Nuestras ciudades latinoamericanas enfrentan un desafío particular, para los próximos años, que no se focaliza solamente en el tamaño y las funciones del servicio público, sino en configurar gobiernos locales (y en algunos casos, estatales o departamentales) que mejoren la oferta de bienes y servicios públicos, con calidad, pero de manera equitativa y eficiente.
Las experiencias internacionales evidencian que, en los países más industrializados, como Estados Unidos, Alemania, Australia y Corea del Sur, el Estado opera como un agente promotor y catalizador del desarrollo. Todos estos países tienen un denominador común: cuentan con burocracias profesionales basadas en el mérito y con sistemas de promoción y desarrollo directivo.
En lo público, suele haber entrecruzamiento entre lo político y lo gerencial, que frecuentemente se convierte en un dilema entre mérito profesional y confianza política. En países como los antes mencionados, ser servidor público es una carrera, que no se limita a una administración, sino que se les da continuidad a sus funciones en el tiempo, bajo un esquema de evaluaciones y desempeño, que garantiza su correcto ejercicio.
Hay experiencias en Latinoamérica, como el caso de Chile y Perú, en donde se han reformado instrumentos jurídicos para implementarse por fases, que se integra con planes de generación de amplios apoyos sociales e institucionales que contemplan a los principales actores involucrados: partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y hasta las universidades, entre otros actores de relevancia. Esto, para propiciar consensos políticos de orden estratégico, que permita contar con un diseño institucional al estilo de agencias gubernamentales desconcentradas o descentralizadas, no burocratizadas, que minimicen la discontinuidad en los ciclos de reforma, que hace que se pierdan capacidades en las áreas de gobierno, en cuanto a la gestión de recursos humanos.
Esto, da pie a implementar modelos meritocráticos en los procesos de selección, que mejoran las carreras de los servidores públicos en ejercicio. En experiencias foráneas a Latam, han recomendado para esta acción, focalizar esfuerzos estratégicos iniciando los procesos de transformación del talento en aras de su profesionalización, con concursos en los niveles de escalafón correspondientes a las coordinaciones operativas de áreas de asistencia legal y técnica y, también presupuestales, donde predominan perfiles profesionales, que simplifican y facilitan la efectiva implementación de los procesos, y de allí ir permeando a las demás áreas. Recomiendan la realización de convocatorias a concursos, dotándolos de mayor legitimidad mediante la conformación de comités técnicos de seguimiento, que involucre a funcionarios políticos en puestos decisorios, gremios y sindicatos mayoritarios, especialistas en políticas públicas y en recursos humanos, a la academia y a ONG que velen por el buen gobierno y la transparencia.
Estas mismas experiencias indican que el diseño del espacio directivo en gobiernos locales debe integrar todo el ciclo gerencial; no solo el componente del ingreso “meritocrático”, a través de la reconstitución de los concursos de oposición y antecedentes. Entendiendo, que los tiempos de administración son cortos y estos procesos suelen superarlos. ¿Podremos llegar a ver en nuestros países, a directivos públicos elegidos mediante concursos de oposición y antecedentes, así como sucede en la Academia? Esta sería una condición necesaria -pero no suficiente- para la institucionalización y profesionalización del espacio directivo, en donde este tipo de funcionarios son responsables tanto civil como penalmente por sus actos administrativos.
La mayor parte de las experiencias recientes en la región, invirtieron recursos y energías en esta dimensión de orden más competitivo, en forma predominante, descuidando otros elementos de relevancia tales como la formación continua, la gestión del desempeño o las remuneraciones acordes a responsabilidades y especialización. Esta situación ha debilitado en el mediano plazo las iniciativas en países como Brasil y Costa Rica, entre otros. Lo cual indica que debe entonces preverse un modelo aún más integral, para que sea exitoso, porque pasar de cero a cien no puede hacerse en una sola vuelta.
Si bien el componente remunerativo requiere una atención especial para este tipo de diseños de reorganización, pues depende de la disponibilidad presupuestal y de la permisión en la ley, lo que busca es que se revise concienzudamente a manera de benchmarking, para evitar casos, que sobre todo se suceden en roles directivos de carácter estratégico, en los que el talento emigra al sector privado por mejores condiciones laborales.
Entonces, debe pensarse en modelos de aplicación en la administración pública que ofrezcan un paquete de desarrollo de incentivos no monetarios, que promuevan la permanencia y prestigio de las instituciones, a manera de cuerpos colegiados profesionales, pero teniendo el cuidado de evitar que se den fenómenos de cuerpos directivos de corte netamente administrativo, o con un alto poder corporativo, con una estabilidad cuasi eterna en cargos ejecutivos, lo cual no es sano ni requerido, porque la flexibilidad también es una herramienta para el éxito de las gestiones. Lo cual nos indica que debe haber equilibrio en el modelo que se construya.
Resulta indispensable dentro de la administración pública contar con una política de gestión integral de los recursos humanos, que contemple de manera consistente los formatos de reclutamiento, capacitación y remuneración de los diferentes estratos organizacionales, incluidos los directivos, apelando a esquemas de certificaciones, mejora continua de aptitudes, entre otras formas, para profesionalizar.
En este orden de ideas, es más que pertinente traer a colación lo que dice el Lic. Gonzalo Diéguez (argentino, maestro en Administración y Políticas Públicas): “Las administraciones públicas diseñadas sobre la base de burocracias profesionales ancladas en el mérito, y bajo la coordinación estratégica de los directivos públicos idóneos, cumplen un rol central para garantizar la institucionalización de ciertas políticas públicas de incidencia crítica en vastos sectores de la sociedad”.
Espero haberles contribuido, ¡hasta la próxima entrega!
Jesús Uzcátegui Miranda (Twitter: @juzcategui29)
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