la empresa petrolera.
El desastre que se cierne sobre nuestra nación no puede ser exagerado y la responsabilidad exclusiva recae sobre el desgobierno traicionero del chavismo-madurismo. Pero con saber eso y gritarlo a los cuatro vientos no nos vamos a salvar. El espectro de la catástrofe quizás sea una oportunidad para actuar. Imaginemos, soñemos por un momento, que la resistencia se unifica y con una sola voz le pide al nuevo gobierno norteamericano, a la UE y a los organismos financieros internacionales que construyan una operación financiera de rescate de la industria petrolera y la economía venezolana, que involucre tanto las sanciones como mecanismos crediticios, a cambio de que el régimen acepte un proceso electoral verificable. Esta propuesta, por supuesto, incluiría algún tipo de negociación que logre lo que hasta ahora ha sido imposible: que se acepte que el chavismo no corrupto ni criminal, la parte política del movimiento, tiene derecho a ir a un proceso electoral en igualdad de condiciones que la resistencia. De hecho, vale la pena apuntar que el chavismo no tiene ninguna razón para aceptar ir a elecciones libres, porque se sabe minoría. Una razón más para transitar ese camino y bloquear la posibilidad de que salgan del poder como mártires de la traicionera revolución.
No cabe duda de que una propuesta como la que se adelanta en estas líneas será recibida con sorna y descrédito en el pantano sin fondo de las redes sociales. Pero la verdad del asunto es que la salvación de la industria petrolera, y de las posibilidades del país para recuperarse en algún momento y de sacar de la catástrofe humanitaria a Venezuela, ya no es un problema legal ni financiero sino político. Si no se avanza en la dirección realista de atacarlo a fondo, de usar las debilidades del régimen, y las de la resistencia, para avanzar en una negociación in extremis, al borde del precipicio de la inviabilidad de la nación, nuestras posibilidades de salir de este abismo se continuarán extinguiendo en una penosa e insondable dinámica. Nos estamos aproximando a un punto de no retorno donde solamente las salidas inteligentes y viables para evitar el desastre, más allá de la paranoia de las conspiraciones y de los intereses individuales, grupales o partidistas, deben ser tenidas en cuenta.