Los activistas climáticos han alterado el tenis en Wimbledon, arrojado sopa de tomate al cristal que protege pinturas famosas, rociado polvo anaranjado en Stonehenge e interrumpido el tránsito. En respuesta, los gobiernos europeos han tomado medidas enérgicas contra los manifestantes ambientales con detenciones y multas y, en un caso, hasta con una condena a prisión de cinco años por incitar a la desobediencia civil en una llamada de Zoom.
Que una protesta sea ética es diferente de que sea legal. Como dijo Martin Luther King, Jr en su “Carta desde una cárcel de Birmingham”, los manifestantes que se involucran en actos de desobediencia civil muestran su respeto por la ley cuando se comportan de manera no violenta y aceptan la penalidad que impone la ley.
Coincidimos en que la no violencia es un elemento crucial en una protesta ética, y que los manifestantes que viven en una democracia con salvaguardas contra penalidades excesivas por acciones políticas no violentas deberían estar dispuestos a aceptar la penalidad que impone la ley. Pero lo que cuenta como una penalidad excesiva depende de cuántas molestias los manifestantes le pueden causar de manera ética a la población.
Sugerimos adaptar el principio reconocido internacionalmente de proporcionalidad en la guerra. Ese principio prohíbe acciones militares cuando el daño a los civiles es desproporcionado respecto de la ventaja militar obtenida. Atacar a un único comandante enemigo, sabiendo al mismo tiempo que el método utilizado matará a cientos de civiles inocentes, es un error.
Aplicar esta estrategia a las protestas no violentas en las democracias liberales tiene cuatro aspectos. Primero, un “principio de proporcionalidad de la protesta” debería intentar equilibrar el fastidio que se les provoca a los demás con la cantidad de ciudadanos que protestan. Si un millón de personas se suman a una marcha de protesta, es inevitable que ocupen la calle y corten el tránsito.
El profesor de la Universidad de Princeton Zeynep Tufekci tiene razón cuando dice que las protestas masivas contemporáneas han perdido gravedad porque las redes sociales han facilitado mucho su organización. En lugar de invertir años generando lazos entre individuos que piensan parecido y luego apalancar esos esfuerzos de base para culminar en una protesta nacional, los organizadores simplemente pueden mandar un tuit con el horario y el lugar de encuentro.
Sin embargo, esta comunicación más sencilla no invalida la diferencia entre 5 manifestantes y 500.000. La gente sigue teniendo que estar dispuesta a dedicar su tiempo y a hacer el esfuerzo de asistir. Grandes cantidades de manifestantes le dicen a una democracia que algo puede estar fundamentalmente mal (aunque también es posible que los manifestantes estén equivocados).
El segundo componente del principio de proporcionalidad de la protesta es la importancia de la cuestión en relación con la inconveniencia provocada. Solo porque los manifestantes son pocos en número no necesariamente hace que sus acciones estén equivocadas. Los activistas climáticos que apuntan al arte están intentando incitarnos a la acción contra una crisis en cámara lenta que ya ha afectado a millones de personas y que, sin una acción drástica, alterará el clima del planeta de maneras que afectarán a miles de millones de personas. Incluso un mínimo chance de lograr que la gente tome conciencia sobre la necesidad de cambiar compensa la desilusión de muchos turistas que, temporariamente, no pueden ver a la Mona Lisa.
Por supuesto, los manifestantes tienden a creer que su causa es crucial. Si están equivocados, la protesta puede no ser ética, inclusive si solo causa una inconveniencia menor.
La tercera consideración es si los activistas pretenden causar una molestia significativa o si buscan minimizar la alteración. Los manifestantes sienten que están atrapados en un dilema del activista: la manera más fácil de ganar publicidad es protestar de una manera disruptiva que puede tornar a la opinión pública en contra de su causa. Para atravesar la niebla mediática, creen que deben provocar una inconveniencia masiva.
Puede resultar difícil pensar en formas creativas de informar a los demás sobre una injusticia sin perturbar sus vidas, pero es posible. En lugar de interrumpir la iluminación de un árbol de Navidad para niños, los manifestantes podrían plantar árboles de manera clandestina en un parque público. La originalidad de una protesta de estas características podría volverse viral, al mismo tiempo que garantizaría que cualquier respuesta de los burócratas, como retirar los árboles recién plantados, no haría sino aumentar la cobertura mediática.
Causar molestias de manera intencional no necesariamente va en contra de la ética; debe sopesarse en relación con los demás factores de proporcionalidad de la protesta, incluido a quién se está incomodando. Este es el cuarto factor. Una docena de manifestantes climáticos que impidan que miles de personas lleven a sus hijos a la escuela o vayan a trabajar es más preocupante desde un punto de vista ético que alterar la rutina de quienes tienen el poder de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Resulta más ético causarles molestias a los políticos y burócratas en su cargo oficial que a la población. Para que las democracias funcionen, los funcionarios deben conocer lo que piensan los ciudadanos. Sin embargo, los manifestantes tienen que considerar la importancia de los servicios que se van a alterar. Interrumpir una reunión de políticos con lobistas corporativos es más fácil de justificar que impedir la provisión de servicios públicos.
Ya sea que analicemos conflictos internacionales o protestas no violentas, el principio de proporcionalidad no arrojará respuestas precisas. Sin embargo, las consideraciones éticas siguen siendo vitales. El activismo antiético, incluso cuando no es violento, puede fácilmente desencadenar contraprotestas que deriven en violencia. El principio de proporcionalidad puede servir como una guía útil de los factores que los manifestantes deben considerar, permitiéndonos defender el derecho a protestar y, al mismo tiempo, especificar las responsabilidades éticas de los manifestantes.
Artículo publicado en Project Syndicate