El régimen recurre a estrategias perversas, propias del forajido, para confundir a la opinión pública para obtener beneficios en detrimento de los intereses nacionales. Las últimas dos maniobras son grotescas y sin sentido, simplemente írritas, por cuanto producirán solo una humareda que esconde por varios días el desastre de país en que han convertido a Venezuela.
La primera perversidad ha sido anunciar un referéndum sobre el territorio esequibo, un disparate jurídico, contrario a todo, como lo dijo clara y sabiamente el doctor Román José Duque Corredor poco antes de morir en París: “No es posible consultar al pueblo si se defiende o no la integridad territorial de Venezuela, porque se trata de un derecho irrenunciable junto con el derecho de soberanía conforme al artículo 1º constitucional”. Esta iniciativa, debemos subrayar, ha sido criticada por la OEA y algunos países de la región que encuentran en ella indisposición de Venezuela de resolver la controversia.
Pero, además, desde el punto vista jurídico internacional, un referéndum sobre un territorio en disputa -cualquiera que sea la pregunta que se plantee a los venezolanos- tendría solo efectos negativos. La Corte examina la controversia territorial desde 2018 por desidia y desaciertos de un régimen que hasta hoy ha mantenido en secreto su tratamiento y la defensa de nuestros intereses, cuando sabemos que no se trata de una cuestión de gobierno ni de partido, sino de Estado.
Nadie sabe lo que se hace, lo que se prepara. Nunca han consultado a nadie y si lo han hecho de nada han servido las opiniones de quienes conocen el tema y sus distintos aspectos. Ahora plantean, con el agua al cuello y con intenciones populistas ocultas, una consulta para decidir qué hacer. Extemporáneo y muy distinto a la consulta popular que hicieron los gobiernos de Belice y Guatemala, en el caso de la Reivindicación territorial, insular y marítima de Guatemala, para tomar la decisión de ir conjuntamente a la Corte a resolver dicha controversia.
Este irresponsable planteamiento de concretarse perjudicará aún más la posición de Venezuela en la Corte que se limita a conocer, como sabemos, la validez/nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión conexa relativa al arreglo definitivo de la controversia entre los dos países.
Por otra parte, el régimen plantea también y de igual manera orquestada, la “asistencia técnica” del CNE a la Junta de Primarias, lo que busca desde luego generar desconfianza en el proceso y desestimular al elector que exige que se garantice su identidad.
Independientemente de la decisión que adopte la Junta, que expresará el consenso entre los precandidatos, lo que es claro es que el proceso primario en curso ha demostrado que en Venezuela hay un liderazgo claro, el de María Corina Machado, que apoya más de 80% de los opositores y según encuestas serias, más de 65% de los venezolanos.
El régimen no engaña a nadie con sus “propuestas”, menos hoy cuando la mayoría de los venezolanos lo rechaza por corrupto, ineficiente y por haber hundido al país en la mayor miseria. El camino hacia la elección de 2024 es largo y estará seguramente lleno de obstáculos que se deberán enfrentar con decisión y unidad para poder lograr el anhelado deseo colectivo de restaurar el orden democrático y la libertad.