Innegable la destrucción del mercado laboral en Venezuela, evadiendo el exigente debate económico, tendemos sólo a quejarnos pública e incansablemente respecto a las insuficiencias del salario real frente al asedio constante y macabro de la inflación. Poco sabemos de las cifras de desempleo en un país en el que, muy antes, el solo reconocimiento oficial del 8%, provocaba un escándalo de duras resonancias gremiales y parlamentarias. Y es que hoy, según el canon, no luce fácil precisar la tasa correspondiente, porque no se conoce la cantidad de personas efectivamente ocupadas para dividirla entre el monto total de los ocupantes del territorio nacional, comprendido entre 18 y 65 años de edad.
Las encuestas interesadamente divulgadas, privilegian las candidaturas presidenciales y escasamente revelan una data socialmente sensible de obvio riesgo político, dada la vocación represiva del régimen, además del costo económico que acarrea una metodología más cuidadosa para la recolección, clasificación e interpretación de la información. Parecido a los tiempos de la consabida pandemia, mientras no se supiera el número de las víctimas entre los residentes del edificio, en casa nos creímos la excepción.
La banca privada no cuenta con los viejos esplendores que le concedieron una extraordinaria capacidad empleadora de los más jóvenes, u, otro ejemplo, la industria de la construcción está delimitada a los pocos afortunados que pueden edificar en medio de la devastación urbana, a veces, levantando suspicacias. Al respecto, por lo menos, años atrás, podía denunciarse a los adecos que controlaban los sindicatos de la construcción y la oferta de trabajo, pero –ahora– son los colectivos, logias o entidades de dudosos afanes gremiales, adscritos al gobierno de tan prolongado turno, los que ejercen descaradamente el monopolio aun para la más modesta remodelación que pretenda cualquier hijo de vecina.
La notable profusión de las ventas supuestamente (de)ambulantes de comida chatarra, amparada por un eufemismo que encubre la guerra urbana contra el legítimo comercio formal, convierte a los novísimos emprendedores en campeones de la explotación del esfuerzo ajeno. Demasiado grandes y visibles son los contingentes de subempleados y falsamente empleados de destrezas muy elementales, atendiendo los carros hamburgueseros, por supuestísimo que de precios dolarizados, cuyos propietarios jamás se entienden con una fiscalización ministerial del trabajo o sanitaria, las autoridades tributarias o las del INCES, siendo exclusivos devotos de quienes le otorgaron tan particularísima concesión en los espacios públicos, en la calle que ya no es para andarla.
Debe llamar a Mandrake el perrocalentero que sabe del altísimo costo de una demanda laboral e intuye la respuesta del inspector del trabajo, porque la normativa es absolutamente ornamental, los principios se hicieron para cambiarlos según el gusto del burócrata socialista, y no hay más institución que la consigna por excelencia referida al presidente-obrero. ¿Para qué versar en torno a la seguridad social, las condiciones ambientales de trabajo, o la OIT, teniendo por única fuente del derecho laboral los discursos de Maduro Moros y la asombrosa situación macroeconómica que destila en el ámbito microeconómico?
Los profesionales de la desocupación predominante en el país saben que los más sortarios que consiguen cupo en las nóminas de la administración pública, tienen por esencial actividad la del bullicioso proselitismo asegurado por la bonificación en lugar del salario, y la bolsa de comida en reemplazo de las prestaciones sociales tan devaluadas que es más caro diligenciarlas que cobrarlas, convidados a hacer méritos a través de la delación e, incluso, los actos violentos. La normativa constitucional, legal y reglamentaria, trátese del derecho del trabajo o del administrativo, están integrados a un formalismo estetizante, campeando la tercerización, y ganadas las condiciones requeridas por las zonas económicas especiales que apuntan a una radical flexibilización laboral.
El denominado sistema Patria no tardará en llegar a los predios de la economía privada, porque todo ha de pasar por las manos del Estado. Puede aseverarse que no hay ni habrá nacionalidad si no se porta el tal carnet, no se recibe una bolsa de comida, o un bono del único patrón que existe en el país; esto es el “salario” del silencio y la sumisión de quienes se resignan al desempleo como el oficio por antonomasia.
@Luisbarraganj